Ago 24, 2012
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Los portavoces de los grupos municipales en el Ayuntamiento de La Frontera acusan al Alcalde de La Frontera de vulnerar los derechos de los concejales de la oposición

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Los portavoces de los grupos municipales en el Ayuntamiento de La Frontera, Carlos Andrés Acosta, Partido Socialista (PSOE) y Pedro Luís Casañas, Unión Frontera (UF), acusan al Alcalde de La Frontera de vulnerar los derechos de los concejales de la oposición. Ambos portavoces señalan que desde la alcaldía se incumplen los plazos legales (6 días hábiles) para la entrega de las actas de los plenos, y que sus peticiones no solo caen en saco roto, sino que se les está poniendo todos los obstáculos posibles para la entrega de la documentación, la cual debe ser remitida en tiempo y forma.
Acosta y Casañas señalan que sus peticiones para la remisión del acta de la sesión Ordinaria del 25 de julio (donde se trató de urgencia el tema de las Piscinas Cascadas del Mar) han caído en el olvido, recibiendo por respuesta y excusa un retraso en la redacción, la revisión y firma de la misma. Ante la insistencia de los portavoces para contar con la documentación desde la alcaldía se les informa que deben solicitarla por escrito.
En este sentido se le recuerda al Alcalde que el acceso a las Actas de Sesiones está amparado y legitimado por Ley, no solo para los miembros del Pleno, sino para todos y cada uno de los ciudadanos que así lo estimen oportuno. Que el Alcalde decida poner por última excusa que se solicite por escrito, algo dentro de la legalidad vigente, después de haber alegado otras razones, nos lleva a la conclusión de que, o bien el Acta no ha sido redactada en tiempo y forma, o lo que es aun más grave, que se esté tratando de impedir el acceso a dicha información a los miembros del Pleno Municipal democráticamente elegidos por los ciudadanos de La Frontera cuya principal función es la de fiscalizar la actividad del Grupo de Gobierno.
Se hace necesario recordar al Alcalde la legislación y jurisprudencia en esta materia (artículos 141 y 142 de la Ley 14/1990, de Administraciones Públicas de Canarias y el Art. 56 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local).
Advirtiendo de que persistir en esta actitud nos veremos en la obligación de recurrir a cuantas instancias se estimen oportunas en defensa de nuestros derechos, que son a su vez, los de todos y cada uno de los habitantes de La Frontera en cuanto a las relaciones de normalidad que en todo momento han de regir entre la administración y los ciudadanos.

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