Jul 17, 2012
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Entregan 60.000 firmas contra las “medidas regresivas” en Sanidad

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Amnistía Internacional, Médicos del Mundo y Red Acoge, a través de la asociación Karibu, han entregado este miércoles cerca de 60.000 firmas en las sedes presidenciales de diversas comunidades autónomas, recogidas a nivel estatal, para pedir que “no adopten medidas regresivas en el acceso al derecho a la salud”.

Las tres ONG han llevado a cabo esta acción para protestar contra el Real Decreto Ley 16/2012, que establece la “no renovación de tarjetas sanitarias a inmigrantes en situación administrativa irregular”, a partir del 1 de septiembre, y han alertado de que la medida “podría afectar a la vida y a la salud de miles de personas”.

Por ello, las asociaciones han pedido a las autoridades que garanticen el acceso y disfrute del derecho a la salud de todas las personas “en cumplimiento de sus obligaciones internacionales”, en referencia al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que obliga a los Estados firmantes a “respetar, proteger y cumplir el derecho a la salud sin regresividad y sin discriminación”.

Asimismo, han recordado la importancia de las “advertencias internacionales”, especialmente, la dirigida al Gobierno en mayo por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas que pidieron que la reforma sanitaria adoptada no limitara el acceso de las personas a los servicios de salud, “cualquiera que sea su situación legal”.

Las ONG han advertido de que la medida supondrá “la interrupción de tratamientos y seguimientos” y han alertado sobre las consecuencias “especialmente graves” que tendrá la reforma sanitaria sobre las personas enfermas de tuberculosis o de VIH/sida.

FUTURAS ACCIONES

En declaraciones a Europa Press, el responsable de Relaciones con los Medios de Médicos del Mundo, Guillermo Algar, ha destacado la “labor de vigilancia” que, durante los meses de verano, realizarán las ONG, especialmente en las comunidades autónomas que no se han opuesto a la reforma sanitaria, como la Comunidad de Madrid.

Algar ha explicado que estarán atentos tanto para que las comunidades “no apliquen la discriminación” como para “ver cómo van a dar la atención sanitaria aquellas comunidades que se han opuesto a la medida”, entre las que se encuentran País Vasco, Andalucía, Cataluña, Asturias o la Comunidad Valenciana.

El portavoz ha señalado que durante el mes de septiembre se realizarán “acciones de denuncia con las personas que estén excluidas” así como “se brindará apoyo a “movimientos de objeción”, como el dirigido a los médicos de familia por la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFIG).

OTRAS COMUNIDADES

Las organizaciones han repetido este acto a la misma hora en distintas sedes de diversas CCAA, así ha sido en la Comunidad de Madrid, La Rioja, Asturias, Navarra o Murcia.

En La Rioja los responsables de AI, Pedro Zabala, y de Rioja Acoge, José Ramón Pérez Rojas, han señalado que “las medidas afectarán incluso a todos nosotros y a todo el sistema”, ya que, según han advertido, “se pueden quedar sin tratar enfermedades infecciosas o epidémicas”, además de poderse llegar a “casos de colpasos en Urgencias”.

En Murcia, que según han indicado los organizadores se han conseguido aproximadamente 4.000 firmar, se ha entregado una carta al presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, ha explicado la presidente de la asociación Murcia Acoge, Josefa Hernández.

Desde Amnistía Internacional, su coordinadora en Murcia, Carmen Rico ha subrayado que esta ley “vulnera” el pacto de derechos económicos, sociales y culturales que España tiene ratificado “y tenemos obligación de cumplir”.

En estos actos las organizaciones promotoras también han mostrado su “preocupación por el retroceso en la universalidad del acceso al derecho al acceso a la salud para las personas españolas residentes, garantizado por la Ley General de Salud Pública 33/2011”. La reforma sanitaria, sin realizar mención alguna a esta ley, limita el acceso a la salud a las personas con consideración de “aseguradas y beneficiarios”.

Las organizaciones recuerdan que el principio de universalidad en la atención sanitaria está contenido también en varios Estatutos de Autonomía (Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla y León, Cataluña y País Vasco).

Preocupa también a las organizaciones que “el copago farmacéutico provoque que pensionistas con rentas bajas no puedan afrontar con garantías y en su totalidad sus tratamientos y decidan por tanto suspenderlos”.

Por otra parte, las entidades consideran que “habría sido preferible que el gobierno hubiera promovido un debate informado y una mayor participación social en esta reforma legal, puesto que es una reforma legislativa que afecta a los derechos humanos, entre ellos, la salud y la vida”.

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Nacional

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