El Gobierno Local a través del Alcalde, Primer Teniente Alcalde y de la Concejal de Recursos Humanos han aprovechado un artículo de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 para imponer de forma unilateral y desde la prepotencia una nueva jornada y horario que destruye derechos alcanzados desde hace más de veinte años.

En el día de hoy,miércoles, 11 de julio, a las 13.30 se publica en el tablón de anuncios el Decreto por el que se impone una nueva jornada laboral y horario partido a los empleados públicos del Ayuntamiento de Tacoronte estableciendo que “la eficacia de lo ordenado será inmediata”. Al establecer el horario de tarde para los miércoles impone que este mismo día se empiece a realizar la hora de tarde. Después, con avisos internos la Concejal de Recursos Humanos trata de rectificar estableciendo la jornada de tarde, de esta semana, para el jueves generando un auténtico caos sobre la aplicación de la medida.

Pero el cúmulo de despropósitos no termina ahí, porque desde las 13 horas todos los empleados públicos estaban reunidos en asamblea discutiendo que medidas tomar en caso que se dictara el citado decreto.

Esta forma de actuar desde la improvisación, en forma de castigo por estar en asamblea convocada formalmente y con una redacción dictatorial rompe con cualquier principio de confianza y seguridad jurídica.

Ante estos hechos la asamblea de empleados públicos ha ratificado y firmado el acta con la propuesta de ampliar la jornada pero en horario continuo, ha aprobado la difusión del “Manifiesto contra la imposición de las condiciones de trabajo en el Ayuntamiento de Tacoronte”, asimismo todos los empleados públicos llevarán un lazo negro en el brazo y todos los viernes a las 9:30 horas realizarán una concentración a las puertas del Ayuntamiento de rechazo a estas decisiones. Asimismo se han conformado tres comisiones de trabajo para organizar y desarrollar las medidas del conflicto colectivo.

Este ataque frontal a los empleados públicos supone un retroceso en materia de jornadas y horarios que ataca los principios básicos de la conciliación de la vida laboral con la familiar, al establecer una jornada partida y eliminar en la práctica la jornada flexible. Los problemas que acarrea a los empleados públicos con hijos, con la escolarización, o con personas dependientes son innumerables, pero la falta absoluta de sensibilidad social los lleva a la aplicación arbitraria de medidas injustas.

En la evolución histórica de las relaciones del trabajo siempre ha existido una demanda básica por hacer compatible la jornada laboral con la familiar y el tiempo libre. Ahora parece que se quiere cambiar el curso de la historia y del progreso social alcanzado con muchas luchas en esta materia.

La paz social que presidía la actuación de los empleados públicos y sus representantes basado en el respeto a los convenios y acuerdos colectivos se ha visto violentada por los actuales representantes de la Corporación al implantar medidas que afectan a las condiciones sustanciales del trabajo sin acuerdo y sin notificación a los empleados públicos. Desde hoy les respondemos con la misma moneda y declaramos el cese definitivo de la paz social y la apertura de una etapa de conflicto hasta que se alcance la solución negociada.

Ya estamos hartos de que las medidas restrictivas solo recaigan sobre los empleados públicos (reducción de salarios, ampliación de jornadas,…), cuando vemos que los que dictan y apoyan estas medidas no se aplican su propia medicina.

La modificación y sustitución concreta de un pacto o acuerdo colectivo en virtud de la citada Ley de Presupuesto para el 2012 requiere de un procedimiento que se han saltado desde la improvisación y el autoritarismo, faltando el respeto que se merecen los empleados públicos de esta Corporación.

El Estatuto Básico del Empleado Público ( art. 37.1m) señala que la jornada y el horario han de ser objeto de negociación colectiva. Por tanto, en respeto al derecho constitucional (Art. 37 CE) de la negociación colectiva y a la fuerza vinculante de ésta, conviene recordar que nuestros derechos, están negociados, acordados y publicados y que estamos dispuestos a defenderlos.

Los empleados públicos no hemos generado la situación actual y de la misma no se nos puede hacer responsable a nosotros, sino a los bancos, especuladores financieros, a la patronal y a los políticos cómplices de los mismos.

No se incentiva a los empleados públicos decretándose peores condiciones de trabajo, no se fomenta así el interés por la gestión de lo público. Esta es una errática política de personal de nefastas consecuencias.

Todos estamos dispuestos a realizar de forma eficaz y eficiente nuestra labor, lo hemos estado siempre, pero queremos, en la medida de lo posible, compatibilizarlo con la vida familiar.

El Comité de Empresa y los delegados de personal con el apoyo de los empleados públicos manifestado en reiteradas asambleas, nos comprometemos a luchar, todos, por el restablecimiento del derecho a la negociación colectiva en el Ayuntamiento de Tacoronte, por mejorar la calidad de los servicios públicos que prestamos y a que las medidas que inciden en las condiciones de trabajo se adopten no desde la imposición sino desde el necesario acuerdo.