Jun 29, 2012
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Patrimonio histórico, chatarra y dinero

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Recientemente el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha dictado dos sentencias declarando contrarias a derecho las demoliciones de cuatro viviendas y el consiguiente proyecto de nueva edificación en la calle Santiago, dentro del Conjunto Histórico del Barrio de El Toscal. La lectura de estas resoluciones produce una sensación, por un lado placentera, sabiendo que, a pesar del tiempo transcurrido, la justicia pone a cada uno en su sitio, sobre todo a los responsables que han dirigido la política insular de patrimonio histórico, pero, por otro lado, de cierta impotencia, por los más de cinco años que ha tardado la justicia en declarar ilegal un edificio ya construido. Probablemente esta realidad judicial sea la que explique la estresante dedicación de los últimos responsables insulares de cultura por destruir los conjuntos edificatorios más representativos de nuestras ciudades, tarea que contrasta con la adormilada actitud que les imprimen a las otras facetas de la cultura insular. Hace una decena de años me tropecé de bruces con esta nefasta política insular cuando una bella casa canaria de la calle Candelaria se demolió para transformarla, literalmente, en una fachada de chatarra que sirve de entrada a un parking de un negocio para ludópatas. Investigué el asunto y comprobé como un probo y honrado funcionario propuso una sanción ejemplar a los infractores, pero algún político intermedió y… ¡bingo!, los dueños se salvaron de la sanción. Este simbolismo iniciático de historia, chatarra y dinero me ha acompañado a medida que me adentraba en la política insular de desprotección del patrimonio histórico. Muchos vivimos con temor este triángulo en La Orotava, donde en el emblemático Teatro Atlante (historia) querían sustituirlo por un edifico (chatarra) en pleno conjunto histórico de la villa que superaba en un mil por ciento el volumen de edificación de la zona. Afortunadamente, la unidad de los colectivos sociales y los partidos de izquierda del municipio y la inestimable ayuda de profesores universitarios y arquitectos rompieron aquella geometría y lograron salvarnos del expolio programado, muy a pesar de los responsables políticos que maniobraron sus resoluciones y acuerdos con la misma habilidad con que los trileros (dinero) confunden a sus inocentes clientes. Esa dedicación extenuante de los responsables políticos insulares fue nefasta para los edificios de la calle Santiago y, lo que es más grave, continúa a pleno ritmo en otras partes de Santa Cruz, imprimiendo en nuestra ciudad las huellas de una época: destruir nuestra historia a cambio de chatarra y dinero.

*Pedro Fernández Arcila. Concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

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Opinión

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