May 22, 2012
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La Audiencia Provincial archiva la denuncia de AxG contra la Oficina de Urbanismo de Güímar

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La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha archivado y deja sin efecto la demanda presentada en 2004 por Alternativa por Güímar (AxG) contra los componentes de la Oficina de Urbanismo del Ayuntamiento de Güímar, que en aquel momento estaba integrada por el ahora exconcejal de Urbanismo, Javier Mederos y actual portavoz de Coalición Canaria (CC) en la corporación municipal, la jefa del área de Urbanismo y Obras, Margarita Álamo, el exsecretario de la corporación, Domingo Hernández Hernández, y el arquitecto y aparejador municipal, Juan Luis Brito Sanfiel y Alfonso Meseguer González, respectivamente.

Este auto judicial, del pasado nueve de mayo de 2012, informa CC en una nota, ordena el sobreseimiento y archiva las diligencias que les imputaba un presunto delito de prevaricación urbanística que el propio Tribunal, después de estudiar las pruebas, no vislumbra como un hecho delictivo ya que «no observaron anomalía alguna».

Esta acusación interpuesta por los militantes de AxG se produjo por el otorgamiento de una licencia de obra de fecha 9 de diciembre de 2004 para la construcción de un inmueble en la calle Tomás Baulén y Ponte en el barrio de Chacona de este municipio, de acuerdo a las normas subsidiarias de planeamiento del año 1984 y cuyos demandantes estimaron que iba en contra del nuevo Plan General de Ordenación (PGO) que entraría en vigor el 7 de agosto de 2005, o sea, casi nueve meses después de haber sido concedida la licencia denunciada.

Esta misma denuncia ya fue archivada anteriormente, pero los mismos denunciantes, al no estar de acuerdo con la decisión de la justicia, se personaron nuevamente en otro juzgado y la volvieron a formular, resolviéndose ahora igual que la vez anterior.

Para el Tribunal, el PGO entró en vigor una vez fue publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) y sus normas urbanísticas en el de la Provincia (BOP), hecho ocurrido en agosto de 2005, es decir, después de haberse otorgado la licencia, por lo que no aprecia ningún acto constitutivo de delito por parte, del por aquel entonces primer teniente de alcalde, Javier Mederos y demás personas implicadas.

Para Coalición Canaria Güímar, esta resolución viene a probar que Javier Mederos actuó de forma «correcta» y con ajuste a la ley. Por ello, se congratula que el nombre de su portavoz y concejal haya quedado «limpio» y pide ahora a los que «intentaron arruinar» su vida personal y carrera política que «reflexionen» y rectifiquen el daño causado una vez demostrada la falsedad de las acusaciones hacia una persona «honesta y honrada».

«TRIQUIÑUELA POLÍTICA»

Por su parte, Javier Mederos afirma que «esta denuncia fue una triquiñuela política con la intención de arañar un puñado de votos a costa de lo que fuera, y que a la postre no les sirvió para nada».

El edil anuncia también que solicitará al pleno del Ayuntamiento de Güímar, mediante moción, que los que formularon la demanda sean los que asuman los costes de abogados que ha tenido que soportar el Consistorio, basándose en el decreto que establecía que la defensa jurídica sería costeada por el concejal en caso de que la sentencia hubiera sido favorable a los demandantes.

Asimismo, el líder de CC en Güímar estudia, junto a su abogado, emprender acciones legales para pedir responsabilidades a Francisco Hernández Armas y Matías Lugo Reyes –demandantes– por el perjuicio provocado durante estos últimos ocho años al atentar injustamente contra su honorabilidad.

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Tenerife

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