May 16, 2012
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Los tribunales de justicia de Canarias tardan más de un año en resolver el 80% de los pleitos entre empresas

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Los conflictos mercantiles que han desembocado en los tribunales de Canarias han crecido en un año más de 46% y el incremento de la morosidad y el incumplimiento de contratos está desbordando aún más a la administración de justicia, que en 2011 recibió 41.445 nuevos asuntos civiles y mercantiles, de los que de 33.650 todavía están pendientes de sentencia, de manera que la resolución de más del 80 por ciento de los pleitos entre pymes se demora, como mínimo, un año.

Éstos son algunos de los datos aportados este miércoles durante celebración del I Foro de Mediación y Arbitraje. Resolución de conflictos mercantiles fuera de los tribunales. A pesar del colapso de la Justicia, apenas un 1 por ciento de los empresarios de las islas acuden a estas vías para resolver sus disputas, tal y como comentó la vicepresidenta de la Cámara de Comercio, Ángeles Palmero, durante la apertura del foro.

Organizado por la Cámara con el respaldo del Gobierno de Canarias, la Asociación Europea de Arbitraje y el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, la inauguración de esta jornada también contó con la presencia del viceconsejero de Justicia y del director general de Promoción Económica del Ejecutivo regional, Pedro Herrera Puente y Laureano Pérez Rodríguez, respectivamente, y el vicedecano del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Parodi Pascua.

En el Foro, que contó con la asistencia de 200 empresarios y profesionales, se pudieron también escuchar las exposiciones del secretario general de la citada asociación, Javier Íscar de Hoyos, y el socio director del Centro Europeo para la Resolución Eficaz de Conflictos, Paulino Fajardo, y de Rafael García del Poyo, considerado, hoy por hoy, uno de los mejores árbitros españoles en materias de Derecho de la Propiedad Intelectual y de las Nuevas Tecnologías.

Durante su intervención, la vicepresidenta de la Cámara de Comercio comentó que «en muchas ocasiones, la situación económica está impidiendo que los empresarios puedan hacer frente a sus compromisos con proveedores y clientes, un panorama al que se suma, además, la fuerte restricción crediticia que está ahogando a muchos negocios». Añadió, además, que «es lógico que cuando el dinero no fluye, los conflictos entre empresas se disparen».

Esta situación empuja a los promotores de negocio a acudir a los tribunales ante «el desconocimiento que tienen de vías alternativas el Arbitraje y la Mediación», según destaca Paulino Fajardo, abogado y miembro destacado de la institución europea más importante en el ámbito de la mediación internacional como es el Centro Europeo para la Resolución Eficaz de Conflictos.

Entre las ventajas que expuso durante su conferencia, Fajardo destacó que la mediación evita la erosión de la relación entre empresas, ya que no hay imposición, sino acuerdo voluntario y pactado entre las partes. Asimismo, llamó la atención sobre la confidencialidad del proceso, frente al carácter público de las resoluciones de los juzgados y el control de las decisiones que tienen los empresarios en todo el proceso de negociación y de la decisión que se adopte.

FOMENTO DE LA NEGOCIACIÓN Y EL ACUERDO

Las Cortes Generales del Estado acaban de aprobar un Real Decreto de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles, que se enmarca en el Plan de Modernización de la Justicia 2009-2012. Este decreto no solo representa un importante impulso normativo para aliviar de carga de trabajo a juzgados y tribunales, sino también «una oportunidad para resolver de una forma rápida y económica los conflictos entre las pymes, que antes se demoraban años en los juzgados y condicionaban sus cuentas de resultados, cuando no derivaban en el propio cierre del negocio», según explicó el viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias.

Asimismo, Pedro Herrera Puente señaló la importante apuesta que en estos momentos está realizando el área de justicia del Gobierno de Canarias por difundir el conocimiento de estos sistemas no sólo en el ámbito de lo mercantil, sino también en otras áreas como el ámbito socioeducativo y el penal.

Precisamente, la reforma de la propia administración de justicia va a favorecer la implantación de la mediación y el arbitraje, ya que en estos momentos «hay plateado un incremento generalizado de las tasas en segundo instancia de entre 50 y 700 euros, la reducción hasta 190 de los ahora 431 partidos judiciales y una disminución cercana al 7% del presupuesto en Justicia», tal y como explicó la responsable de los Servicios Jurídicos de la Cámara, Noemí Brito.

EL PLEITO: AUTOFINANCIACIÓN A LOS MOROSOS

Por otra parte, el secretario General de la Asociación Europea de Arbitraje, Javier Íscar de Hoyos, fue el encargado de abordar en su conferencia las ventajas y el funcionamiento general de este sistema de resolución de disputas empresariales. En este sentido, explicó el ahorro de costes y de tiempo que supone el uso de estos sistemas poco conocidos y aplicados por los empresarios canarios.

Íscar de Hoyos explicó que el arbitraje lejos de estar dirigido exclusivamente a resolver los conflictos entre grandes corporaciones y de carácter internacional, es una fórmula dirigida al «al amplísimo espectro empresarial, sin importar el tamaño de la empresa ni la cuantía del problema, porque para una PYME su problema de 10.000 o 150.000 euros es igual de importante que para una gran empresa un problema de 60 millones de euros».

Abogó por incluir una cláusula arbitral en los contratos mercantiles «ya que hace de medicina preventiva y reduce los conflictos. El posible incumplidor sabe que no tiene de aliada la demora judicial». Asimismo, indicó que «el pleito judicial está siendo intencionada e injustificadamente utilizado como una forma de autofinanciación del moroso, y las pymes quieren cobran sus bienes o servicios, no financiar al incumplidor».

En esta línea, el secretario General de la Asociación Europea de Arbitraje dijo que este sistema minimiza las consecuencias económicas de una controversia al solucionarse mediante un laudo en un plazo medio de cuatro meses, comparado con los 19 meses de media que supone acudir al juzgado.

En cuanto a las pymes y autónomos, destacan el sector de la construcción, los arbitrajes para solucionar los problemas derivados de contratos de software, nuevas tecnologías, reclamaciones de cantidad por defectos en un producto o servicio deficiente, temas de transporte y servicios, etc.

Los conflictos entre las empresas en el ámbito de las tecnologías de la información cobraron también una especial importancia en este foro con la intervención de Rafael García del Poyo considerado, hoy por hoy, uno de los mejores árbitros españoles en materias de Derecho de la Propiedad Intelectual y de las Nuevas Tecnologías. De hecho, forma parte de la Junta Arbitral Nacional de Consumo, así como de Comisión Jurídica de la Asociación Española de Comercio Electrónico.

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Canarias

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