Abr 20, 2012
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El Gobierno da luz verde a la desfinanciación de algunos fármacos

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El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Real Decreto ley de reformas para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) que, además de incorporar la reforma del copago farmacéutico para los ciudadanos, también incluye la desfinanciación de medicamentos con «menor valor terapéutico» y la obligación de que los laboratorios farmacéuticos modifiquen «de una vez por todas» los envases de las medicinas para ajustarlos a la duración de los tratamientos.

Así lo ha anunciado la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha advertido que «todos tenemos que colaborar con los que lo están pasando peor», al tiempo que ha pedido a la industria farmacéutica un esfuerzo «igual que se le pide a los ciudadanos».

Con este paquete de medidas, que ya recibió el visto bueno de las comunidades en el Consejo Interterritorial de esta semana, se pretende conseguir un ahorro total de más de 7.000 millones de euros «no sólo para salir de esta crisis, sino para garantizar nuestro sistema en el futuro».

SE DEJARÁN DE FINANCIAR ALGUNOS FÁRMACOS

El principal ahorro de este paquete de medidas se conseguirá en materia farmacéutica, donde se prevé un ahorro estimado de 3.550 millones de euros.

Entre las novedades, se incluye un nuevo sistema de actualización del ‘Nomenclator’ que permitirá «sacar del sistema de financiación pública» algunos medicamentos, aunque la ministra ha precisado que esta desfinanciación «no será en función de su precio, sino de su eficacia terapéutica o porque estén obsoletos».

«Muy a menudo se incorporan nuevos medicamentos que dejan obsoletos a los anteriores y tienen mejor eficacia, y lo que se hace es sacar del sistema de financiación pública aquellos que tienen menor valor terapéutico», ha explicado.

Por otro lado, también se establece que los laboratorios deberán adecuar el número de pastillas de los envases de medicamentos a la duración de los tratamientos, una medida que ya trató de impulsar el anterior Gobierno socialista y que ahora ha retomado Mato alegando a que se trata de una «demanda social muy reclamada».

El objetivo, ha explicado Mato, es que «si una persona tiene una enfermedad y el tratamiento de ésta dura siete días, que el envase tenga las unidades necesarias para los siete días de tratamiento, ni más ni menos».

Igualmente, en los tratamientos crónicos, pedirán a los fabricantes que los envases sean superiores, de modo que «si antes tenían 50 unidades ahora dispongan de 100». «No es necesario comprar de 20 en 20 cuando se puede comprar de 10 en 10», ha reconocido Mato.

La norma también incluye un plan para impulsar los medicamentos genéricos, con «nuevas medidas sobre precios de referencia y precio seleccionado que, sin duda, bajarán el precio de los medicamentos».

PARADOS Y PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS, NO PAGARÁN SUS MEDICINAS

La ministra ha insistido en que el nuevo copago farmacéutico es «justo» y «equitativo» ya que se ha tenido en cuenta la edad y la renta de los ciudadanos, partiendo de la base de que «todos ya colaboramos a través de nuestros impuestos en la financiación de nuestra sanidad».

De este modo, con este nuevo modelo los parados sin prestación dejarán de pagar por sus medicinas con receta, así como las personas con pensiones no contributivas o renta de reinserción. No será el caso del resto de pensionistas, que a partir de ahora pagarán un 10 por ciento del precio de sus medicamentos.

No obstante, aquellos que no tengan obligación de hacer la declaración de la renta (el 90 por 100 del total) no pagarán más de 8 euros al mes, un límite que para los pensionistas que sí hagan la declaración de la renta será de 18 euros mensuales, mientras que para quienes superen los 100.000 euros anuales el tope estará en los 60 euros mensuales.

En el caso de los trabajadores activos, se acaba con el 40 por ciento generalizado que se pagaba hasta ahora y se establecen diferentes porcentajes de copago en función de la renta.

Así, aquellos trabajadores que no tienen obligación de hacer la declaración y miembros de familias numerosas seguirán pagando este mismo porcentaje (40%), mientras que en aquellos que sí la tengan que hacer, la aportación será de un 50 por ciento.

Al igual que con las pensiones, también existe una categoría para rentas altas, iguales o superiores a los 100.000 euros anuales, que en este caso pasarán a pagar un 60 por ciento.

COORDINAR LAS CARTERAS DE SERVICIOS DE LAS CCAA

Por otro lado, la reforma sienta las bases para establecer, con criterios de igualdad, calidad, eficacia y eficiencia, una cartera de servicios común para todas las comunidades y la implantación de la ‘e-salud’, con la que se prevé un ahorro mínimo de 700 millones de euros.

El objetivo es crear una cartera básica común de asistencia sanitaria para que los ciudadanos tengan derecho a los mismos servicios básicos «con independencia de la comunidad donde residan».

Asimismo, habrá una cartera suplementaria de servicios en la que estarán las prestaciones que se hacen de manera ambulatoria o se prestan por terceros, tales como productos dietoterápicos, a la ortoprótesis y al transporte no urgente, donde la participación de los usuarios era diferente según la comunidad. «Ahora conseguiremos que en todas las comunidades tengan la misma participación».

Igualmente, se va a crear una Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías y Prestaciones Sanitarias, que tendrán un formato similar al NICE británico y evaluará «continuamente» las prestaciones sanitarias «de una manera imparcial y objetiva».

Esta medida se complementa con la introducción de las nuevas tecnologías en el sistema sanitario, la llamada ‘eSalud’, lo que permitirá implantar la tarjeta sanitaria común compatible para todas las comunidades y la historia clínica digital, para reducir las visitas y pruebas médicas innecesarias.

COMPRA CONJUNTA PARA TODO

Asimismo, la reforma también establece la creación de una Plataforma de Compras Centralizada para que las comunidades compren de forma conjunta medicamentos hospitalarios y tecnología médica, como ya se hace con la vacuna de la gripe, con la que se generará un ahorro mínimo de 1.000 y 1.500 millones de euros.

El paquete de medidas también incluye la elaboración de un catálogo homogéneo de categorías profesionales donde se establezcan equivalencias del desarrollo profesional del personal sanitario, para facilitar la movilidad e estos profesionales entre los servicios de salud. El ahorro de esta medida será de unos 500 millones de euros.

Por último, la reforma incluye mecanismos para que el sector de la Sanidad y el de los Servicios Sociales funcionen de manera coordinada, y así se aprovechen los recursos de forma ordenada. De este modo, por ejemplo, se garantizará que se recibe la atención adecuada en una residencia de mayores cuando no es necesario el uso de una cama hospitalaria. Con este sistema se ahorraría en torno a 600 millones de euros.

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Nacional

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