Abr 17, 2012
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El Gobierno canario estima en unos 3.500 los profesores que podrían verse perjudicados con el recorte de Educación

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El vicepresidente del Gobierno de Canarias, José Miguel Pérez, ha estimado en unos 3.500 los profesores que podrían verse perjudicados en el archipiélago con el recorte anunciado en la conferencia sectorial de Educación.

Pérez acusó al Gobierno de Mariano Rajoy de «imponer» las medidas que se conocerán, previsiblemente, en un Real Decreto que se publicará el próximo viernes, 20 de abril, y también puso en duda que en dicho Real Decreto podrían exponerse otras acciones de las que no se informaran en el día de ayer.

En cuanto a los profesores que se verían afectados con el recorte, unos 3.500, de ellos alrededor de 1.000 serían en Primaria; unos 1.500 en Secundaria; y entre 250 y 500 en Bachillerato. Esta acción que previsiblemente se hace para que el Ministerio realice un ajuste de unos 3.000 millones de euros (en Canarias sería del 4,5% del total), según Pérez «no va a tener el efecto» en lo que queda de año, por lo que consideró que se trata de «imponer un modelo educativo».

Añadió que junto a esta medida, otra de las que afectará en el «retroceso» del sistema educativo de Canarias será el incremento del ratio de alumnos, ya que en Primaria se prevé que el número de alumnado aumente por clase entre 20 y 25 más; mientras que en Secundaria sería de entre 25 a 36 estudiantes más; y en Bachillerato se podrían alcanzar los 42 alumnos por clase.

Otra de las acciones, la relacionada con el incremento de horas lectivas, Pérez advirtió de que se hace «a costa» de lesionar el «derecho de los alumnos» a tener tutorías, de ahí que consideró que se trata de una medida, «como muy bien dice, el Ministerio va en contra de la calidad educativa».

El también consejero de Educación incidió en que estas acciones «va en contra» de la equidad educativa, a la par de que «no se consigue mejorar la calidad» en el sistema, ya que «no se logran» los objetivos previstos.

Respecto a los modelos de la Formación Profesional, que también se verán afectados, Pérez recordó que actualmente hay implantados en el archipiélago 79 grupos con prestaciones de estos módulos de 2.000 horas, y para los próximos dos cursos se iban a incrementar, pero ahora proponen «eliminarlos».

En relación a las sustituciones, y a la propuesta de no cubrirlas hasta pasar 10 días, Pérez dijo que el Gobierno canario «se compromete a mantener» el sistema que llevan a cabo actualmente, de tal forma que en bajas de larga duración, las sustituciones tardan unos dos días.

Y es que Pérez aseguró que el Ejecutivo autonómico «no se va a cargar» los módulos que ya tiene publicados, al igual que intentarán mantener su sistema de sustituciones.

RESISTENCIA

Pérez incidió en que el Gobierno canario mientras dependa de ellos y no les obligue la ley «aguantarán», de tal forma que asegura que será respetuoso con la normativa pero donde «no haya obligación» por ley se resistirán para conseguir los objetivos que se propuso el Ejecutivo autonómico al iniciar la legislatura.

De todos modos, avisó de que el Gobierno central cuenta con «una doble arma», que son los presupuestos, de tal forma que si no llegan partidas no se podrán cubrir ciertos aspectos.

Otro de los aspectos que resaltó es que se están proponiendo ciertas cuestiones, relacionadas con competencias, sobre las que existe «ciertas dudas» de que dependan del Ministerio para eliminarlas o recortarlas, de ahí que advirtió de que si una vez se publique el Real Decreto en este hay medidas que afectan a competencias de las comunidades y no del Ministerio, se interpondría recurso de inconstitucionalidad.

Por otro lado, en cuanto a los gastos para sufragar los recursos humanos, expuso que Canarias se encuentra «a la cola» en el número medio de profesores por cada número de alumnos.

De esta forma, apuntó que Canarias está «a 3.000 profesores de distancia de la media» por cada 270.000 alumnos; lo que en partidas económicas implica que el archipiélago tenga un diferencial, a la baja, de «más de 130 millones de euros en coste de profesores» con la media por cada 270.000 alumnos.

Pérez también incidió en la necesidad de un pacto educativo para conseguir los objetivos pactados pero que con estas medidas «están poniendo muy difícil» alcanzarlos. De todos modos, no consideró que sea la hora de hacer un «frente común» de enfrentamiento sino que apeló a la necesidad de un acuerdo educativo con todas las partes implicadas porque «estos pasos atrás no sirven para nada».

En este sentido, recordó que la Unión Europea (UE) ya planteó al Gobierno central que no recortara en educación, y se cuestionó por qué en unos temas si se hace lo que dicta la UE, mientras que en otros no.

Pérez criticó que el Gobierno central «ha roto las formas» porque no ha habido ni reuniones ni acuerdos previos para consensuar medidas «salvo» los encuentros con las comunidades gobernadas por el PP, que dijo comienza a ser una «costumbre» en el equipo de Mariano Rajoy.

Finalmente, señaló que se está produciendo un «auténtico expolio» de los derechos y servicios básicos, siendo medidas que van en la línea de que «se lo pague quien pueda».

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Canarias · Educación

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