Mar 26, 2012
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El desarrollo de los servicios sociales en toda España es débil

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El nivel de desarrollo de los servicios sociales en toda España es débil y las cuatro comunidades autónomas que se encuentran en mejor situación no llegan al notable, según el Índice DEC (derechos, economía y cobertura), la primera evaluación que se realiza al respecto y que ha elaborado la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

El Índice evalúa la situación de los servicios sociales en cada comunidad puntuando la relevancia económica que se les concede (3 puntos), el panorama en materia de derechos y de decisión política (2 puntos) y el grado de cobertura a la ciudadanía (5 puntos). La clasificación por niveles va de “irrelevante” a “excelente” y depende no sólo del número de puntos que obtenga la región en total, sino del aprobado o suspenso en cada una de las áreas analizadas.

La conclusión es que en una escala de cero a diez, el país se encuentra en un 4,70, es decir, un nivel de desarrollo “débil” que el informe atribuye “al tradicional atraso que viene arrastrando en esta materia”, al haberse incorporado “tardíamente” a prácticas de bienestar que los países vecinos “llevaban décadas practicando”.

Ninguna comunidad alcanza un nivel de desarrollo excelente, ni tampoco alto o medio alto. Las comunidades con un mayor desarrollo (Castilla y León, País Vasco, La Rioja y Navarra) “sólo” alcanzan la calificación de ‘medio’, mientras que otras cuatro (Murcia, Madrid, Canarias y Comunidad Valenciana) exhiben un nivel ‘irrelevante’, conforme explica el Índice DEC.

“Un dato es cierto, los esfuerzos son distintos, incluso muy distintos. La inexistencia de una norma de carácter estatal ha provocado esta realidad”, señala la asociación, para incidir en que esta “extraordinaria disparidad” puede “violar” el principio de igualdad consagrado en la Constitución.

En concreto, la puntuación más alta de España la recoge Castilla y León, con un 6,90 sobre 10. En este nivel “medio” le acompañan País Vasco (6,70), La Rioja (6,70) y Navarra (6,55). Le siguen en el tramo “medio bajo” Cataluña y Castilla-La Mancha (5,90), Asturias (5,50), Aragón (5,35) y Cantabria (5,20).

MURCIA, MADRID, CANARIAS Y COMUNIDAD VALENCIANA, FURGÓN DE COLA

En un nivel de desarrollo “débil” están los servicios sociales de Galicia (5,1), Andalucía (4,6), Extremadura (4,20) y Baleares (2,9) y, muy por debajo de la media, se encuentran los “irrelevantes” servicios que ofrecen Murcia (3,6), Madrid (2,5), Canarias (1,8) y la Comunidad Valenciana (0,8).

El caso de Murcia es paradójico, pues si bien supera en puntuación a comunidades en el nivel “medio” como Baleares, los expertos la sitúan en el tramo de desarrollo “irrelevante” porque si bien obtiene buena puntuación en materia económica (el gasto por habitante son 230,7 euros, destina el 1,24% de su PIB y el 7,16% de todo lo que gasta) suspende en el resto de indicadores, ya que no tiene ni normativa ni planificación de Servicios Sociales, y presenta carencias en la cobertura de servicios como plazas para mayores de 65 o asistencia domiciliaria, según los expertos.

Sobre Madrid, que ocupa el puesto 15 en el ranking, el estudio explica que en materia de derechos y decisión política, “evidencia la falta de un marco normativo que garantice derechos ciudadanos en materia de Servicios Sociales” ni cuenta con un catálogo de servicios. Su relevancia económica es “claramente deficiente”, con un gasto medio por habitante de 207,4 euros frente a los 280 de la media nacional y un 0,71 por ciento del PIB destinado a servicios sociales, cuando en el conjunto del Estado es del 1,25%.

Respecto a Canarias, en el puesto 16, carece de instrumentos de planificación y ordenación del sector “y no ha sido capaz” de integrar la dependencia en los servicios sociales. Además, su gasto por habitante es de 155,7 euros, destina el 0,8% de su PIB y el 4,15% del total del gasto, y presenta “déficits” de cobertura a los ciudadanos como en protección de la dependencia, rentas mínimas de inserción o discapacidad, entre otras.

En cuanto a la Comunidad Valenciana, que ocupa la última posición, también adolece de marco normativo y, en materia económica, su gasto por habitante es de 129,6 euros, destinando un 0,65% del PIB y un 4,28 por ciento respecto del total del gasto de su gobierno regional, frente al 6,93 por ciento de la media estatal. Además, ofrece un trabajador social por cada 6.537 habitantes, frente a los 3.858 de media estatal y su cobertura de la dependencia “sólo alcanza al

0,86% de su población” (1,59% en todo el país).

MÁS SERVICIOS NO SIGNIFICA MÁS DÉFICIT

El Índice destaca que las comunidades con un mayor desarrollo en sus servicios sociales “no son aquellas que muestran un mayor déficit en sus presupuestos”, lo que a juicio de los expertos, “desmonta cualquier intento” de achacar al gasto en estas partidas la situación de las cuentas públicas.

Asimismo, el estudio concluye que el desarrollo de los servicios sociales no sólo tiene que ver con este esfuerzo económico, sino con la eficiencia en la organización y gestión y en la proyección estratégica de las políticas. En este sentido, destaca que la implicación de las entidades locales es uno de los rasgos comunes a las comunidades con mayor desarrollo, mientras que, por el contrario, “la falta de protagonismo local” es denominador común en las que presentan peores resultados.

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Nacional

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