Mar 21, 2012
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El fiscal rechaza imputar a Bush por torturas en Guantánamo

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La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha rechazado la imputación del expresidente de Estados Unidos George W. Bush y otros cinco exaltos cargos de la Administración estadounidense en la causa en la que se investigan las torturas que cuatro presos habrían sufrido en la prisión de Guantánamo entre los años 2002 y 2005, al considerar que «en este momento la investigación no ha aportado los elementos necesarios para poder identificar a los presuntos responsables de las lesiones sufridas por los querellantes».

Así consta en escrito que el fiscal Pedro Martínez Torrijos remitió el pasado martes al juez Pablo Ruz en respuesta a un auto dictado el pasado 13 de enero en el que el magistrado reactivaba la causa y preguntaba si debía imputar por estos hechos al expresidente estadounidense; su vicepresidente, Dick Chenney; el exsecretario de Defensa Donald Rumsfeld; el generel Michael Lehner, jefe de la base militar de Guantánamo; el general Geoffrey Miller, responsable de las operaciones conjuntas de detención e inteligencia; y el exdirector de la CIA George Tenet.

El escrito del Ministerio Público señala que la propia resolución del juez Ruz «excluye a los destinatarios de la querella formulada por la representación de Lahcen Ikassrien», el marroquí con arraigo en España que denunció los hechos junto a Hamed Abderraman Ahmed, el denominado ‘talibán español’; el palestino Jamil Adullatif El Banna; y el libio Omar Deghayes. «Por tanto, no puede concretarse la imputación a personas cuya identidad se conozca en virtud de documentos validamente aportados a la causa», señala el fiscal.

Ruz reafirmó la competencia de la Audiencia Nacional para investigar estos hechos por el «vínculo de conexión relevante con España» de las víctimas y por la «falta absoluta de respuesta» en las dos comisiones rogatorias que cursó a las autoridades de Estados Unidos y Reino Unido preguntándoles si estaba persiguiendo estos hechos.

RECHAZA LA DECLARACIÓN DE DOS ABOGADOS

El fiscal también considera que «no es procedente» que se tome declaración testifical a Gitanjali S. Gutiérrez y Pardiss Kebriaei, abogados del también preso Muhammed Khan Tumani, tal y como solicitó la Asociación Pro Dignidad de los Presos y Presas de España, porque su testimonio no aportaría «una apreciación directa de los hechos» sino que se remitiría a «la información que su cliente les haya referido». No obstante, adopta esta decisión sin perjuicio de que pudieran aportar «otros datos de interés para la investigación cuya fuente probatoria tuviera origen en su propio conocimiento».

En relación con la documentación sobre el trato que tuvieron los cuatro presos que obraría en poder del diario ‘El País’, señala que esta prueba se encuentra «huérfana de ratificación procesal por cualquier de los medios procesales admitidos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM)», por lo que «carece de virtualidad probatoria». Ruz preguntó por «la procedencia de tal documentación, así como la constancia que exista sobre su carácter oficial, autenticidad y origen».

Finalmente, la Fiscalía «no se opone» a la personación en la causa como acusación particular solicitada por el Centro Europeo para los Derechos Humanos y Constitucionales (ECCHR) y el Centro para los Derechos Constitucionales de Nueva York (CCR), una vez que han presentado el poder de los perjudicados por el delito.

En su auto Ruz también acordaba que Ahmed e Ikassrien fueran sometidos a sendos exámenes médicos forenses para dictaminar «la existencia de lesiones o secuelas» derivadas de los hechos investigados y que les hayan supuesto «sufrimientos físicos o mentales, la supresión o disminución de sus facultades de conocimiento, discernimiento o decisión, o cualquier otra lesión contra su integridad moral».

De igual modo, acordaba tomar declaración a los brigadieres generales del Ejército norteamericano Jay W. Hood, Mitchel R. Leclaire y James T. Payne III, que comparecerían en calidad de testigos y no de imputados, y reiteraba las comisiones rogatorias cursadas a Estados Unidos y Reino Unido.

INVESTIGACIÓN DE GARZÓN

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional avaló esta investigación el 25 de febrero de 2011, cuando el Pleno respaldó, en contra del criterio del fiscal, un auto dictado en octubre de 2009 por el juez Baltasar Garzón en el que admitía a trámite la querella presentada por la defensa de Ikassrien.

El fiscal Vicente González Mota recurrió la apertura del procedimiento al entender que los hechos no se ajustaban a los supuestos contemplados en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que fijan las competencias de la Audiencia Nacional.

Este mismo órgano confirmó el pasado 13 de marzo la decisión del juez Eloy Velasco de archivar la causa abierta contra seis altos cargos de la Administración Bush por sentar las bases legales para la creación de la prisión de Guantánamo, al considerar que Estados Unidos está desarrollando una investigación eficiente.

En este caso la acción penal se dirigía contra el consejero general del vicepresidente Dick Cheney, David Addington; el asistente del fiscal general Jay S. Bybee; el subsecretario de Defensa para Asuntos Legales, Douglas Feith, el consejero general de la Oficina del secretariado de Defensa William J. Haynes; el segundo asistente del fiscal general John Yoo y el consejero de Bush Alberto R. Gonzáles.

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Europa

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