Mar 14, 2012
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Rivero (Justicia y Sociedad): “La aprobación del PGO de Santa Cruz este 30 de marzo es toda una desviación de poder y un nuevo fraude”

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SB-Noticias.- José Manuel Rivero, miembro de Justicia y Sociedad, en declaraciones a La Trapera de Radio San Borondón dio la razón a Felipe Campos en la polémica suscitada en torno al PGO en las últimas horas tras la rueda de prensa del grupo de Gobierno llevada a cabo el pasado lunes para anunciar la aprobación del documento el próximo 30 de marzo, ya que no le cabe la menor duda de que el planeamiento que se llevará al pleno es el de Miguel Zerolo.
Según Rivero, la argumentación jurídica de Felipe Campos para denunciar que el PGO que se quiere aprobar a finales de mes es el de los pelotazos y el fuera de ordenación creado por Miguel Zerolo es magnífica para descalificar y tirar abajo este nuevo montaje que ha aflorado en los últimos días.

Hablamos desde su punto de vista de un PGO injusto y expoliador creado por el ex alcalde de Santa Cruz de Tenerife para beneficiar a los grandes empresarios de la construcción de Tenerife a costa de saquear el patrimonio de cerca de 100.000 ciudadanos a los que deja fuera de ordenación, de modo que su aprobación el 30 de marzo es toda una desviación de poder, un nuevo fraude al conjunto de la sociedad chicharrera y al propio pleno municipal que recientemente aprobó por unanimidad el rehacer el documento eliminando pelotazos y resolviendo el fuera de ordenación.

El abogado indica que la Plataforma contra el PGO de Santa Cruz tiene toda la razón del mundo a la hora de denunciar que el Plan que se quiere aprobar es el de Miguel Zerolo, el mismo que contiene multitud de ilegalidades que benefician entre otros a Antonio Plasencia, quien en recientes declaraciones ha mostrado un desprecio total a la clase política, especialmente a José Ángel Martín. En este sentido, pide a José Ángel Martín, concejal de Urbanismo de Santa Cruz, que no se convierta en un traidor prestándose a la aprobación del ilegal PGO “porque Roma no paga a traidores”.

Con respecto a los argumentos jurídicos, dijo que cuando el PGO está en la actual fase del procedimiento, nadie se puede sacar de la manga nuevas fases que no están previstas en la Ley porque se pueden incurrir en graves responsabilidades, sin estar refiriéndose a las infracciones administrativas, puesto que quien inventa un procedimiento o fases de él que no está previsto en la Ley puede incurrir en una infracción penal, al tiempo que añade que cuando se toma una decisión de una especial trascendencia como es someter a un pleno un documento del que se desprende cierta componenda con la COTMAC para darle el visto bueno al documento es una clara vulneración de la Ley, porque lo que tiene previsto la legislación no es la creación de una fase de un procedimiento como la que pretenden CC-PSOE, puesto que se trata de una decisión de especial trascendencia como es el que se tenga apalabrado extraprocesalmente como es dejar sin efecto una parte del PGO tal y como han explicado Bermúdez y Martín.

José Manuel Rivero indica que para tomar esa decisión de convocatoria de pleno requiere de información pública, puesto que recuerda a los rectores municipales que los ciudadanos tienen mucho que decir al respecto, sobre todo cuando desde el propio consistorio se está anticipando que la COTMAC dará el visto bueno a suspender una parte del Plan que tiene que ver con la polémica del fuera de ordenación y advierte que los aprovechamientos urbanísticos que se conceden vienen dados a través del despojo que se ha hecho a los vecinos afectados por el fuera de ordenación, por lo que interpreta que ambos aspectos de PGO están relacionados a pesar de que desde el consistorio se diga lo contrario.

Sostiene que esa decisión de especial trascendencia que toma el ayuntamiento en la fase de aprobación antes de elevar el documento a la COTMAC requiere un periodo de información pública puesto que insiste en que la ciudadanía tiene mucho que decir con respecto a la reconversión de un procedimiento y la creación de una fase que no está prevista en la Ley, dicho lo cual considera que el hecho de que no se someta a valoración de la ciudadanía evidencia que los dirigentes municipales saben que no contarían con el apoyo ciudadano porque al fin y al cabo hablamos de que se trata del mismo PGO de Zerolo como ha denunciado la Plataforma No a este PGO.

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Tenerife

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