Mar 8, 2012
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Amnistía Internacional grupo La Palma, organiza un acto motivo de la Campaña Justicia Internacional

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Dos países tan distantes como Colombia y la República Democrática del Congo (RDC) comparten sin embargo un problema endémico: la violencia sexual contra las mujeres en el marco de un largo conflicto armado. Y la misma respuesta de la justicia: darles la espalda a las víctimas. Coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, activistas de Amnistía Internacional han organizado acciones durante el mes de marzo en más de 20 ciudades españolas para denunciar esta situación.

La violencia sexual en tiempos de guerra no conoce fronteras; sus efectos son muy similares en África o en América y las dificultades para hacer justicia también. Las partes del conflicto tanto en Colombia como en la RDC luchan entre ellas, pero comparten la misma técnica del terror: la agresión sexual en todos sus grados. Mientras las víctimas padecen la estigmatización y las secuelas físicas, psicológicas y económicas por los abusos sufridos con la excusa de la guerra, sus agresores están, en la mayoría de los casos, libres y sin temor a enfrentarse a la justicia.

En la RDC, la violencia sexual y de género la perpetran tanto grupos armados como las fuerzas de seguridad. En 2009, hubo al menos 15.000 violaciones en el país, según la ONU. Amnistía Internacional pide a Naciones Unidas que adopte medidas eficaces para proteger a la población civil de los ataques que están sufriendo, en algunas ocasiones a escasos kilómetros de su base. En Colombia ni siquiera se han podido contabilizar los casos, aunque se sabe que más del 80% de las mujeres que sufrieron violencia sexual relacionada con el conflicto en 2010 no denunciaron la agresión.

Sufrimientos con nombres

Angélica, esclava sexual durante más de 10 años de un guerrillero de las FARC, las cuatro hermanas Galárraga, agredidas sexualmente y asesinadas por paramilitares identificados que ni siquiera han sido acusados formalmente, las adolescentes Clara y Lisbeth, que estaban en una fiesta cuando un grupo de militares las atacaron sexualmente o Shirley, secuestrada por paramilitares y violada incesantemente con solo 17 años.

Son terribles testimonios de mujeres colombianas utilizadas como “arma de guerra”, aprovechándose de su miedo y de su necesidad, tanto por la guerrilla de las FARC como por los supuestamente desmovilizados paramilitares y por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. Casi todos los nombres de las protagonistas son ficticios, pero sus sufrimientos son bien reales.

En Congo desconocemos en muchos casos incluso el nombre de las víctimas, que sufrieron violaciones en masa, como en el asalto de Walikale en 2010, donde más de 300 mujeres, hombres, niñas y niños fueron violados por hombres armados con granadas, pistolas y machetes. En 2011, en dos ataques distintos en Kivu Meridional, miembros del ejército violaron a 135 mujeres. “Cuando en las casas no hay nada de valor, se llevan a las mujeres”, declaró Paul, de la localidad de Masisi, confirmando que el ejército congoleño comete abusos sistemáticos contra el pueblo que tendría que defender.

Justicia inoperante

Un informe de Naciones Unidas publicado en 2010 concluía que el sistema de justicia congoleño no dispone de capacidad para hacer frente a los numerosos crímenes de derecho internacional registrados dentro de sus fronteras, debido a deficiencias estructurales como la corrupción endémica, la injerencia de las autoridades políticas y militares en la justicia o los muy limitados recursos con los que cuenta. Aunque en 2011 el teniente coronel Kibibi Mutware fue condenado a 20 años de prisión por ordenar un ataque contra el pueblo de Fizi en el que fueron violadas 35 mujeres -lo que AI ha calificado como un paso en la dirección correcta- si se quiere que esta sentencia tenga consecuencias positivas en la lucha contra la impunidad las autoridades deben implantar inmediatamente mecanismos de protección para testigos y víctimas, entre otras muchas medidas.

En Colombia, aunque el sistema judicial formalmente protege a las mujeres de la violencia sexual asociada al conflicto, en la práctica estos delitos quedan impunes en gran medida por falta de voluntad política para atajar una actuación que tiene múltiples objetivos: vengarse de los adversarios a través de la humillación de las mujeres, sembrar el terror en las comunidades para facilitar la imposición del control militar u obligar a familias enteras a huir de sus casas y permitir así la apropiación de sus tierras.

Amnistía Internacional exige a los gobiernos de Colombia y RDC que dejen de utilizar los conflictos como coartada para no rendir cuentas por las violaciones de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Los gobiernos de estos países deben asegurar a las víctimas el acceso a la verdad, la justicia y la reparación y sobre todo, deben dejar de defraudarlas, llevando por fin ante la justicia a quienes han cometido graves delitos contra ellas.

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La Palma

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