Feb 17, 2012
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SEPCA recurre el decreto del Alcalde de Santa Cruz que ordenaba aplicar cuantía máxima en las sanciones.

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SB-Noticias.- La Sección Sindical en el Ayuntamiento de Santa Cruz del Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (SEPCA) ha interpuesto un Recurso de Alzada ante el Alcalde y efectuado dos requerimientos, uno a la Subdelegación del Gobierno y otro al Gobierno de Canarias, para que anulen el decreto. Fuentes de Sepca han declinado hacer valoraciones de tipo político acerca del contenido del polémico decreto y del presunto delito de prevaricación que conllevaría, manifestando que lo han recurrido en beneficio de la seguridad jurídica de los compañeros que tramitan expedientes sancionadores.

DESVÍO DE PODER.

A juicio de este Sindicato, el apartado tercero del polémico decreto constituye, cuado menos un claro y manifiesto ejemplo de desviación de poder, tal y como se define la misma en el artículo 70.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, según el cual se entiende por desviación de poder el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico.

Según Sepca, la Administración viene a reconocer de manera grosera y evidente en el propio texto del decreto que los instructores de los procedimientos sancionadores municipales deben valorar en su máxima graduación las posibles faltas cometidas por los ciudadanos a fin de ingresar en las arcas municipales mayores ingresos, y todo ello como consecuencia de la precaria situación económica municipal. Queda claro que se obliga a los instructores de los procedimientos sancionadores a ejercer dicha potestad, no como un mecanismo de corrección de los ciudadanos antes las conductas antijurídicas que desarrollen (debiendo imponérseles la sanción que corresponda en atención al criterio legal de tipicidad y proporcionalidad), sino como un instrumento financiero movido claramente con afán recaudatorio. No se contenta el Ayuntamiento con imponer a los ciudadanos el gravamen económico que corresponda en atención a la falta cometida y a las circunstancias agravantes o atenuantes que concurran en el caso concreto (principio de culpabilidad), sino que pretende imponer el máximo castigo dinerario posible en atención al estado deficiente de su tesorería.

Para el Sindicato de Empleados Públicos de Canarias, la finalidad que persigue el apartado tercero del mencionado Decreto no es la prevista por el ordenamiento juridico y, en consecuencia, el mismo es contrario al ordenamiento jurídico con arreglo a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 30/1992. Efectivamente, el vicio de desviación de poder es un vicio de estricta legalidad, puesto que lo que se controla a través de esta técnica es el cumplimiento del fin concreto que señala la norma habilitante, siendo indiferente que el fin que realmente quiera alcanzarse sea uno privado del agente que actúa, sino que basta con que exista una divergencia entre los fines realmente perseguidos y los que, según la norma aplicable, deberían orientar la decisión administrativa. El artículo 106.1 de la Constitución Española subraya expresamente esta idea cuando encomienda a los Tribunales de Justicia el control de la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican.

Pero junto a lo anterior, lo cierto es que el hecho de obligar a que los instructores de los procedimientos sancionadores municipales valoraren en su máxima graduación las posibles faltas cometidas por los ciudadanos como consecuencia de lo precario de la situación económica del Ayuntamiento es un criterio ilegal de graduación de las faltas, que, desde luego no parece recogido en el artículo 140 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local (que es el que da cobertura legal a la Ordenanza Municipal) a la hora de tipificar las sanciones locales, ni en los criterios de graduación del artículo 131 del la Ley 30/1992, ni finalmente en la propia Ordenanza Municipal de Policía y Buen Gobierno. Como quiera que dicha instrucción constituye un claro atentado contra los principios de tipicidad, culpabilidad y proporcionalidad que están presentes en el ejercicio de la potestad sancionadora y con origen inmediato en el artículo 25 de la Constitución Española, sostenemos que el apartado tercero del dispositivo del Decreto de referencia pudiera ser, además, nulo de pleno derecho conforme a lo dispuesto en el artículo 62.1 a) de la Ley 30/1992.

Aparte de presentar un Recurso de Alzada frente al órgano que dictó la resolución, el propio Alcalde, Sepca ha dirigido sendos escritos a la Subdelegación del Gobierno y a la Comunidad Autónoma, para que en ejercicio de la facultad que les atribuye el artículo 65 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local, que inicie los trámites oportunos para formular el requerimiento de anulación o subsanación respecto del Decreto del Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

El expresado artículo de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local determina lo siguiente:

«Cuando la Administración del Estado o de las Comunidades Autónomas considere, en el ámbito de las respectivas competencias, que un acto o acuerdo de alguna Entidad local infringe el ordenamiento jurídico, podrá requerirla, invocando expresamente el presente artículo, para que anule dicho acto en el plazo máximo de un mes.
EI requerimiento deberá ser motivado y expresar la normatíva que se estime vulnerada. Se formulará en el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción de la comunicación del acuerdo
La Administración del Estado o, en su caso, la de la Comunidad Autónoma, podrá impugnar el acto o acuerdo ante la jurisdicción contencioso-administrativa dentro del plazo señalado para la. interposición del recurso de tal naturaleza señalado en la Ley Reguladora de dicha Jurisdicción, contado desde el día siguiente a aquel en que venza el requerimiento dirigido a la Entidad local, o al de la recepción de la comunicación de la misma rechazando el requerimiento, sí se produce dentro del plazo señalado para ello.
La Administración del Estado o, en su caso, la de la Comunidad Autónoma, podrá también impugnar directamente el acto o acuerdo ante la jurisdicción contencioso-administrativa, sin necesidad de formular requerimiento, en el plazo señalado en la Ley Reguladora de dicha Jurisdicción. »

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Tenerife

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