Feb 16, 2012
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De Guindos garantiza la competencia autonómica en las fundaciones para evitar el rechazo nacionalista

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El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha garantizado la competencia autonómica sobre las fundaciones que surjan a partir de cajas de ahorro para evitar el rechazo nacionalista a la reforma del sector financiero convalidada este jueves en el Congreso de los Diputados, finalmente con el apoyo de CiU y la abstención del PNV.

El decreto, que ha contado también con el respaldo socialista, no se tramitará finalmente como proyecto de ley, y será matizado por un futuro decreto que establecerá que no habrá «perjuicio a las competencias que los estatutos de autonomía atribuyen a las comunidades». «No era nuestra voluntad crear la mas mínima duda al respecto», ha afirmado de Guindos.

Los grupos catalán y vasco habían condicionado su apoyo a la reforma a que el ministro aclarara públicamente lo referente a quién detentará la autoridad sobre las fundaciones especiales que se puedan crear a partir de cajas que no lleguen al 25% de las nuevas entidades.

El portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, ha asegurado que este artículo incluido en el decreto «afecta al Estatuto de Gernika», ya que el Gobierno vasco tiene «competencia exclusiva» sobre las fundaciones radicadas en la región.

«Una aclaración de esto es absolutamente imprescindible para nuestro apoyo, porque nuestra posición es favorable al decreto ley, y si el Gobierno se compromete a corregir de manera nítida, clara y firme esta cuestión en un real decreto posterior o en un proyecto de ley, les daremos margen de confianza con la abstención», ha explicado.

También el portavoz de CiU Josep Sánchez Llibre ha pedido que se «clarifique que es posible, en otro real decreto, hacer desparecer ese párrafo letal para el buen gobierno de las fundaciones», que interfiere con «las competencias exclusivas en las cajas y las fundaciones» que tienen los gobiernos autonómicos.

El portavoz ‘popular’ Vicente Martínez-Pujalte ha asegurado que en el decreto «no hay ninguna intención de entrar en conflicto con el marco competencial de las comunidades ni en los estatutos de autonomía», sino sólo «dar una solución a la gobernanza alejada de cuestiones políticas de algunas entidades financieras que han cambiado su modo de actuación» y que, tras fusionarse, «hacen una actividad indirecta a través de un banco».

NO SERÁ SUFICIENTE

El PSOE ha votado a favor de la reforma porque, según su portavoz Valeriano Gómez, «continúa» con lo realizado hasta la fecha, si bien ha señalado que «probablemente tampoco será suficiente», ya que «hace falta frenar el deterioro económico, la falta de crecimiento y el desempleo».

Así, ha pedido «más tiempo» para que las entidades reúnan los nuevos aprovisionamientos, ya que el mantenimiento del actual calendario podría llevar a España a ser «insolvente» y detraerá crédito de la economía real.

También ha expresado su temor a que se vaya hacia «un oligopolio» financiero porque «el objetivo no debe ser tener entidades más grandes sino más sanas». A este respecto, ha reclamado medidas de control y la creación de una subcomisión que vigile la reactivación del crédito.

UPN ha respaldado el decreto, si bien su portavoz, Carlos Salvador, ha reclamado que «no se queden sin sanción los que han gestionado irresponsablemente»; el diputado de FAC, Enrique Álvarez Sostres, ha pedido que el Banco de España «vigile estrechamente que el ajuste se realice sin perjudicar a familias y pymes»; y Coalición Canaria considera que la reforma permitirá que el crédito llegue a las pequeñas y medianas empresas.

ACABAR CON LAS CAJAS

Por contra, el portavoz económico de IU-ICV-CHA, Alberto Garzón, ha rechazado que los objetivos expuestos por el ministro –que fluya el crédito y acabar con la desconfianza en los activos financieros– se vayan a cumplir. «Ésta es una ayuda a los grandes bancos y no a la economía real», ha advertido.

«Pero De Guindos no es de los que dan puntada sin hilo, así que algún objetivo que sí servirá de verdad tendrá la reforma: facilitar a los bancos acceder a los recursos económicos y humanos de las cajas de ahorro, ponerles la puntilla final y terminar el proceso de privatización. Los otros objetivos son señuelos», ha reprochado.

Además, ha alertado de que la concentración de los bancos también supondrá «pérdidas de empleo y coste de dinero público del FROB que se podría dedicar a otras cosas»; y ha afirmado que «no sorprenderá si en unos años, hay que rescatar estos monstruos» porque a las entidades grandes «no se las deja caer».

La decisión de De Guindos de no abrir un segundo turno de debate ha despertado las críticas del diputado de la coalición rojiverde, quien tras el Pleno ha tachado de «totalmente antidemocrático» y de «falta radical de educación» este comportamiento.

En cualquier caso, ha señalado que «hay alternativa» a esta reforma, «no ayudando a los bancos sino a las familias» con «un plan de refinanciación de hipotecas con descuento», ya que a su juicio un mayor aprovisionamiento de los bancos no evitará que crezcan los activos tóxicos en un momento de recesión.

El diputado de IU, vinculado al 15M, ha defendido además la necesidad de definir un nuevo modelo productivo y crear «una banca pública ética» que genere líneas de crédito baratas para los sectores que sean «clave en el nuevo modelo productivo» y que ayude a la ciudadanía.

Garzón también ha avanzado que su grupo y el Grupo Mixto han presentado una petición a la Cámara baja para que se abra una «comisión de investigación que identifique las causas de la crisis financiera y a todos los que tienen que ver con la burbuja inmobiliaria».

UPyD actuará en la misma línea, solicitando la creación de una comisión de investigación y pidiendo al Gobierno que inste a la Fiscalía General que exija responsabilidades» a los gestores de las entidades bancarias quebradas. «Algo se cambia con este decreto, pero es a partir de ahora y para las entidades con ayudas públicas. Esto es como poner el tapón en la botella cuando la leche ya ha sido derramada», ha criticado el portavoz económico de la formación magenta, Álvaro Anchuelo.

Asimismo, ha explicado que la reforma no conseguirá sanear los balances porque las previsiones «no son suficientes» y además perjudicará al consumo, empobrecerá a las familias que tendrán hipotecas más altas que el precio real de sus viviendas y provocará una contracción del crédito. «Se les pide a las entidades que soplen y que sorban al mismo tiempo», ha dicho, reprochando que no se ataque el «problema de raíz», que está en la «politización» de las entidades financieras.

SOLUCIÓN A LOS BANCOS ALEMANES

Estas críticas de aprovisionamiento insuficiente, peligros de crear un «oligopolio» financiero con las fusiones, falta de crédito tras la reforma o empobrecimiento de las familias españolas han sido esgrimidas también por otros partidos integrados en el Grupo Mixto.

Así, Geroa Bai ha alertado de una más que probable «entrada de capital europeo» en las nuevas entidades y se ha preguntado si ésta es una «solución a la quita griega o de la banca alemana»; mientras que Compromís ha defendido que esta reforma «no arregla el problema real del crédito» y ha pedido que los bancos que reciban ayudas públicas «introduzcan a cambio la dación en pago en sus créditos hipotecarios».

El BNG opina que esta reforma no servirá para nada porque acentúa «la desregulación» del sector «a costa de sacrificar las únicas entidades con vocación social y territorial»; ERC ha alertado de que esta reforma «premia a los que se han portado mal durante años» en lugar de reactivar el crédito; y Amaiur cree que «todo sigue igual» porque los bancos «no sólo no tienen que hacer frente a sus responsabilidades», sino que además el sector público «acude a rescatarlos».

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Nacional

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