Feb 10, 2012
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El Cabildo de La Palma solicitará al Estado que mantenga las ayudas a las energías renovables canarias

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El Pleno del Cabildo de La Palma ha aprobado la moción presentada por los grupos de Coalición Canaria y Partido Socialista Obrero Español solicitando al Estado la modificación de la normativa que suspende los procedimientos de ayudas a nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos.

El consejero insular de Servicios Públicos e Industria, Luis Viña, señala que también se ha aprobado solicitar la modificación del Real Decreto que regula los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, reconociendo la actividad de almacenamiento de energía eléctrica como una actividad diferenciada de la generación.

Luis Viña indica que es de sobra conocida la alta dependencia energética de Canarias respecto a su capacidad actual para producir este imprescindible bien de consumo. Tanto o más notorio resulta el potencial que en el archipiélago existe para desarrollar sistemas que permitan aprovechar de manera sostenible los propios recursos naturales para poder producir energía no contaminante.

El texto de la moción hace referencia a que muchas son las razones que explicarían esta paradoja y por las que las energías alternativas no se han desarrollado en Canarias al ritmo que lo han hecho en el territorio peninsular. Por un lado, la lejanía con respecto al continente, hecho que encarece y dificulta las inversiones y ahuyenta a las empresas inversoras, que ponderan, como es lógico, la rentabilidad de su negocio. Por otro lado, la escasez del suelo, que encarece y hace que sea muy difícil su gestión, la escasa capacidad de transporte de unas redes eléctricas muy pequeñas y en algunos casos obsoletas, las dificultades para encontrar puntos de enganche o la necesidad de utilizar transformadores especiales. Todas estas circunstancias contribuyen a que, en la actualidad sólo se genere el 6,3% de la energía en Canarias, cuando la UE ya preveía el 22,1% para el 2010.

Desde el Cabildo de La Palma se entiende que las leyes estatales sobre materia energética deben reforzar la seguridad jurídica de las inversiones y fomentar las condiciones de rentabilidad económica a los inversores para poder desarrollar en Canarias todo el enorme potencial que el sector de las energías renovables encierra. Se trata pues de impulsar la diversificación de las fuentes de producción energética en Canarias, tomando como base procesos de generación limpios, sostenibles, suficientes y rentables.

En la actualidad, tanto la planificación energética estatal como la autonómica en Canarias contemplan conseguir el renovado objetivo europeo de alcanzar el 20% de energía primaria de origen renovable marcado para 2020. Para ello, en la planificación energética canaria, se prevé la instalación de plantas de generación que permitan alcanzar un 30% de producción con recursos renovables en 2015.

Si bien en el sistema eléctrico peninsular el crecimiento de las tecnologías de régimen especial ha permitido superar a 2010 los objetivos previstos en el Plan de Energías Renovables 2005-2010, no ocurre lo mismo con los objetivos establecidos en el Plan Energético de Canarias 2006-2015, no habiéndose alcanzado el volumen de instalación previsto para 2010, a pesar de las favorables condiciones de las islas para la energía renovable.

Con la suspensión de los incentivos para las instalaciones de producción de régimen especial, se hace directamente inviable, por ejemplo, el desarrollo de las instalaciones eólicas asignadas por concurso en Canarias, salvo que se haga una excepción para las instalaciones ubicadas en la esta Comunidad Autónoma, o al menos para los 600 MW de preasignación establecidos.

Luis Viña indica que el objetivo que se persigue es que no aumente la partida correspondiente a las primas del régimen especial, en tanto no se encuentre una solución para que los peajes de acceso a las redes sean suficientes para cubrir el coste de las actividades reguladas, y no aparezca déficit tarifario a partir de 2013; por tanto, el objetivo final perseguido es la desaparición de dicho déficit tarifario.

Sin embargo, añade Luis Viña, se da la paradoja de que la aplicación de lo dispuesto en la nueva normativa, en Canarias tiene un efecto contrario al perseguido en última instancia, puesto que entre las distintas partidas de coste de las actividades reguladas, que deben ser cubiertas por los peajes de acceso a las redes, se encuentra el sobrecoste de los sistemas extrapeninsulares además de las primas de régimen especial, y al tratarse de sistemas aislados el coste unitario de la energía de origen eólico es significativamente menor que el coste de la generación de régimen ordinario.

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