Feb 9, 2012
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COAG ha insistido en la necesidad de convetir el rechazo al acuerdo UE-Marruecos en una “cuestión de Estado”

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La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG, ha insistido en la necesidad de que el gobierno y los parlamentarios españoles conviertan el rechazo al acuerdo UE-Marruecos en una “cuestión de Estado”, pues es un asunto que “sobrepasa la dimensión del sector agrario”. Esta organización agraria lleva mucho tiempo trabajando en contra de la ratificación de este documento, claramente lesivo para nuestro país, en general, y para los intereses del sector agrario, en particular.

El secretario general de COAG, Miguel López, ha recordado esta mañana en rueda de prensa en Sevilla que nos jugamos más de lo que parece, pues la liberalización de las importaciones desde Marruecos “pone en jaque a sectores como las frutas y hortalizas o el aceite de oliva. Eso, en España significa cargarnos el 50% del empleo agrario. Con los niveles actuales de desempleo es inadmisible que se destruya nuestro medio de vida”. Miguel López ha subrayado que “hemos cedido tanta soberanía a Europa que ésta sella en nuestro nombre acuerdos que nos dañan de manera muy importante”. Y continúa: “Alemania y Francia forman un tándem para quedarse con la economía europea, pero nosotros tenemos derecho a nuestra cuota de mercado comunitario, igual que hacen los que fabrican tecnología. Si nos comparan con el resto de países de la UE, somos muy competitivos. Lo que no pueden es compararnos con países terceros, que producen sin respetar los derechos laborales y empleando materias activas prohibidas en la UE desde hace años, lo que no da ninguna garantía de seguridad alimentaria”.

Además, según ha explicado López, “con este acuerdo lo que se pretende es validar los rebasamientos en los contingentes del acuerdo pasado, que se producían de forma sistemática » (ver tabla adjunta sobre exportaciones a la UE de tomate marroquí). Así, ha dicho López, la UE sacrifica nuestro tejido productivo hortofrutícola para entregar el mercado a «cuatro grandes empresas inversoras, con participación de capital europeo y de la oligarquía de Marruecos, incluido el propio rey».

Por si esto fuera poco, el secretario general de COAG ha comentado que en el orden del día de la próxima reunión del Parlamento, justo después de abordar la ratificación del acuerdo, se trata la participación de Marruecos en programas (y fondos) europeos. “De nuevo, se busca la creación de estructuras productivas que beneficiarán a unas pocas manos”.

Por su parte, el responsable de frutas y hortalizas de COAG, Andrés Góngora, ha recordado que “en el origen de estos acuerdos estaba la idea de contribuir al desarrollo de la población de estos países. Han pasado casi 20 años, y estos acuerdos no han traído consigo ni más democracia para Marruecos ni un mayor bienestar para su población”.

Ambos han recordado también la «ilegalidad» que supone apoyar un acuerdo que contempla territorios del Sáhara, un territorio sobre el que Marruecos no tiene reconocida la soberanía. Góngora ha confiado en “la sensibilidad del Parlamento ante estas cuestiones”, y ha instado a los eurodiputados a pelear, porque “no está perdido, pero hay que creérselo. Hay comisiones como las de Medio Ambiente o Derechos Humanos, con perfiles menos “aperturistas” que la de Comercio Internacional. Los representantes españoles deben explicar a sus homólogos por qué no se puede aceptar la ratificación de un acuerdo tan dañino, y que no beneficia a ninguna de las dos poblaciones, ni a la española ni a la marroquí”.

Por todo ello, COAG se concentrará de manera permanente a partir del próximo día 14 de febrero ante el edificio de la UE en Madrid ( Paseo de la Castellana, 46), coincidiendo con las jornadas en las que el Parlamento Europeo decidirá sobre este acuerdo. El acuerdo de asociación en materia agrícola entre la UE y Marruecos se encuentra pendiente de la decisión de la Eurocámara, cuya votación está prevista para el próximo 16 de febrero, tras el visto bueno de la Comisión de Comercio Internacional (INTA) en enero de este año a pesar de la oposición de la Comisión de Pesca y de la de Agricultura y Desarrollo Rural en julio de 2011.

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Canarias

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