Feb 1, 2012
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El Gobierno de Canarias pide que la reforma en Educación sea reconducida y que esté «por encima de razones doctrinales»

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El vicepresidente y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, José Miguel Pérez, ha solicitado que la reforma educativa anunciada por el ministro de Educación, José Ignacio Wert, «sea reconducida y que primen razones de eficacia y no razones doctrinales».

Así se manifestó este miércoles respecto a las reformas educativas, mientras aseguró que le preocupan los contenidos y las formas de las mismas. «Se han concretado los avances apuntados en la reunión sectorial de la semana pasada y preveo que en algunos de esos cambios será difícil que Canarias esté de acuerdo con el Ministerio», explicó.

Pérez añadió que «cualquier reforma educativa que se quiera poner en marcha debe ofrecer garantía de estabilidad, de adaptación a los tiempos y de duración, que es lo que el alumnado y los padres y madres quieren y que se recogen en lo anunciado ayer».

Ante la «envergadura» de las modificaciones anunciadas por Wert, el vicepresidente y consejero solicitó al Estado «coherencia, debate y consenso» y recordó que en la última reunión sectorial mantenida con el anterior Gobierno, todas las comunidades autónomas estuvieron de acuerdo en los objetivos educativos que recoge el plan Europa 2020, pero «nadie dijo que fuera necesario un cambio del sistema educativo».

«Me temo –dijo– que el Ministerio va a tener que rectificar mucho de lo que dijo ayer. Lo anunciado me preocupa mucho porque supone malentender el papel de la educación en estos tiempos y retoma la reforma conservadora del PP de Aznar y la idea de acabar con la escuela comprensiva, además de buscar la segregación en edades tempranas».

«PROFUNDA» TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL

El vicepresidente canario explicó que las reformas que pretende acometer el Ministerio suponen una «profunda» transformación del sistema educativo español, «probablemente el más importante desde la implantación de la LOGSE» y por ello, explicó, requiere de un amplio debate social.

«Las reformas más importantes de la historia reciente, la LOGSE y la LOE, estuvieron precedidas de un debate previo con los agentes sociales e, incluso en el caso de la LOGSE, se elaboró un libro blanco en el que se explicaban las propuestas. No parece que esta nueva reforma lleve el mismo camino. De hecho, parece que la reforma educativa más importante de los últimos años, que afectará a la educación no universitaria y, probablemente también a la universitaria, va a dejar al margen el debate social», comentó.

En este sentido, Pérez solicitó al Ministerio «un esfuerzo» para elaborar un documento que recoja, explique y justifique cada una de las reformas que se pretenden acometer y que se haya llegar a las administraciones públicas y a los agentes sociales.

«ES NECESARIO QUE SE ABRA UN DEBATE»

«Es necesario que se abra un debate y que el Gobierno no abuse de su mayoría absoluta para implantar un sistema educativo sustentado únicamente en criterios doctrinales», apuntó.

Para Pérez, estas reformas no aportan soluciones encaminadas a lograr los objetivos de Europa 2020. «El sistema educativo español se va a poner patas arriba con esta reforma, pero no se van a resolver los problemas reales de dicho sistema. Los cambios parecen más justificados por razones doctrinales que por razones de eficacia», matizó.

Sobre las modificaciones en la duración de la ESO y el Bachillerato, indicó que «sólo garantizan, por ejemplo la permanencia en el sistema educativo de los estudiantes hasta los dieciséis años, pero no pone solución al objetivo de luchar contra el abandono temprano que todos defendemos, así que no vemos reflejados los grandes objetivos en la convergencia hacia Europa en los anuncios».

Asimismo, explicó que estas reformas se plantean en medio de un marco económico «nada cómodo» y que supondrán «una alta inversión, sobre las que el Ministerio no ha planteado aportación alguna».

«No se podrá acometer la reforma que se pretende sin la contribución del Estado, sin embargo, no ha habido pronunciamiento alguno respecto a partidas con este fin. Además, todo el proyecto supone una contradicción importante ya que, por un lado nos hablan de reducción en la financiación pública para Educación y, por otro, se habla de una reforma cuya envergadura requiere importantes inversiones», concluyó.

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