Ene 31, 2012
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CEOE-Tenerife propone una simplificación administrativa que reduce la tramitación de los planes generales a 36 meses

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CEOE Tenerife propone una reforma de la administración pública canaria que impulse una simplificación que permitirá aprobar los planes generales de los municipios en un plazo máximo de 36 meses frente a las 97 actuales de media.

El informe elaborado por los estudios Luengo SLP y JDA asociados SL y que apoya la patronal tinerfeña, reconoce que en la actualidad hay una “incorrecta” asignación de competencias entre instituciones, y señala que su distribución debe aplicar el principio de “subsidiariedad” y otorgar “competencias plenas y exclusivas” al escalón “más cercano” de la Administración.

Asimismo, el estudio rechaza la “segmentación” de las tramitaciones ambientales en los procesos urbanísticos y plantea “liberalizar” los servicios de tal manera que la “responsabilidad” quede en manos de los técnicos y los promotores. “La Administración debe tener un papel de arbitraje, tutela y conciliación”, explica. Ahora mismo, y fruto de la actual legislación “a la defensiva”, una corporación local necesita al menos dos mandatos para aprobar un Plan General.

En declaraciones a Europa Press, el secretario general de la patronal tinerfeña, Pedro Alfonso, lamenta que sólo dos ayuntamientos de la provincia occidental hayan respondido a este informe “y de manera formal”, mientras que el Gobierno de Canarias ha apuntado que trabaja en cambios legislativos “pero no nos dice cuáles son”.

Según Alfonso, los criterios que expone la CEOE deben ser pactados con los agentes sociales para ayudar a resolver la “profunda crisis” que padece Canarias y que va a afectar al “papel” de las islas en la economía global.

En esa línea, afirma que los “mapas” de los planes generales deben estar “claros” para que haya “seguridad jurídica” y los inversores no se vean atenazados por posibles impugnaciones en los tribunales. “En Canarias, ahora mismo está todo parado, y los planes generales son el alma de las inversiones, que son las que reactivan la demanda y el empleo”, subraya.

“Ya no es posible seguir aplicando una política de ‘paños calientes’ ya que reducir plazos de tramitación exige una decisión política más valiente y de mayor calado, que dé credibilidad, confianza y seguridad al sistema”, apunta la patronal.

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