Ene 29, 2012
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El sector fotovoltaico canario pide «con urgencia» al Estado una política energética equitativa

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Foto: CZFBEl sector fotovoltaico canario ha pedido «con urgencia» al Gobierno de España una política energética equitativa y que reconozca las ventajas de las renovables en Canarias, más baratas que las convencionales.

En un comunicado, la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) en Canarias, resultado de la participación la Asociación Canaria de Energías Renovables, Acer, del Cluster RICAM de energías renovables de Canarias, integrado por las federaciones del metal Femete y Femepa, y los productores y promotores de las nacionales Appa, Anper, Asif y Aef, mostró su sorpresa e indignación por esta moratoria renovable y pide al Ministro de Industria, José Manuel Soria, que rectifique urgentemente esta medida para evitar la consecuente pérdida de empleo y la inseguridad de los productores e inversores.

«Canarias en el contexto actual no puede permitirse un nuevo golpe a uno de los escasos sectores con los que contamos para la necesaria diversificación de nuestra economía, y que es fundamental para nuestra productividad y competitividad. Ha quedado de sobra demostrado que las renovables son más baratas en nuestra Región que la producción convencional actual», apuntó UNEF.

Agregó que en particular, el coste de producción mediante diesel y fuelóleo se sitúa entre los 19 y 17 céntimos de euro el kWh, mientras que la eólica cuesta 7’1 y la fotovoltaica sobre suelo 12,1.

La Institución en las islas comentó que la decisión del Gobierno de España, a propuesta del Ministro de Energía, sobre la suspensión temporal de las primas de las nuevas instalaciones «es una medida que agravará la frágil situación del sector fotovoltaico, sin que se hayan resuelto los graves problemas de retroactividad e inseguridad jurídica que afectan al mismo».

«UNEF Canarias entiende las exigencias de respuesta por parte del Ejecutivo ante la crisis global, pero se muestra contrariada porque la decisión del Gabinete provoca un agravio más y un perjuicio de grandes dimensiones que afecta no solo a este sector productivo, sino que extenderá sus efectos a otros en forma de más destrucción de empleo y empresas y pérdida de la deteriorada confianza de los inversores internacionales en España», concluyó.

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