Ene 26, 2012
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Defensor del pueblo y Diputado del Común ya tienen la denuncia por los supuestos abusos del 012

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SB-Noticias.- Eloy Cuadra Pedrini, destacado activista social de Tenerife, explicó en el programa Canarias día a día de Radio San Borondón que este miércoles presenta ante el Diputado del Común de Canarias y el Defensor del pueblo su denuncia por el abuso tarifario y mala gestión del servicio de atención telefónica a la ciudadanía del Gobierno de Canarias 012 y advierte que no es entendible por qué el Gobierno, que tiene que velar por los intereses de los ciudadanos informando de un teléfono gratuito o mucho más barato, no lo hace y prefiere anunciar el 012, pese a que perjudica a la colectividad y favorece a una empresa que recibe 14 millones de llamadas al año a un alto coste.
Eloy Cuadra afirma que el 012 es un teléfono de interés social que en el caso de Canarias entiende que está siendo explotado de forma abusiva por la empresa que tiene su concesión. En este sentido, destaca que resulta llamativo que la Ley no establezca un precio determinado para el servicio, por lo que son las empresas que asumen la gestión las que ponen el precio, de manera que en algunas comunidades el coste para el usuario equivale al de una llamada local normal, en otras comunidades avisan del coste y proponen un número de teléfono alternativo gratuito, pero en las islas el gobierno de Canarias solamente anuncia el 012, cuya llamada cuesta 0,34 euros si la llamada es realizada desde un teléfono fijo y 0,42 si es desde un móvil o cabina.

Opina que la primera pregunta que nos deberíamos hacer todos los ciudadanos es por qué el gobierno autonómico, que se supone que está para defender a los canarios, máxime en estos tiempos de crisis en donde hay muchísima gente que apenas tiene para comer, permite este tipo de abusos y si hay 14 millones de llamadas al año al 012, obligar a la empresa que ofrece el servicio a rebajar el precio al margen de dar publicidad a otros teléfonos existentes a los que pueden llamar los ciudadanos a mucho menor coste o incluso gratis.

Desde su punto de vista, el gobierno ha permitido que una empresa privada se beneficie con importantes cantidades de dinero desde hace muchos años por no dar publicidad a la ciudadanía de la existencia de números alternativos al 012 mucho más económicos y añade que es en este tipo de cuestiones en las que se pone de manifiesto que tenemos un gobierno autonómico al que no le importan las personas, sino las empresas que giran a su entorno.

Otra de las cuestiones que más le chocan particularmente es el hecho de que este servicio se cree en el año 2000, salga a concurso público y se adjudique a una empresa que se había creado sospechosamente de la noche a la mañana tan sólo unos meses antes y que, por lo tanto, no tenía ningún cliente, a lo que debemos sumar que se le van renovando los contratos cada vez con mayor aporte económico y que otras instituciones canarias, como el cabildo de Tenerife también le concede otros servicios, hasta el punto de que en tan sólo una década esta empresa tiene unos beneficios enormes, hasta el punto de que algunos estudios sobre empresas call center de todo el mundo ponen de manifiesto que en España, con una diferencia abismal, quien lidera el ranking es Contactel.

Insiste en que las comparativas de este servicio entre Canarias y otras comunidades españolas, con mucha mayor población y un nivel de vida más caro como Madrid o Cataluña, arrojan más incredulidad al respecto puesto que esas comunidades tienen establecidas partidas mucho menores para ese servicio, hasta el punto de que rondan los 6 millones mientras que Canarias está en 16.

Cuadra se mostró muy crítico con la actitud de los políticos isleños al destacar que desde el día en que presentó sendos escritos al presidente del Parlamento, Antonio Castro, y al presidente canario, Paulino Rivero, no ha recibido ningún tipo de comunicación, y aunque los grupos parlamentarios del PP y PSOE se mostraron receptivos por su denuncia, tampoco han hecho nada al respecto, lo que le ha motivado a seguir adelante, llevando este escándalo ante el Defensor del pueblo y el Diputado del Común, máxime teniendo en cuenta la existencia de un precedente como es el que el Defensor del pueblo obligó al gobierno aragonés a anunciar la existencia de teléfonos alternativos públicos y a rebajar el precio de las llamadas.

Espera que aunque los informes de ambas instituciones no sean vinculantes en Canarias ocurra igual, de modo que el gobierno regional no mire para otro lado y se vea obligado a rebajar el coste de las llamadas, así como dar publicidad a los teléfonos existentes que son mucho más baratos pese a que ofertan el mismo servicio.

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Canarias

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