Ene 13, 2012
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Un ciudadano advierte al gobierno de Canarias del posible abuso y mala gestión de la Administración con el servicio 012 de atención ciudadana

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SB-Noticias.- Eloy Cuadra, escritor y activista social, portavoz de la plataforma de apoyo a las personas que carecen de hogar, denuncia en su escrito que el servicio 012 del gobierno de Canarias, que está subcontratado con una misma empresa privada desde hace más de una década, le cuesta al ejecutivo autonómico 16 millones de euros por dos años (en la CCAA de Madrid sólo 6 millones, en Cataluña no llega a 9 millones, en Castilla León no pasa de 5 millones y en Andalucía por el estilo), bastante más que en el resto de comunidades autónomas, y además cobran la llamada a un precio bastante caro sin informar de otras alternativas más baratas ya existentes.
Eloy Cuadra considera que es un hecho muy gravoso para los ciudadanos canarios y para el Servicio Canario de Salud, constituyendo a su juicio un abuso, especialmente para los que menos tienen y para los que están enfermos o necesitan de dicho servicio.

En este sentido, explicó que en el día de hoy ha presentado un escrito en la sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias en Santa Cruz de Tenerife a modo de reclamación oficial al propio Presidente, ya que el servicio de atención telefónica del Gobierno de Canarias causa un quebranto considerable a las arcas públicas y a los ciudadanos que lo usan, por haberse firmado la contrata del servicio con una empresa privada, iniciada hace más de una década, con unas condiciones a su juicio muy favorables para la mencionada empresa, a un precio muchísimo más alto de lo que se viene pagando en el resto de CCAA, alejándose así bastante de la sufrida realidad canaria –no olvidemos que es la región con más paro de Occidente, sólo por detrás de las Islas Reunión- y de las políticas macroeconómicas que imponen recortes y control del déficit a las CCAA, introduciendo además el cobro de la llamada al 012 a un coste nada barato que también se carga a los ciudadanos canarios, de lo que resulta que abonamos el servicio doblemente: de una parte en lo que el Gobierno de Canarias paga a la empresa por la contrata,16 millones de euros por dos años (vigente en este 2012), y de otra parte en lo que los ciudadanos pagamos a la empresa en cada llamada, a razón de 34 céntimos por llamada desde fijo o 42 céntimos desde cabina o móvil, con unas 14 millones de llamadas al año.

Advierte que el asunto es aún más grave cuando casi el 90 % del montante de lo que el Gobierno de Canarias paga a la empresa en cuestión por el servicio es cargado a la partida de los presupuestos correspondiente a Servicio Canario de Salud, puesto que según parece la mayoría de llamadas que se efectúan al 012 son para pedir cita con el médico.

Cuadra consideras esta situación como grave porque a nadie se le escapa que la Sanidad en Canarias es uno de los principales asuntos de preocupación de los ciudadanos, con razones sobradas para estar preocupados, y no se le hace ningún favor cargándole tantos millones por servicios que no redundan en la asistencia sanitaria propiamente dicha.

El activista social plantea en su escrito al presidente canario, Paulino Rivero, diferentes actuaciones que subsanen lo que entiende que se ha hecho mal, de ahí que solicite que tomando como precedente lo que se ha hecho en otras comunidades autónomas, se incluya en la página web del gobierno de Canarias y en todos los demás lugares donde aparezcan referencias al teléfono 012 los números de tarificación normal 922… y 928… equivalentes al 012, sirviéndose dar pública noticia de ello en los medios de comunicación, para que así todos puedan conocer los nuevos teléfonos mucho más baratos y en muchos casos gratuitos.

Asimismo, pide a Rivero que se negocie con las empresas prestadoras del servicio una tarifa única al precio de una llamada local para las llamadas al 012, tal y como ocurre con el 010 de los Ayuntamientos, al margen de que se llame desde un móvil, desde un fijo o desde una cabina y que se proceda a informar a esta parte sobre el procedimiento de adjudicación de los referidos contratos del servicio 012 por parte del Gobierno Canario a la mercantil Contactel Teleservicios SL.

Por otro lado, interesa también al Derecho de esta parte, que por parte del Gobierno de Canarias, se implementen cuantas medidas sean adecuadas en aras a la defensa de sus bienes y derechos, y en virtud de lo que establecen los artículos 62 y 63 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se acuerde la nulidad-rescisión, si procede, del contrato suscrito con la mercantil Contactel Teleservicios SL para la prestación del servicio 012 de atención ciudadana, procediendo a adjudicar el servicio nuevamente, a otra empresa o a la misma Contactel, con unas condiciones acordes a la realidad y las necesidades de la población canaria, a un precio similar al que se paga en otras CCAA con similar número de habitantes y parecidos indicadores sociales.

Eloy Cuadra pide que se tome el precedente de Cataluña, y en caso de no ser viable lo que se pide en el punto anterior, se negocie con la mencionada empresa una revisión a la baja de la contrata, hasta unas cantidades y en unas condiciones acordes a la realidad canaria y a los precios medios del mercado.

Informar a esta parte de las medidas de control y fiscalización que la Administración Autonómica aplica a la empresa Contactel Teleservicios SL y a su personal laboral, con el objeto de garantizar un servicio al ciudadano con las mismas garantías éticas y profesionales que ofrece el trabajador público y que se entienda que el abajo firmante no es más que un ciudadano canario más, que da el paso de informar del asunto y reclamar a la Administración por responsabilidad ciudadana, por sentirse moralmente obligado ante algo que cree injusto, pero no quiere sufrir represalias o persecuciones por tal motivo, para lo que espera poder contar con la colaboración y la ayuda de V.I., Presidente de todos los canarios.

Por último, solicita a Paulino Riverio que en virtud de lo previsto en el artículo 42 de la Ley de 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se sirva contestarle por escrito en tiempo y forma.

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Canarias

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