Dic 23, 2011
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Los diputados de ICV no se sintieron «amenazados» en el cerco al Parlament

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Los diputados de ICV-EUia Salvador Milà y Joan Boada han declarado ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que no se sintieron «amenazados, coaccionados o intimidados» durante el cerco al Parlamento catalán que se produjo el pasado 15 de junio por parte de un grupo de manifestantes del movimiento 15-M.

Milà y Boada, que han declarado durante aproximadamente una hora como testigos, han señalado que los concentrados «en ningún momento les agredieron», que «no les hicieron ninguna herida ni desperfecto en su ropa» y que tampoco «les robaron nada», según consta en el texto de sus respectivas declaraciones. «No nos sentimos perjudicados y no queremos hacer ningún reclamación», han dicho ante el juez.

Los incidentes, según los diputados, ni siquiera provocaron el retraso en el comienzo de la sesión plenaria que aprobó los recortes presupuestarios diseñados por el Gobierno de la Generalitat ya que, según Milà, los que accedieron a la Cámara a pie «llegaron a la hora» y sólo se retrasaron «los que llegaron en helicóptero», en referencia al jefe del Ejecutivo, Artur Mas, y la presidenta de la Cámara, Núria de Gispert.

«DESPROTEGIDOS» POR LOS MOSSOS

Aunque Milà, que ha sido multado con 200 euros por no acudir a la primera citación del juez, ha señalado que la única «anormalidad» que percibieron ese día fue que los Mossos d’Esquadra les hicieron acceder al Parlamento por una puerta distinta de la principal, Boada ha asegurado que los parlamentarios se sintieron «desprotegidos» por un dispositivo policial que ha calificado de «desastre».

«Hacía cinco meses que había dejado el cargo de secretario general del Departamento de Interior y necesitaba una protección un poco especial al haber transcurrido poco tiempo», ha dicho Boada, que a pesar de las imágenes que muestran cómo era perseguido ha afirmado que no se sintió «golpeado por la espalda» y que la mancha de pintura roja que le tiraron a la nuca se la quitó con agua «en dos minutos». «Lo que no es normal que no hubiera un dispositivo policial más amplio», ha añadido.

PAGA LA MULTA POR LA CRISIS

A las puertas de la Audiencia Nacional Milà ha dicho que tanto él como su compañero han declarado «obligados» y «forzados» en una instrucción que responde a «la politización de un conflicto social que se podía ventilar perfectamente en Barcelona y no como si fuera un delito político». «Estamos en Madrid, en la Audiencia Nacional, por un delito político que sólo cometió Tejero en este país», ha dicho.

En cuanto a la multa que le impuso el juez ha adelantado que la pagará. «No tengo ningún inconveniente en cumplir las normas pero quiero dejar muy claro que no se me citó en forma en su momento y así se lo he manifestado al juez», ha indicado. «Lo que pasa es que hay que contribuir a salir de la crisis y vamos a hacer esta aportación económica para ver si España sale de la crisis», ha añadido.

EL CATALÁN, EL VALENCIANO Y MOLIÈRE

Durante la declaración judicial, Milà ha manifestado su intención de hablar en catalán y el juez Velasco le ha dicho que no tenía ningún problema porque él habla valenciano, según fuentes jurídicas. El diputado le ha comparado entonces con el protagonista de la fábula de Molière ‘El

burgués gentilhombre’, que hablaba en verso sin saberlo.

«Iba traduciendo directamente, sin que fuera necesaria la intervención de un intérprete –ha dicho el parlamentario después–. Cuando yo le he agradecido el conocimiento del catalán me ha dicho que él hablaba valenciano y le he dicho que le sucede como a mí, que hablamos dos idiomas diferentes sin saberlo porque hablamos el mismo», ha asegurado.

Además, el juez ha ordenado la realización de una prueba pericial fotográfica sobre cuatro imputados para cotejarla con las fotografías que le hicieron los Mossos d’Esquadra a fin de corroborar su participación en los incidentes.

Los otros ocho parlamentarios llamados a declarar como testigos —

Gerard Figueras, Josep Maria Llop, Jordi Turull, Ana Isabel Marcos, Santi Vila (CiU), Montserrat Tura y Ernest Maragall (PSC) y Alfons López Tena (SI)– declararon el pasado 14 de diciembre ante Velasco en una sala de la Audiencia de Barcelona, después de que el magistrado se desplazara expresamente a la capital catalana para esta diligencia.

El instructor mantiene imputadas a 20 personas por un delito contra altos organismos de la Nación por los «actos de fuerza, intimidación o amenaza contra los miembros de la Cámara legislativa autonómica» que se registraron cuando un grupo de ‘indignados’ trató de «impedir la asistencia» de los parlamentarios a la sesión plenaria y «entorpecer su labor».

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Nacional

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