Dic 12, 2011
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Santiago Pérez: “Del sumario Las Teresitas se desprende que hay hechos más que sobrados para volver a plantear una acusación de cohecho con alta probabilidad de una sentencia condenatoria”

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Santiago Pérez asegura que de los datos que se van conociendo se puede concluir que en el sumario del caso Las Teresitas existen diferentes pruebas indiciarias, perfectamente compatibles con el derecho a la presunción de inocencia, que dan pie a sustentar la acusación y la condena por cohecho a los principales actores del pelotazo puesto que hablamos de hechos probados, como por ejemplo la compraventa ilegal de los terrenos del frente de la playa y el comportamiento que tuvieron los protagonistas de la votación en el ayuntamiento al respecto.
Santiago Pérez explicó que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional dice que para fundar una sentencia condenatoria hace falta una prueba de cargo, es decir, la prueba de los hechos delictivos y de la culpabilidad y autoría de quienes los hayan cometido. En este sentido, sostiene que esa prueba de cargo puede ser difícil de lograr, sobre todo cuando los hechos se envuelven en un mundo tan complejo y opaco como todo lo que tiene que ver con la corrupción, teniendo en cuenta además que en el caso Las Teresitas la investigación se inició varios años después de que los hechos se llevaran a cabo, siendo por tanto la única forma de comprobarlos a través de la prueba indiciaria, de modo que se prueben hechos que lleven a la deducción, basada en reglas de experiencia, criterios y razonamientos normales, de modo que demostrados los hechos quedan demostrados los delitos que no pudieron probarse directamente.

En este sentido, afirma que en el sumario del caso Las Teresitas existen diferentes pruebas indiciarias, perfectamente compatibles con el derecho a la presunción de inocencia, que dan pie a sustentar la acusación y la condena por cohecho a los principales actores del pelotazo puesto que hablamos de hechos probados, como por ejemplo la compraventa ilegal de los terrenos del frente de la playa y el comportamiento que tuvieron los protagonistas de la votación en el ayuntamiento al respecto empeñándose en votar a favor de la operación, obviando el principal informe de los servicios de la corporación realizado por Pía Oramas a quien presionaron para que cambiara sus valores de tasación que demostraban que el precio pagado por el consistorio (8.750 millones de pesetas) era muy superior al precio real del mercado (3.200 millones), lo que provocó directamente un beneficio injustificado para dos empresarios de más de 5.500 millones de pesetas y de perjuicio al pueblo de Santa Cruz.

Asegura que con toda claridad estos son comportamiento constitutivos de delitos de prevaricación, puesto que se dictó a sabiendas una resolución ilegal, así como malversación de caudales públicos, dicho lo cual añade que este es el principal indicio de lo que vendría posteriormente, ya que en segundo lugar hablamos del ennegrecimiento del dinero por parte de quienes se beneficiaron de la compraventa, los empresarios que crearon Inversiones Las Teresitas para llevar a cabo toda esta operación, puesto que a partir de esa época ha quedado acreditado que las personas que protagonizaron el acuerdo municipal (Miguel Zerolo y el resto de concejales) han disfrutado de un dinero cuyo origen no han podido demostrar.

El político tinerfeño destaca que ese dinero cuya procedencia no han podido demostrar les ha permitido llevar un nivel de vida altísimo a los protagonistas del golpe, muy por encima del que correspondería a sus retribuciones como cargos públicos y profesionales, teniendo en cuenta además que el denominador común en todos es que no utilizaban ni modificaban las cuentas corrientes en las que se ingresaban sus sueldos, lo que supone todo un material probatorio, no basado en sospechas, sino en hechos que la investigación policial ha ido probando sobre los que sustentar una acusación y lograr una condena por cohecho.

Al margen de este asunto, que tiene que ver con el plano estrictamente judicial, hablamos de una dimensión política que toda la línea editorial y los artículos de opinión de quienes se creen los más intelectuales pretenden ocultar. En este sentido, tras afirmar que la investigación deja claro que hay hechos que están muy acreditados, sin embargo los creadores de opinión del régimen tratan de obviar la compraventa, que es el principal indicio probado de lo que sucedió después, una compraventa declarada ilegal por el TS en sentencia firme precisamente porque compraron el frente de playa con dinero público por un valor infinitamente superior al real.

Santiago Pérez advierte por último que si hay una cosa que caracteriza a las líneas editoriales y artículos de opinión de los periódicos que amparan al régimen es que nunca hablan de la compraventa, que es la madre del caso Las Teresitas, ni de que esa compraventa fue declarada ilegal por la Justicia, ni del comportamiento de quienes votaron a favor de ese pelotazo en el ayuntamiento, ni de cómo ignoraron el informe de Pía Oramas y la presionaron para que cambiara el contenido de su informe al dictado de los beneficiados en el caso.

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Tenerife

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