Dic 12, 2011
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Inés Rojas asegura que 7.000 personas son beneficiarias de la Prestación Canaria de Inserción

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La consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, ha asegurado que la media mensual de las familias que recibieron en 2011 una prestación económica se situó entre las 2.500 y las 3.500, lo que significa que alrededor de 7.000 personas son beneficiarias de estas ayudas cada mes.

En una nota de prensa, Inés Rojas ha indicado que la Prestación Canaria de Inserción va destinada a personas en situación de exclusión social, es decir, aquellas que no tienen habilidades para incorporarse al mercado de trabajo, a los servicios de salud o a los educativos y necesitan que las administraciones les acompañen para que puedan tener las mismas oportunidades, pudiendo ser éstas «muchas o pocas según el momento económico-laboral por el que se atraviese».

Para la responsable autonómica, «es tremendamente peligroso pensar que la Prestación Canaria de Inserción es un sustitutivo de la prestación por desempleo, de ahí que los servicios de información municipales y de la Comunidad Autónoma deban aclarar esta situación a los usuarios y hacerlo con total transparencia».

«La prestación por desempleo es un derecho de los trabajadores que han cotizado y a los que, durante su vida laboral, la Seguridad Social les ha ido descontando de su sueldo para futuras contingencias. Por tanto, el Estado ha recaudado previamente sobre una legislación que es de carácter estatal. Estamos hablando, pues, de circunstancias distintas y soluciones diferentes y no debemos caer en el error de confundirlas en estos tiempos de crisis y crisis de empleo», aclaró.

Según recordó la consejera, «la ley de Prestación Canaria de Inserción incorpora la posibilidad de acceder a un itinerario de inserción sin que por ello se tenga que cobrar la ayuda económica».

En este sentido, Rojas ha detallado que en 2012 se mantiene el mismo presupuesto para la ayuda económica de la prestación que en 2011, es decir, 20 millones de euros, casi 3.500 millones de las antiguas pesetas»

Además, explicó que la ayuda económica de la prestación osciló entre 472,16 euros para una familia unipersonal y los 658,54 para familias más numerosas, «una cantidad que supera el salario mínimo interprofesional y que desde luego son las más altas del Estado», apostilló.

DIAGNÓSTICO ERRÓNEO

Por otro lado, Inés Rojas ha señalado que en el proceso de implementación de la PCI se ha observado que muchas veces el diagnóstico no se utiliza como herramienta de detección de situaciones reales de necesidad, sino como forma de justificar la necesidad de obtener una ayuda económica, centrándose, éste, fundamentalmente, en las carencias que presenta la persona solicitante en el área laboral y económica, obviando así al resto de miembros que componen la unidad de convivencia, además de a otras áreas que puedan estar, también, en situación de exclusión social.

«Para modificar esta situación, hay que otorgar el espacio adecuado y el tiempo suficiente en la elaboración de los diagnósticos de necesidades de la unidad convivencial, para lograr, así, una correcta intervención posterior. Además, de tener en cuenta todas las áreas que influyen en la situación de exclusión social, independientemente de los intereses de los usuarios, que normalmente, están enfocados hacia el área económica», afirmó.

«Para ello, el Gobierno financia a los municipios con 4 millones de euros dispuestos a través del Plan de Prestaciones Básicas, para la contratación de los trabajadores sociales que tiene que elaborar y aplicar ese diagnóstico», comentó Rojas.

«Debemos ser honestos y decirle a las personas que han perdido su empleo que por ese hecho no podrán ser beneficiarios de la Prestación. La prestación entra en el concepto de renta mínima de aquellas personas que, por varias circunstancias, que no se centran en lo económico, se han apartado o han sido apartadas del estado de igualdad de oportunidades», concluyó la consejera.

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Canarias

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