Dic 12, 2011
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Cerca de 60.000 familias canarias han accedido al Plan de Vivienda en dos años

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La consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, ha detallado en comparecencia parlamentaria los datos más relevantes de la ejecución de los dos primeros años del Plan de Vivienda de Canarias 2009-2012, en el que se llegó a cerca de 60.000 canarios.

«En dos años de crisis, con presupuestos a la baja en un contexto de austeridad y gran dificultad de ingresos, con recortes por parte del Estado, hemos podido ayudar desde la administración pública a 57.696 familias canarias, es decir, a casi 60.000 familias canarias que han conseguido mejorar su acceso a la vivienda a través del Plan», resaltó Inés Rojas.

La responsable canaria de Vivienda ha indicado que en este periodo se concedieron 17.343 ayudas para el fomento del alquiler, se rehabilitaron 16.362 viviendas y se ayudó a un total de 12.925 jóvenes.

«La política de vivienda que ha seguido el Gobierno de Canarias en estos años ha sido, sin duda, de las más potentes de todo el Estado. De hecho, durante años accedimos al fondo de eficiencia del Estado, hoy desaparecido, precisamente debido a dos circunstancias principales: por un lado, la eficacia en la gestión, que nos permitía ser punteros en el área, y por otro, nuestra apuesta decidida por convertir las políticas de vivienda en políticas sociales», señaló Rojas.

La consejera expuso que el Plan prioriza a los colectivos con más dificultades y por ello basa sus actuaciones en tres ejes estratégicos: el fomento del alquiler, la rehabilitación o reposición, éste también como medida de fomento del empleo, y la vivienda joven, esta última como política de emancipación con ayudas de hasta 300 euros compatibles con las ayudas del Estado.

«En esta crisis de empleo –añadió Rojas– entendemos que el joven debe acceder a un alquiler, incluso eligiéndolo en detrimento de la compra ya que le posibilita el desplazamiento hacia donde se encuentra el empleo».

En cuanto a las actuaciones en rehabilitación, la consejera destacó que Canarias mantiene 46 proyectos de rehabilitación y reposición aprobados, 10 de ellas en la última comisión bilateral, a los que hay que sumar la rehabilitación de Las Chumberas como actuación singular debido a su afectación por aluminosis.

«La rehabilitación de estos grupos de viviendas significa no sólo mejorar la calidad de vida de las familias, sino también el mantenimiento de empleos cualificados en el sector de la construcción, pues por cada vivienda se mantienen 2,3 puestos de trabajo directos e indirectos, esto es por cada 1.000 viviendas rehabilitadas se crean 2.000 puestos de trabajo directos y 300 indirectos», destacó la consejera.

OTROS DATOS

Rojas ofreció también otros datos de interés como que en estos últimos cuatro años se han recuperado 398 viviendas de promoción pública que habían quedado vacías por diferentes motivos y se han vuelto a adjudicar a familias con especiales dificultades económicas y solicitantes de una vivienda social en régimen de alquiler.

También recordó las actuaciones que su departamento impulsó para convertir «la difícil coyuntura económica en oportunidad» y que consistió, entre otras, en la conversión de viviendas que fueron construidas en el mercado libre en protegidas, la opción de incluirlas en la bolsa de viviendas de alquiler a 50 euros o la compra de 1.000 viviendas en construcción a promotores con grandes dificultades para finalizar las obras. En la actualidad, 656 familias canarias residen en una vivienda nueva pagando un alquiler de 50 euros al mes.

Y por último, el apoyo a la rehabilitación de la vivienda libre y a las comunidades de vecinos como medidas incentivadoras del empleo. De hecho, el Gobierno de Canarias ha impulsado el anteproyecto de Ley por el que se establece la deducción en el IRPF por obras de Rehabilitación.

«A pesar de las dificultades por las que las administraciones públicas estamos atravesando, el Gobierno mantiene su política de vivienda estableciendo prioridades, como son el alquiler, la rehabilitación y la atención a los colectivos preferentes en el que destaca el de los jóvenes y al mismo tiempo coadyuva al pacto de gobernabilidad tanto en lo que se refiere a la cohesión social, como al sostenimiento de la economía y el empleo», concluyó.

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