Dic 10, 2011
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La policía sospecha que Labajos pagó 30.000 euros y dio una vivienda a Gil por sus contactos políticos para recalificar Valle Tahodio y construir el muelle deportivo de San Andrés

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SB-Noticias.- La policía judicial recoge en el sumario del caso Teresitas la vinculación entre esta operación y el conocido como caso Fórum que saltó a la opinión pública en el año 2006 con apenas unos días de diferencia. El nexo común entre ambos asuntos es la exconcejal del Partido Socialista Canario-PSOE, Herminia Gil y el exalcalde, Miguel Zerolo. La información obtenida por la Brigada de la policía apunta a que tras la expulsión del partido de la exedil por dar su apoyo a la operación de compraventa del frente de la playa en contra de las directrices de la dirección insular, Zerolo, la compensó contratándola como asesora.

El exalcalde también habría mediado ante el empresario José Ana Labajos, imputado en el caso Fórum para que la contratara en su grupo de empresas y a cambio habría visto recalificados unos terrenos que poseía en Valle Tahodio y el impulso al puerto deportivo de San Andrés, operaciones en las que habría intervenido Gil y por la que habría cobrado «en mano» 30.000 euros, además de recibir una vivienda a un precio ventajoso aunque en realidad se desconoce si realmente lo llegó a abonar. El cambio de calificación de Valle Tahodio y la construcción del muelle no quedaron definitivamente anulados hasta que los medios de comunicación se hicieron eco de la polémica operación urbanística y su relación con el Fórum Filatélico. Los investigadores apuntan que la recalificación «estaba muy personalizada en la íntima relación de Labajos con Zerolo», que estos siempre han negado. La supuesta amistad entre Zerolo y Gil también queda patente al haber sido contratada en el año 2003 en calidad de cargo de confianza. «Este hecho resulta insólito y podría explicarse dada la alta confianza y vinculación» existente entre ambos.

En el año 2005 el empresario pagó a la exconcejal 55.267 euros aunque en su cuenta solo figuran 18.000, a lo que hay que añadir otro cheque de Nufrosa, por lo que los investigadores llaman la atención sobre la diferencia entre ambas cantidades, casi 32.000 euros que Gil «podría haber cobrado en mano». Este aumento salarial tuvo como consecuencia que en el año 2006 tuviese que pagar 15.000 euros a Hacienda, un cargo que asumió Labajos. Las investigaciones desarrolladas por el Juzgado número 5 de Santa Cruz dentro del conocido como caso Fórum determinan que entre las personas presuntamente solicitantes o aceptantes de cantidades dinerarias se encuentra Gil en calidad de asesora urbanística de Zerolo y Labajos. En la documentación encontrada en la sede de Fórum Filatélico de Madrid figura Gil en el capítulo de «compromisos que nos interesa mantener» y así se indica que se le debe abonar 30.000 euros anuales pagaderos en diciembre. Los investigadores por lo tanto concluyen con que de esta manera «se habría dado cumplimiento a los compromisos adquiridos por Labajos, siendo él mismo la persona pagadora a través de sus sociedades. Además Gil se aseguró de que los 30.000 euros fuesen cobrados «limpios de polvo y paja».

La empresa de Labajos paga desde el año 2002 el alquiler de Gil y no consta que las exconcejal abone desde sus cuentas los recibos de luz, agua o comunidad. La exconcejal adquirió una vivienda en la urbanización La Ladera de San Andrés construida por Inversiones Tahodio, empresa que pertenece también a Labajos. Por este inmueble se abonaron 60.000 euros, un precio que se considera significativamente más bajo que los situados en su entorno. De hecho, se calcula que apenas supone la cuarta parte de lo que tuvieron que desembolsar el resto de los propietarios de la urbanización. Para cerrar la compra la exconcejal no suscribió ningún tipo de hipoteca, hasta el punto de que la policía y la Agencia Tributaria sostienen que «se puede argumentar que no ha pagado la vivienda y en caso contrario no hay constancia de la forma en que lo ha llevado a cabo».

Al respecto Inversiones Tahodio apuntó que esta forma de proceder es habitual en la empresa ya que cuando se venden inmuebles a empleados de la misma, «no se exige la firma de un documento privado durante la obra, sino que precisamente por la confianza existente entre las partes se reserva verbalmente el inmueble y no se formaliza hasta que, como parece que sucedió en este caso, ya se habían finalizado las obras y podía entregarse la vivienda». La fecha en la que se adquirió el compromiso de adquisición, el 21 de noviembre de 2001, coincide con el acuerdo entre esta empresa y la Gerencia de Urbanismo para recalificar el suelo de Valle Tahodio. El empresario demostraba en fechas inmediatamente anteriores «un elevado interés» por incorporar el convenio a la revisión del Plan General de Santa Cruz que se iniciaba en aquel momento. Labajos era consciente de que lo contrario supondría la pérdida de la inversión efectuada en la compra de los terrenos rústicos. A principios de 2001 el objetivo del empresario ya se había cumplido. Pese a que la exconcejal figura como empleada de Labajos en Inversiones Tahodio y Fundación Canaria de la Construcción, lo cierto es que «no acudía a su lugar de trabajo, si bien seguía cobrando un elevado sueldo, en torno a los cuatro millones de pesetas».

Tampoco se sabe qué funciones desempeñaba y a criterio de los investigadores esta relación «sólo se puede entender por las vinculaciones políticas y contactos que Gil tenía en el Ayuntamiento».

La exconcejal fue sometida a diversas vigilacias y escuchas telefónicas de las que se determinó que apenas acudía a la Corporación local, que normalmente permanecía en su domicilio o realizaba compras y actividades de tiempo libre, «no evidenciándose que tenga una jornada regular de trabajo estipulada». De una conversación interceptada se desprende que estaba tomando un café con una señora ya que se había convertido en «una oficina ambulante». Durante las llamadas , Zerolo utiliza el término «mi amor» y le indica que «una cosa es que sepa que estás haciendo lo que tienes que hacer y otra distinta es que no me guste verte de vez en cuando, mi amor». También fue investigado su hijo de lo que se desprendió que había sido contratado por Emmasa y resultó adjudicatario de una vivienda social en San Andrés. Los investigadores no dejan de llamar la atención sobre el hecho de que su madre fue consejera de la compañía de aguas cuando pertenecía totalmente al Ayuntamiento y al Organismo Autónomo de Viviendas.

Del análisis de las cuentas bancarias se desprende que la exconcejal y su hijo han mantenido un elevado nivel de vida ya que gastaban mensualmente prácticamente todo el dinero disponible y que además era bastante alto hasta sumar casi 400.000 euros entre los años 2000 a 2006. «Se evidencia un total desinterés por ahorrar fondos lo que sólo se explica si son conscientes de que su status de vida no se va a ver alterado en el futuro. Los gastos son desorbitados», concluye el informe policial. En diversas ocasiones se constata que la familia dispone de fondos de procedencia desconocida y de hecho durante el registro realizado en su domicilio se encontró una cantidad significativa pero aún sin concretar de dinero en efectivo.

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