Oct 10, 2011
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Sólo el 25% de los municipios canarios tiene su planeamiento plenamente adaptado

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 El consejero de Obras Públicas, Transportes y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, ha informado que sólo 22 municipios canarios cuentan con un planeamiento totalmente adaptado a la legislación vigente, es decir, al Texto Refundido y a las Directrices del Territorio.

   Berriel ha indicado en el pleno del Parlamento de Canarias que los ayuntamientos no son culpables. «Constato un hecho objetivo, los tiempos en cada fase», ha dicho. El consejero explicó que el procedimiento es bifásico y así compete a los ayuntamientos y el Gobierno de Canarias sólo controla la aprobación definitiva. Apuntó que esta segunda fase sólo se prolonga por cuatro meses. Matizó que los mayores retrasos se dan en el plano municipal.

   De los 88 municipios, 22 disponen de un PGO adaptado al Texto Refundido y a las Directrices. «Esperamos elevar a la Cotmac otros 8, ya con aprobación provisional, aunque algunos deberán ser corregidos», explicó Berriel. A estos se sumarán los cinco supletorios encargados por el Ejecutivo y que serán aprobados a principios de 2012. Anunció que hay que dar un marco legal seguro al planeamiento.

   Por último, ha detallado que en fase de avance hay 18, de los que están exonerados 3 de ellos. En fase de aprobación inicial hay otros 19. «No han concluido o formulado el avance otros 13», finalizó Berriel. «Se ha financiado. Se han dedicado 20 millones en la pasada legislatura», continuó Berriel que además ha defendido los trabajos para la modernización y la creación de ayudas. No se olvidó de los diez millones para que los municipios se modernicen y que permiten la redacción de su planeamiento. «Mejoramos el sistema», insistió.

   Berrial ha admitido que el proceso ha sido «lento» y que el 35 por ciento de los ayuntamientos se rige por leyes anteriores a 2002. «Para acelerar el proceso hay medidas coactivas y de limitación de competencias a los ayuntamientos que fueron ineficaces y que produjo la paralización de inversiones», ha proseguido.

   En cuanto a las razones de los retrasos, Berriel aclaró que hay de diverso tipo y citó los cambios de criterios políticos. Añadió que son necesarios equipos de alta cualificación. Por ello rechazó que el Gobierno vaya a desregular. «Las reglas de juego en un territorio escaso no pueden desaparecer. Tiene que ser una regulación adecuada y moderna. No podemos desarmar el entramado que protege el territorio», resumió.

   A pesar de esto, el diputado del PP, Miguel Jorge, criticó que el proyecto estrella de Paulino Rivero fue la aprobación de la ley de Medidas Urgentes que venía a simplificar la normativa territorial. «Se habla de deberes, de quién los ha hecho y quién no, pero mi pregunta es si a lo mejor es que el contenido de los deberes es demasiado alto», dejó en el aire. El popular expuso que a lo mejor no es necesario simplificar, sino también desregular.

   «No se trata de culpabilizar ni a ayuntamientos, ni cabildos ni ayuntamientos porque las causas son múltiples», dijo el diputado del PSC-PSOE, Emilio Mayoral que además apuntó que la normativa ha desembocado que tras once años del Texto Refundido y siete de las Directrices el planeamiento esté en fase de adaptación en un 80 por ciento.

   El socialista también indicó que ha habido dejación, falta de financiación o interés político. Abogó por agilizar la planificación. «Es muy importante el anuncio de la necesidad de simplificar la tramitación», subrayó Mayoral para añadir que hay que incentivar a los municipios en esta materia.

   El diputado del grupo nacionalista, David de la Hoz, ha subrayado que ahora más que nunca se necesita un acuerdo por el territorio y que dinamice los espacios. «El proceso de adaptación es responsabilidad de los municipios», apuntó.

   Por último, el diputado del grupo mixto, Román Rodríguez, dijo que todo lo que se haga para simplificar y evitar duplicidades debe ser bienvenido. «Debemos simplificar, aclarar y facilitar el desempeño del planeamiento, pero el gobierno del territorio es de los poderes públicos», ha subrayado para rechazar que no se abandone por parte de las administraciones este materia. «No a la desregulación», zanjó.

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Canarias

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