Sep 14, 2011
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CC exige al Estado que reconozca la existencia en Canarias de dos sistemas de atención de la dependencia

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El diputado de Coalición Canaria Fernando Ríos ha pedido esta tarde en el Congreso la “revisión profunda, seria y sostenible” de la Ley de Dependencia, que debe reconocer la existencia en Canarias de dos sistemas superpuestos, que atiende a unas 40.000 personas, aunque el Estado sólo reconoce a 10.000.

Teniendo en cuenta que uno de los criterios para la financiación es el del número de personas atendidas y reconocidas en el marco de la ley, la injusticia cometida con Canarias es manifiesta.

Ríos señaló que “una ley que ha venido en llamarse el cuarto pilar del Estado del Bienestar se ha convertido en una lacra insostenible para las comunidades autónomas y, lo más importante, no coadyuva a la mejora de la calidad de vida de las personas dependientes”.

Durante el debate de una moción en el Pleno del Congreso, el diputado nacionalista explicó que desde que se aprobó la ley, uno de los aspectos más complejos ha sido el de la financiación del sistema, al hacer depender su sostenibilidad de los presupuestos anuales de la administración del Estado y de fórmulas de acuerdo que no parecen aseguradas y que a todas luces resultan insuficientes para acometer los costes reales de la atención a las personas dependientes.

En Canarias, estos costes se multiplican debido a la necesidad de construir y mantener servicios en todas las islas para cumplir con el principio de igualdad entre las personas y equidad territorial.

Fernando Ríos puso como ejemplo El Hierro, que a pesar de contar con algo más de 10.000 habitantes debe contar con servicios adecuados de atención a la ciudadanía. “En general, parámetros como la dispersión no favorecen a Canarias cuando para trasladarse de una isla a otra es necesario un transporte por mar o aire, a todas luces mucho más oneroso que el transporte terrestre”.

 

A la inseguridad financiera”, continuó Ríos, “hay que añadir las diferencias entre comunidades autónomas tanto en sus niveles de cobertura de los respectivos Servicios Sociales anteriores a la Ley 39/2006, como en las diversas fórmulas organizativas y de gestión por las que cada una hemos optado para atender las necesidades de apoyo de las personas en situación de dependencia”.

 

Así, en Canarias se produce un proceso de transferencias de competencias hacia los Cabildos insulares que son las administraciones que gestionan los servicios de atención a la dependencia. Por tanto se produce desde el año 1987 una descentralización de los servicios de bienestar social. Sin embargo, la ley lo que hace es volver a centralizar los procedimientos, un opción que ha tenido nefastas consecuencias en la Comunidad autónoma.

Con esta la ley, Canarias ha de financiar dos sistemas: el propio, un sistema sociosanitario de gran calidad y gratuito y el de la ley de dependencia. A través de estos dos sistemas se atiende a 40.000 personas aunque el Sistema Estatal de Atención a la Dependencia solo reconoce a 10.000.

 

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