Sep 5, 2011
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Sobre la reforma constitucional

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La proposición de reforma constitucional para salvaguardar la estabilidad presupuestaria, evitar el déficit estructural y limitar el endeudamiento de las administraciones públicas, fue aprobada el pasado viernes por el Congreso de los Diputados y será remitida al Senado para su votación en la próxima semana. Prevé una redacción amplísima del artículo 135 de la Carta Magna, que contrasta con la mayor ligereza del resto del articulado y, en general, afea la Constitución.

Asimismo, y pese a las consultas mantenidas por el Presidente de la Cámara Baja con la Real Academia Española para advertir el error «en relación al producto interior bruto» y corregirlo por «en relación con el producto interior bruto», nadie se percata de la monstruosa redacción del apartado 3 de la Disposición Adicional introducida por la proposición, que dice: «Los límites de déficit estructural establecidos en el 135.2 de la Constitución Española entrarán en vigor a partir de 2020».

Pero no se crea el lector que nos oponemos al contenido de la reforma. Todo lo contrario, aplaudimos que el legislador haya decidido servirse de la Ley Fundamental para poner freno al déficit estructural y el endeudamiento crónico de todas las administraciones públicas. Entendemos que el mejor modo de liberarnos de la llamada «dictadura de los mercados» es, lisa y llanamente, no endeudándonos con tales mercados; entendemos, igualmente, que el endeudamiento crónico que conlleva la refinanciación continua de nuestra deuda pública expone los bolsillos del contribuyente al riesgo de la especulación financiera y que, en definitiva, supone un ejercicio de abandono de nuestra soberanía a la merced de los agentes privados.

Comprendemos las razones de forma que alegan quienes se oponen a la medida (falta de legitimidad democrática al no querer someter a referéndum una cuestión de tanta trascendencia), pero no comprendemos sus razones de contenido. Creemos que coincidimos en el diagnóstico (sumisión del poder público a los intereses privados de la especulación financiera), pero diferimos diametralmente en el remedio para liberarnos de esa sumisión. Dicen que esta reforma constitucional servirá de pretexto para advertir la insostenibilidad de las políticas sociales y del estado del bienestar. Y no es verdad. Es decisión del político de turno establecer las prioridades en función de los recursos disponibles. En ese sentido, el estado del bienestar no tiene futuro si se sustenta en la emisión de deuda pública, en lugar de renunciar a otras partidas presupuestarias y/o aumentar los recursos disponibles con más impuestos. Esta presión fiscal debe dejar de enfocarse en las rentas del trabajo y centrarse en las rentas de capital, para lo cual se hace imprescindible la cooperación interestatal a fin de evitar la fuga de capitales a países con mejores condiciones tributarias.

Carlos García Muñoz, licenciado en Derecho y maestría en Diplomacia y Relaciones Internacionales

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Opinión

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