Jul 27, 2011
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Un juzgado de Arona abre diligencias contra el alcalde por un presunto delito de prevaricación urbanística

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El Juzgado de Instrucción Número 2 de Arona (Tenerife) ha abierto diligencias previas contra los treinta imputados por el denominado ‘Caso Arona’, entre los que se incluye el alcalde, José Alberto González Reverón, al que se le imputan varios delitos relacionados con la ordenación urbanística.

En un auto dado a conocer este miércoles por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) se desprende que de las diligencias de investigación practicadas ha quedado acreditado en relación a los imputados que conformaban la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Arona desde 2003 a 2007 la comisión de un presunto delito continuado contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación urbanística.

Según recoge el texto, los referidos miembros de la Junta de Gobierno Local, presidida por José Alberto González Reverón, votaron sistemáticamente a favor de la concesión de licencias municipales habiéndose hecho constar en cada uno de esos expedientes administrativos informe desfavorable emitido por los técnicos juristas del Servicio de Urbanismo del Consistorio y a pesar de la existencia de advertencias de ilegalidad realizadas por el secretario de dicha Corporación.

En relación a los expedientes administrativos tramitados en el Ayuntamiento de Arona, los imputados que conformaban la Junta de Gobierno votaron a favor de la concesión de dichas licencias siendo conscientes del contenido de los informes técnicos desfavorables emitidos por los juristas del Consistorio y que obran en cada uno de los respectivos expedientes, tal y como se indica en el auto.

En cuanto José Alberto González Reverón, el Juzgado de Instrucción Número 2 de Arona ha señalado que también ha quedado acreditada la comisión de un presunto delito continuado de tráfico de influencias y de prevaricación, entre otros motivos, por favorecer a su amigo y primo Manuel Reverón González, concejal de CC desde 2007 hasta 2011 en el Ayuntamiento de Arona.

Tal y como describe el auto, Manuel Reverón González había construido en 2001 una vivienda ilegal en un terreno de su propiedad situado en La Montañeta, en la zona de Los Migueles, en Buzanada. Por tal motivo, la Agencia de Protección del Medio Ambiente (Apmun) le sancionó con una multa de 150.000 euros, la demolición de dicha vivienda y la reposición del suelo a su estado físico anterior. Sin embargo, el alcalde –recoge el auto– “trató de influir en su compañera de partido María del Pino de León, consejera de Planificación Territorial del Cabildo de Tenerife desde julio de 2007, a fin de conseguir que la sanción impuesta no se llevase a la práctica”.

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