Jun 9, 2011
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El Gobierno canario se defiende y dice que las concesiones de licencias de radio son apolíticas y apartidistas

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El portavoz del Gobierno de Canarias, Martín Marrero, ha salido al paso de las críticas vertidas por la adjudicación provisional de 156 licencias de radio en Frecuencia Modulada en las islas y ha asegurado que el trabajo de la mesa de evaluación ha cumplido «estrictamente» con los criterios de baremación, con un trabajo técnico apolítico y apartidista.

«El trabajo de la mesa técnica ha sido un trabajo técnico y ajeno a cualquier consideración política o partidista», ha asegurado el portavoz del Gobierno en una rueda de prensa celebrada tras el Consejo en Santa Cruz de Tenerife y acompañado por el presidente de la mesa y secretario General de Presidencia, Fernando Ríos Rull.

El portavoz ha subrayado, además, que –tras la aprobación del decreto y la convocatoria del concurso– «ninguna» de las 694 empresas que se presentaron al concurso ha recurrido o «impugnado» las bases para las «156 frecuencias».

La mesa de evaluación ha hecho una labor «que podemos decir meramente matemática» pues se contaba con 18 criterios de baremación divididos en cuatro bloques: programación, presupuesto, tecnología y fomento del empleo. «No sólo están tasados, sino desmenuzados los criterios que iban a aplicar la mesa de evaluación. Pero no son sólo lo criterios, sino una fórmula matemática concreta cuando coinciden iguales criterios», ha valorado Martín Marrero que ha insistido en que el bloque de programación es el que «más peso tenía».

«El trabajo de la mesa ha sido el de la mera aplicación de los criterios aceptados por todos los licitadores. Ha sido un trabajo técnico y ajeno a cualquier consideración política o partidista por voluntad del Gobierno y con estas bases es imposible».

«Estamos en un procedimiento puesto en marcha por imperativo legal, perfectamente reglado, minuciosamente especificado los criterios de valoración que es por los que se ha regido la mesa de evaluación, que no han sido recurridos y esto es lo que ha aplicado la mesa. Nada más y nada menos», ha apostillado el portavoz del Gobierno que ha añadido que «en aras a la mayor transparencia» se han publicado los criterios en la página web del gobierno de las 694 empresas para que lo conozcan no sólo las empresas, sino los ciudadanos.

«TRANSPARENCIA»

«Lo que el Gobierno de Canarias quiere es que la transparencia y el rigor no sólo sea a la hora de haberse convocado, sino en el procedimiento y en la fase final», ha explicado para adelantar que el presidente de la mesa está a disposición de las empresas que lo requieran para explicar la baremación, apuntando que habrá este viernes una primera reunión con la empresa Radican.

Fernando Ríos Rull, sobre el reparto de licencias que ha recaído sobre 30 empresas de las 90 que se han presentado, ha explicado que «son 70 y pico frecuencias» y el reparto recaía sobre las frecuencias, por eso «una misma empresa sacó muchas frecuencias». Asimismo, ha señalado que en las bases había tres limitaciones como que en una localidad no podía haber más de 5 frecuencias, no más de una empresa en misma localidad, ninguna empresa tiene más del 30 por ciento y que ninguna empresa de toda España podía tener más del 30 por ciento en todo el país.

Marrero también ha recordado durante el encuentro con los medios el origen del concurso y ha subrayado que hace un año la Ley General Audiovisual en su artículo 27.4 aseguraba que se podría convocar el concurso a petición de cualquier particular, pero que si en 12 meses no se convocaba «Canarias habría perdido 156 frecuencias de las 200 que el Estado ha planificado para Canarias y de las que 44 fueron adjudicadas hace décadas».

Asimismo, ha insistido en que era «una demanda unánime y acreditable» del sector audiovisual en Canarias no sólo que se convocara el concurso, «sino de manera urgente». «Por tanto, la convocatoria del concurso es por un imperativo legal y por demanda del sector radiofónico», ha recalcado Marrero.

«TIPIFICADO» QUÉ HACER CON LAS ILEGALES

Sobre la situación de las empresas que se han quedado sin frecuencias, el portavoz del Gobierno ha señalado que ahora está tutelado por la Ley general Audiovisual. «Para las empresas que están emitiendo desde hace 20 años la situación es la misma que hoy, que están emitiendo sin título habilitante y sin permiso del Estado para la ocupación del domino público radioeléctrico».

«La nueva Ley tipifica qué hacer cuando se ocupa un dominio público sin autorización y el hecho de que se tenga que sacar a concurso este tipo de comunicación audiovisual es porque el espectro es limitado. El hecho de que tenga que salir a concurso para obtener una autorización es porque es limitado, al igual que la TDT», ha aclarado obviamente Martín Marrero.

En cuanto al cumplimiento de los contratos, el Ejecutivo de Canarias parece que va a vigilar su cumplimiento. «Se firmará un documento administrativo con el dial y las característica y que se va a incluir la oferta, es decir, que las ofertas tienen unas condiciones generales y se incluye en el documento de autorización la oferta literal y están obligados a cumplirlas», ha asegurado Marrero

Por último, ha informado en que en seis autos judiciales diferentes que deniegan el freno del concurso, argumentando además que este es un asunto «de interés general tras más de dos décadas sin concurso». Existen otros 24 autos a favor del Gobierno a consecuencia de que el gabinete presentó fuera de plazo las licencias.

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Canarias

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