Jun 2, 2011
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Las infracciones graves a los empresarios que trabajen con economía sumergida puede llegar a alcanzar los 3.000 euros

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El subdelegado del Gobierno en la provincia de Las Palmas, Vicente Oliva, ha advertido este jueves de que las infracciones graves a los empresarios que trabajen con economía sumergida puede llegar a alcanzar los 3.000 euros.

Por ello, Oliva se ha reunido con representantes de la Confederación Canaria de Empresarios para explicar el Real Decreto Ley de economía sumergida, aprobado recientemente, y que permite a los empresarios regularizar la situación de trabajadores hasta el 31 de julio.

Añadió, en declaraciones a los medios, que de esta forma se da la posibilidad hacer «simplemente cualquier modalidad de contrato, al menos de 6 meses, porque a partir del 1 de agosto las medidas se van a endurecer, los controles van a ser mucho más duros y el propio Real Decreto Ley –ya convalidado– va a incrementar tanto en cuantía como en refuerzos de la propia Inspección de Trabajo y la Seguridad Social».

En este sentido, indicó que las sanciones también «aumentan ostensiblemente», ya que una grave «pasa de 600 euros, que está ahora la mínima, a unos 3.000 euros».

En relación a qué es la economía sumergida dentro de una empresa, explicó que se trata de trabajadores que no están dados de alta en la Seguridad Social o también son casos donde se produce alguna irregularidad administrativa. España, dijo, es el tercer país de su entorno europeo en economía sumergida.

Al respecto, apuntó que este tipo de economía produce distorsión en el mercado de trabajo y perjudica a los propios trabajadores en su protección social, «es una deslealtad entre empresarios y distorsiona de forma importante la economía en toda España».

En cuanto al porcentaje de economía sumergida en Canarias, indicó que hay estimaciones que hablan de un 19 por ciento y otros del 20 por ciento.

Por su parte, el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Sebastián Grisaleña, recordó que ellos ya lo han denunciado en reiteradas veces por la «competencia desleal» que supone hacia las empresas regladas.

Grisaleña calificó la situación de «insostenible» en lo que a la economía sumergida se refiere. Asimismo, matizó que el porcentaje es muy difícil establecerlo, de ahí que consideró la necesidad de que se «trabaje entre todos».

«No podemos parchear porque parchear significa perjudicar a muchísimos en beneficio de unos pocos», finalizó.

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Canarias

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