Jun 2, 2011
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El PP plantea una «regeneración» de los magistrados vitalicios en el TC

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La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha esbozado algunos puntos del futuro programa electoral del PP haciendo hincapié en la necesidad de que España realice una profunda «regeneración institucional» para que los ciudadanos no sean sólo «beneficiarios», sino también «protagonistas de las instituciones» y puedan así recuperar la confianza en ellas y favorecer la salida de la crisis.

«Es urgente que los ciudadanos recuperen la confianza en quienes les representan y no tengan dudas de que se gobierna en su nombre y a su servicio», ha proclamado la dirigente ‘popular’ durante su intervención en un encuentro organizado por el Colegio de Registradores de la Propiedad, en la que ha aprovechado para hacer un diagnóstico de la situación social actual, repasar muchas de las cosas que, a su juicio, se ha «llevado por delante la crisis económica» y proponer algunas soluciones.

DESAFECCIÓN, CONSECUENCIA DE LA CRISIS

Para Sáenz de Santamaría, la desafección ciudadana ante la política y la «erosión» que han sufrido todas las estructuras institucionales son dos de la consecuencias de la crisis económica a las que España va a tener que hacer frente no sólo a corto plazo, ya que, en su opinión, ésa va a ser tarea para «varias generaciones» y, por tanto, no va a recaer únicamente en un gobierno.

Ligando en todo momento la confianza en las instituciones con la recuperación económica, la portavoz del Grupo Popular admite que los ciudadanos están expresando su «malestar» hacia los políticos pero ha puesto el triunfo del PP en las elecciones locales y autonómicas como la «mejor prueba de que la gente quiere volver a confiar» y por eso demanda «un cambio» y ha destacado que la participación en los comicios no ha bajado respecto a convocatorias anteriores.

REORDENAR PRIORIDADES

Tras repasar algunos de las medidas anunciadas este miércoles por el líder del PP, Mariano Rajoy, poniendo de relieve la necesidad de medidas de austeridad y lograr la máxima colaboración territorial para «desde la lealtad» trabajar por la recuperación y la creación de empleo, Sáenz de Santamaría ha apostado también por «reordenar las prioridades políticas y económicas para sintonizarlas con los ciudadanos».

En un contexto de jóvenes acampados en las grandes ciudades ‘indignados’ con el sistema y exigiendo ‘democracia real’, la dirigente del PP incidió en la importancia de avanzar hacia «una nueva fortaleza institucional» que permita «recuperar el protagonismo y la centralidad de la sociedad civil como mecanismo clave recuperar la confianza».

Con este objetivo, una de las fórmulas que propone el PP es reforzar el sometimiento de los políticos y las administraciones al principio de transparencia. Según ha anunciado Sáenz de Santamaría, su grupo planteará antes de que acabe la legislatura para su debate en el Congreso una proposición de Ley de Transparencia para que los ciudadanos sean «jueces de las instituciones» y puedan controlar, entre otras cosas, en qué se gasta el dinero público.

Garantizar la efectividad de la separación de poderes y la independencia de los órganos de Justicia o de los organismos reguladores y la supeditación al «interés general» son otros de los puntos clave, según el PP, para que los ciudadanos vuelvan a confiar en las instituciones.

REVISAR LAS FUNCIONES DEL TC

Ese «nuevo paradigma institucional» debería trasladarse también al máximo intérprete de la Constitución. En concreto, el PP aboga por repensar las funciones del Tribunal Constitucional teniendo en cuenta que no es «una segunda instancia», en palabras de Sáenz de Santamaría, quien ha apuntado la posibilidad de que el Supremo pueda hacerse cargo de los recursos de amparo. Esa redefinición de funciones podría hacerse reformando únicamente la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Pero el primer partido de la oposición también quiere buscar nuevos mecanismos para elegir a los magistrados del TC y alargar sus mandatos para hacerlos incluso vitalicios, algo para lo que sería necesaria una reforma de la Carta Magna. Los ‘populares’, que ya llevaban este tema en su programa electoral de 2008, volverán a incluirlo en el de las próximas elecciones generales.

Con estas modificaciones, el PP persigue que los miembros del Constitucional –ahora formado por 12 magistrados elegidos con un mandato de nueve años, aunque pueden ser renovados– no sea «un reflejo tan inmediato de las mayorías parlamentarias concretas de cada momento».

Su portavoz también ha mencionado la opción de elevar los años de ejercicio que se exigen para el cargo, desde la convicción de que el Alto Tribunal debería estar formado por juristas de prestigio que acabaran su carrera cómo intérpretes de la Carga Magna.

Sáenz de Santamaría ha confesado que le molesta especialmente que se adscriba a los jueces a un sector en función de qué partido les propuso para el cargo. «Los magistrados pueden tener sus ideas políticas, pero esas se quedan en sus despachos cuando se ponen la toga», ha remarcado.

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Nacional

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