May 23, 2011
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Sector de la Dependencia pide al PP que «aproveche» su mayoría para unificar y acelerar la aplicación de la ley

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La asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales y la Federación de Empresas de la Dependencia (FED) han pedido al Partido Popular que «aproveche» la mayoría obtenida en las comunidades autónomas tras las elecciones para unificar y acelerar en todo el territorio nacional la aplicación de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.

Así lo ha explicado el presidente de la FED, José Alberto Echevarría, para quien la mayoría que el Partido Popular tendrá en el Consejo Territorial de Dependencia debería servir para que alcanzaran un acuerdo «necesario». En su opinión, este organismo «no funciona» ya que sus miembros «no están de acuerdo en lo que tenía de bueno la ley», es decir, que unificaba normativa y derechos.

«La Ley ponía coherencia frente a las 17 normativas autonómicas, pero eso no sólo no se ha mejorado sino que ha empeorado. También reconocía los mismos derechos y las mismas obligaciones en todo el territorio, lo cual era de lógica, y sin embargo el Consejo Interterritorial no lo ha desarrollado de la misma manera», ha señalado.

Además, ha señalado que esta mayoritaria presencia del PP en debería permitir que «se pongan las pilas» en todos sus gobiernos autonómicos, adoptando «criterio común y normalizador» que evite la coexistencia de comunidades líderes en la aplicación de la norma del mismo color político de aquellas que están a la cola.

Sobre este asunto se ha pronunciado el presidente de la asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, quien ha concretado que más que por colores políticos, las autonomías se han diferenciado en la aplicación de la norma por sus gestores, ya que regiones como Castilla y León o La Rioja han presentado «un desarrollo positivo y eficaz» mientras «Valencia Canarias, Madrid y Baleares han sido mucho menos diligentes e ineficaces».

«El reto se plantea en superar estos desequilibrios territoriales y tender a la equidad, garantizando los derechos de ciudadanía, mejorando los plazos y las listas de espera, y garantizando financiación suficiente para que se generen los retornos económicos y sobre el empleo previstos», ha señalado Ramírez.

 

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