Abr 21, 2011
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Trillo exige abrir una investigación por las contradicciones en el caso Troitiño

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El coordinador de Libertades Públicas y Justicia del PP, Federico Trillo, ha pedido este jueves al Consejo General del Poder Judicial que inicie una “investigación” y “depure responsabilidades en lo referente a las reuniones de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN)”, tras el escándalo de la puesta en libertad del etarra Antón Troitiño y la revocación de la misma decisión unos días después.

Según ha informado en nota de prensa el PP, el dirigente ‘popular’ ha apuntado que la resolución de la semana pasada fue “errónea” y contraria al precepto legal “que en el Código Penal prevé estos casos”, mientras que la resolución tomada esta semana “ha sido exactamente la contraria”.

Por eso, ha pedido el inicio de una investigación que dilucide las “contradicciones” dadas en el caso, a la vista de “la demora en la resolución adecuada” y teniendo en cuenta que el presidente de la Sala de lo Penal de la AN, Javier Gómez Bermúdez, pretendía “plantear para la semana que viene la reunión plenaria donde tenía que verse el asunto”.

En este sentido, ha remarcado que “decisiones como la de Gómez Bermúdez o la de los fiscales que no ordenaron vigilancia tienen carácter gubernativo”, por lo que “el CGPJ está llamado a investigar y en su caso a sancionar”. Se trata de determinaciones “que pueden implicar error judicial o anormal funcionamiento de la Administración de Justicia”, supuestos que en la Constitución se contemplan como de responsabilidad del Poder Judicial, ha recordado.

Dicho esto, Trillo ha respondido a las declaraciones del vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien tras el Consejo de Ministros de este miércoles aseguró que no ha habido una vigilancia preventiva sobre Antón Troitiño porque es ilegal y debería saberlo quien ha estudiado Derecho.

El ex ministro ha desautorizado las aseveraciones de Rubalcaba y ha incidido en que la argumentación del vicepresidente “oculta una verdad”. “Una vez que se recurrió a la Fiscalía, tenía todas las razones para haber procedido al seguimiento e incluso a la detención preventiva del etarra”, sobre todo cuando dicho órgano “había recurrido una excarcelación que, a todas luces, era contraria a la legalidad”, ha dicho.

“EL ABOGADO DEL ESTADO DEPENDE DEL GOBIERNO”

Por otro lado, respecto a la ilegalización de Bildu, la plataforma integrada por EA, Alternatiba e independientes de la izquierda abertzale, Trillo ha subrayado que el Abogado del Estado, de quien depende la impugnación de las listas, “depende del Gobierno, del Consejo de Ministros y del ministro de Justicia, Francisco Caamaño”, y ha tildado de “broma” la reiterada alusión de Rubalcaba a la independencia, tanto del Abogado del Estado como de la Fiscalía General.

“Esto de que la Abogacía del Estado y la Fiscalía General son poco menos tan independientes como los jueces, y que los responsables del PP que piden la impugnación tengan que volver a las aulas universitarias, es una nueva broma de Rubalcaba”, ha asegurado.

De hecho, ha manifestado que en el caso del Fiscal General, Cándido Conde-Pumpido, “no es que sea dependiente” del Ejecutivo, “es que normalmente no hace otra cosa que la que le dice el Gobierno”. “Por tanto, es verdad que quienes tienen que recurrir son el Abogado General del Estado y el Fiscal General, pero dependen del Gobierno y en consecuencia la responsabilidad final y el compromiso con el Partido Popular es del Gobierno; y es el Gobierno a quien instamos para que se produzcan esas impugnaciones y esa ilegalización”, ha concluido.

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