Abr 20, 2011
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CC.OO. pide un plan de empleo sumergido «muy diferente»

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La secretaria confederal de Empleo de CC.OO., Paloma López, ha señalado que el Gobierno tendrá que presentar un borrador del plan de empleo sumergido «muy diferente» al rechazado en la tarde del lunes por los agentes sociales para lograr un acuerdo.

Según indicó en rueda de prensa, el primer boceto del plan contenía «ventajas» para las empresas y «perjuicios» para los trabajadores, al tiempo que rechazó que las medidas disuasorias entraran en vigor a partir del 30 de junio y no «inmediatamente» después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La sindicalista reprochó que, de introducirse un periodo de gracia hasta el próximo 30 de junio, se puede dar una «carta de naturaleza» para la economía sumergida desde su publicación en el BOE, y desechó que las empresas que decidan aflorar empleo puedan contratar a nuevo personal de forma temporal y no indefinida.

Así, López descartó que el acuerdo pudiera ser aprobado mañana en Consejo de Ministros con el concurso de los interlocutores sociales en tanto que el acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales en las actuales circunstancias es «inviable».

López hizo estas declaraciones antes de que desde el Gobierno se confirmara que el Consejo de Ministros no aprobará el plan a la espera de acercar posturas, pero que podría hacerlo el próximo viernes 29 de abril.

Así pues, la secretaria confederal de Empleo de CC.OO emplazó a negociar «premisas distintas» entre esta semana y la próxima, con el fin de que el plan de empleo sumergido pueda aprobarse en el mismo plazo que baraja el Gobierno. «Esperamos un nuevo borrador que recoja las propuestas de los agentes», confió.

REFORMA LABORAL Y TELEFÓNICA

Por su parte, el responsable de la Seguridad Social de CC.OO., Carlos Bravo, también presente en la rueda de prensa, instó al Gobierno a «aprovechar» la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que presentarán los sindicatos al Parlamento para «revertir» las causas que permiten el despido por causas objetivas, que con la reforma laboral se justificó con la previsión de pérdidas en las empresas.

«La reforma laboral facilita que haya expedientes de regulación de empleo (EREs) cuando las empresas tienen beneficios», replicó López a los planes del Gobierno de endurecer las prejubilaciones a raíz del recorte de plantilla anunciado por Telefónica.

En este sentido, Bravo reivindicó el papel negociador de los sindicatos, al recordar que se han pactado «grandes acuerdos» para anticipar la jubilación sin recurrir a que las prestaciones sean sufragadas por la Seguridad Social.

«No se puede gobernar a golpe de titular», atacó Bravo, quien recordó que un 90% de los EREs presentados en 2010 fueron aprobados por el Ministerio de Trabajo o las comunidades competentes. «Al amparo de la ILP el Gobierno tiene una magnífica oportunidad para discutir que las causas de extinción de empleo evite recurrir a recursos públicos», explicó Bravo.

En este punto, la responsable de Empleo de CC.OO lamentó que Telefónica no anunciara un plan de acompañamiento social sujeto al ERE, tal y como establece el pacto social y económico, y desconfió de los planes que prepara la compañía presidida por César Alierta.

«Esperemos que no se quiera sustituir empleo de calidad y estable por 30.000 becas de 400 euros», avisó en alusión a las becas pactadas por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con los grandes empresarios durante la reunión en La Moncloa el pasado 26 de marzo.

MENOS ECONOMIA SUMERGIDA Y ABSENTISMO

Antes de cerrar sus comparecencias, los sindicalistas de CC.OO aprovecharon para lanzar sendas acusaciones al Gobierno y a los empresarios. Al primero, le reprocharon que justifique su plan de empleo B con que la crisis potencia la economía sumergida, cuando, según datos manejados por CC.OO., la economía en negro ha pasado del 22% del PIB en 2005 a «no llegar» ni al 19,5%.

Contra la patronal, Bravo tildó de «falsas» las cifras aportadas por el líder de CEOE, Juan Rosell, de que el absentismo supera el millón de trabajadores al día, y le acusó de computar en este concepto a los empleados con bajas de maternidad, con contratos suspendidos o en periodo de vacaciones.

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