Abr 4, 2011
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Fecao ha solicitado al Gobierno de Canarias que sancione a los empresarios que contraten a parados de forma ilegal

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Fecao ha solicitado al Gobierno de Canarias que sancione a los empresarios que contraten a parados de forma ilegal, ya que subraya que se debe competir con “igualdad y legalidad”.

Asimismo, indican que también se debe denunciar cualquier hecho constitutivo de delito, ya que en “ningún caso se debe dejar aprovechar la situación económica existente y dar empleo en precario permitiendo actividades ilegales, dejando así fomentar la economía sumergida en más de un 23 por ciento” en el sector y según un estudio recientemente realizado por esta patronal en cerca de 300 empresas, según informó Fecao en nota de prensa.

En este sentido, la patronal aseguró que se han detectado “muchos trabajadores, sin contratos e incumpliendo la Ley y, sobre todo, los fines de semanas en las actividades de Ocio, en PUB y Bingos clandestinos” donde, afirman, presuntamente los “supuestos” empresarios que realizan esta competencia “alegal, están haciendo un grave daño al sector, con la practica de esta modalidad, que todo hay que decir, no se denuncia porque ambas actuaciones son alegales y compartidas” .

Al respecto, se puntualizó que no se denuncia porque el trabajador cobra el desempleo o la ayuda, mientras que el empresario se ahorra la seguridad social y las retenciones, lo que debería “ser detectado mediante inspecciones esta practica”.

De esta forma, indican las empresas “están obteniendo un ahorro de cerca de 600 euros mensuales por empleado”.

Aquí, y a modo de ejemplo, la Fecao citó dos casos de un “supuesto empresario de un bingo ilegal en Jinamar, Telde, y un pub ilegal en Playa del Ingles, entre ambos tienen 38 trabajadores, de los cuales de alta solo mantienen tres, defraudando entre ambos algo mas de 20.000 euros mensuales, mientras que los trabajadores en este caso son los más beneficiados, ya que cobran el doble, el desempleo y los 1.200 euros que ronda la media de su salario ilegal, aunque también es cierto en estos casos que el trabajador arriesga más, ya que en caso de una inspección el trabajador viene obligado a devolver el dinero cobrado, según se desprende del estudio, mientras el empresario alegar sólo paga 6.000 euros de sanción por empleado detectado, pero este hecho si no le pillan le es rentable al supuesto empresario, ya que en 10 meses amortiza la sanción”.

Por ello, desde la Fecao se ha pedido un incremento de la sanción para los empresarios que les “gusta trabajar con riesgos e ilegalidad y que hace un grave daño a la economía canaria”.

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Canarias

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