Mar 30, 2011
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Inauguraciones: se acabó la diversión

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La vorágine de inauguraciones, primeras priedras, visitas a obras y firmas de proyectos que estos días nos ha inundado descuadrando hasta la más previsora planificación de cualquier redacción (no se puede atender a todo al mismo tiempo) ha tocado felizmente a su fin a las 0:00 horas de hoy. En efecto, la nueva Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que entró en vigor hace exactamente dos meses y contra la que Coalición Canaria ya ha anunciado que interpondrá un recurso de inconstitucionalidad por impedir el voto en los comicios locales de los residentes en el exterior, establece en su artículo 19 que «desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos».

Sin embargo, este aspecto positivo de la nueva ley queda ensombrecido por la naturaleza censuradora de la misma, pues atenta contra el derecho a la libertad de información de nuestros colegas de la televisión privada al obligarles, durante el periodo electoral, a dedicar espacios a la propaganda política presentándola, poco más o menos, como si de información se tratase, y actuando siempre «de acuerdo a las instrucciones […] que, a tal efecto, dicte la Junta Electoral Central». Resulta fácil advertir que a los redactores de la nefasta ley les traicionó el subconsciente en el momento de incluir el entrecomillado anterior en el preámbulo de la misma. ¿Es que acaso la Junta Electoral Central no puede elaborar, confeccionar o preparar esas instrucciones? ¿Las tiene necesariamente que «dictar»?

Pero volviendo al tema de las inauguraciones en este primer día de tranquilidad en el que no pocos políticos creen escuchar en sus adentros la conocida guaracha de Carlos Puebla: «se acabó la diversión, llegó el comandante (la nueva ley electoral) y mandó a parar», lo cierto es que esta prohibición supone un fuerte varapalo para los partidos en el poder, ya que llenarse las manos de callos de tanto darle a las tijeras para cortar cintas era un medio excelente para compensar el desgaste que produce el gobierno, por un lado, y para eclipsar a los partidos opositores en los medios de comunicación, por otro.

Bien es verdad que los cargos políticos tienen el derecho, y casi el deber, de celebrar la apertura de todas aquellas instalaciones en cuya construcción o rehabilitación hayan tenido algo que ver, incluso con fines electoralistas, pues el mérito de finalizar la obra corresponde a las administraciones que dirigen. Eso sí, hasta hace pocas fechas estas inauguraciones se retrasaban deliberadamente hasta hacerlas coincidir con los días inmediatamente anteriores a una campaña electoral, incluso aunque las instalaciones objeto de dicha apertura llevasen bastante tiempo funcionando.

Sin embargo, si esto ya constituía un insulto en toda regla a la inteligencia de los ciudadanos, la desfachatez actual se hace difícil de calificar sin hacer uso de ciertas palabras gruesas que rehúso escribir. La búsqueda desesperada por hacerse la foto ha llevado a que se inaugure cualquier cosa (por ejemplo, estos días hemos asistido con estupefacción a la puesta de largo de un ascensor en el Puerto de la Cruz o de un semáforo en Santa Cruz de Tenerife) o a que se inaugure la misma instalación una y otra vez (el Hospital General de La Palma sentó hace unos diez años el más firme precedente al ser inaugurado tres veces, la primera de ellas cuando todavía estaba sin encalar).

Por si fuera poco, los ciudadanos estamos obligados a tragarnos las ínfulas de grandeza de más de cuatro mediocres que han adoptado la costumbre regia de rotular con su nombre todo aquello que inauguran, incorporando a la placa de rigor la coletilla «siendo alcalde/presidente fulano de tal». Mediocres que, en definitiva, constituyen la aristocracia de nuestro siglo y que se sustentan, tristemente, en nuestra indiferencia.

Sergio Armas Pérez

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Opinión

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