Mar 29, 2011
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Trinidad Jiménez, ha apostado por “facilitar las cosas” para que el coronel Muamar Gadafi abandone Libia

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La ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Trinidad Jiménez, ha apostado por “facilitar las cosas” para que el coronel Muamar Gadafi abandone Libia una vez que acceda a dejar el poder porque ésta sería la “mejor manera” de comenzar un proceso de “reconciliación nacional” en el país magrebí.

En rueda de prensa en la Embajada de España en Londres, ha precisado que una salida del país de Gadafi no es “incompatible” con que el Tribunal Penal Internacional (TPI) presente en un futuro una acusación contra él por crímenes de lesa humanidad.

El ministro italiano de Exteriores, Franco Frattini, ha ofrecido la mediación de Italia en la gestión del exilio de Gadafi en algún país africano, aunque no ha planteado esta propuesta en el seno propio de la conferencia, sino en declaraciones a la prensa.

Un total de 22 de los 54 Estados de África no son firmantes del Estatuto de Roma por el que se instituyó el TPI, por lo que no tendrían que entregar a Gadafi en caso de que la Corte decidiera juzgarle. Concretamente, se trata de Argelia, Angola, Camerún, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Etiopía, Guinea-Bissau, Mauritania, Marruecos, Mozambique, Congo, Ruanda, Sao Tome, Somalia, Sudán, Suazilandia, Togo, Túnez y Zimbabue.

Según Jiménez, la posibilidad de que Gadafi se exilie no se ha puesto sobre la mesa “de una forma abierta y clara” en la conferencia de Londres, si bien “todos los miembros de la comunidad internacional” llevan “semanas diciendo que debe abandonar el país”, de lo que “se deduce que hay que buscar una salida para que Gadafi pueda” dejar Libia.

Esta sería “la mejor manera”, ha explicado, de “acabar” con el actual “enfrentamiento interno” y “empezar un proceso de reconciliación nacional que contemple a todos los actores políticos y sociales del pueblo libio”.

Esta apuesta por la salida de Gadafi del país “no es incompatible”, ha dicho la ministra, con la resolución de Naciones Unidas que encargó al TPI preparar “eventualmente algún tipo de acusación” en caso de que se hubieran cometido crímenes de lesa humanidad, sin citar expresamente a nadie.

“El TPI está realizando su trabajo (…) y eso es independiente de cómo se puede poner fin a la crisis libia hoy. Cuanto antes salga Gadafi del país antes se pone fin a la crisis actual”, ha señalado la ministra, que ha defendido no obstante que no se interfiera en el trabajo que realiza el TPI porque, bajo su punta de vista, “cada uno tiene que responder de sus propios actos”.

Preguntada si el Gobierno español prefiere llevar a Gadafi ante la justicia internacional o que se exilie en un país no firmante del Estatuto de Roma para encontrar una salida a la crisis lo antes posible, ha respondido que “España, como el resto de la comunidad internacional, quiere lo mejor para el pueblo libio, lo que permita encontrar una solución cuanto antes que ponga fin al conflicto, que evite muertes y que permita que cuanto antes se inicie un proceso de reconciliación nacional”.

Esto no quiere decir, ha matizado, que el TPI no pueda seguir trabajando en la preparación de una eventual acusación formal contra Gadafi por crímenes de lesa humanidad, una posición que comparte la comunidad internacional en su conjunto, ha dicho.

Tras las declaraciones de representantes de EEUU y Francia a favor de un eventual suministro de armas a los rebeldes sublevados por parte de la comunidad internacional, Jiménez ha advertido de que las resoluciones de Naciones Unidas sobre la crisis libia han establecido un “embargo de armas” que rige para las dos partes, por lo que sería necesaria una nueva resolución para dar armas a los rebeldes.

CONTACTOS DIARIOS CON LOS REBELDES

Jiménez ha dado a entender que no se ha reunido con los representantes del Consejo Nacional de Transición libio desplazados hoy a Londres, pero ha asegurado que el Gobierno español mantiene contacto “casi diario” con este representante del “órgano opositor más relevante” de Libia, al que España reconoce “de facto”.

La ministra ha explicado que estos contactos han estado relacionados en su mayor parte con la voluntad del Gobierno español de hacer llegar ayuda humanitaria a Benghazi y ha señalado que el Consejo Nacional de Transición es hoy por hoy el interlocutor de España en Libia, ya que el Ejecutivo no mantiene ningún contacto con el régimen de Gadafi.

No obstante, ha aclarado que “por la propia complejidad y naturaleza de la oposición libia, habrá más interlocutores” que este Consejo Nacional Transitorio como “representantes tribales” y “otros actores políticos” que tendrán que formar parte de un futuro “Consejo de unidad nacional”.

Después de que el comandante del Cuartel General Supremo de la OTAN en Europa, el almirante estadounidense James Stavridis, admitiera este martes indicios de la presencia de Al Qaeda entre los rebeldes, Jiménez ha estimado, que en caso de que se constate la presencia de “algún elemento” del grupo terrorista, se tratará seguramente de un caso “aislado” e “irrelevante”.

Ha aprovechado para recordar que también en el inicio de las revoluciones en Túnez y Egipto llegaron “especulaciones” que apuntaban a la existencia de extremistas que se habían unido a las protestas y luego se demostró que los protagonistas del cambio fueron “en su inmensa mayoría ciudadanos que reclamaban más democracia, libertad y más derechos”. “Esa es la impresión que también tenemos en Libia”, ha zanjado.

La ministra ha destacado la “unidad” mostrada por la comunidad internacional hoy en Londres para contribuir a una solución en Libia a través de una mayor “presión militar y política” sobre Gadafi y ha destacado el papel que los países árabes están llamados a desempeñar en el proceso de reformas políticas que se abra una vez se alcance un alto el fuego en Libia.

Ha remarcado también el papel destacado que España quiere desempeñar en el plano humanitario, con el establecimiento de un corredor humanitario de Egipto a Benghazi para hacer llegar medicamentos y alimentos a la población y otro en colaboración con la ONU en el interior del país. Para estos objetivos, ha concretado, España ya ha desembolsado cuatro millones de euros.

 

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