Feb 23, 2011
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Canarias reclama las competencias ejecutiva y de gestión del personal no judicial

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La Consejería de Presidencia Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias ha recordado este miércoles la necesidad de «asumir de manera efectiva las competencias ejecutiva y de gestión en materia de personal no judicial al servicio de la Administración de Justicia» formulada el pasado enero en Cantabria por las Comunidades Autónomas con competencias en esta materia.

De este modo, el Departamento que dirige José Miguel Ruano no se pronuncia sobre una hipotética devolución competencial planteada por el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, quien ha abogado este miércoles por devolver las competencias autonómicas de Justicia al Estado porque, a su entender, su ejercicio es «caro y complicado» y se ha convertido en un «carajal».

Fuentes de la Consejería han detallado a Europa Press que no ha habido ningún movimiento en este sentido tras el acuerdo «unánime» referido al personal y que se ha trasladado al Ministerio.

Granados ha señalado que la Justicia funcionaría «mucho mejor» si las competencias se devolvieran al Estado de manera centralizada o si se encuentra alguna fórmula para que puedan ser ejercidas de una manera «más plena». Eso sí, Granados ha remarcado que esta es su opinión personal, y no la del PP.

En su día, Ruano recordó que las CCAA han solicitado al  Ministerio de Justicia que haga las reformas administrativas precisas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, a cuyo efecto las comunidades con competencias se comprometen a trabajar con el Ministerio propuestas de modificación, así como a negociarlas conjuntamente con las organizaciones sindicales.

Añadió que «entre dichas reformas habrá de contemplarse el carácter vinculante de la propuesta de la Comunidad Autónoma para el nombramiento y cese por parte del Ministerio de Justicia de los Secretarios de Gobierno, Secretarios coordinadores y Secretarios directores de servicios comunes». El consejero trasladó, además, que este cambio contribuirá a garantizar el compromiso de las CCAA con el ciudadano, como destinatario de la prestación de un servicio público esencial, «para lo que también  apostamos por la nueva organización que supone la Nueva Oficina Judicial».

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