Nov 20, 2010
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El Gobierno va a aprobar una Ley de Cuidados Paliativos y Muerte Digna

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En marzo de 2011 el Gobierno va a aprobar una Ley de Cuidados Paliativos y Muerte Digna para garantizar los derechos de los pacientes en situación terminal. Así lo ha anunciado el vicepresidente primero y ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien ha precisado que «no es una ley de eutanasia» y ha explicado que «es tanto como decir morir sin dolor cuando la ciencia médica permite que así sea».

Para la asociación Derecho a Morir Dignamente, esta medida es «electoralista», ya que «no supone ningún avance para los ciudadanos españoles mientras no se despenalice, ya no la eutanasia, pero sí el suicidio asistido». Sin embargo, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) considera «muy importante y positiva» la decisión del Ejecutivo de aprobar en la próxima primavera una ley para conseguir cobertura sanitaria universal en España y otra para garantizar el acceso a los ciudadanos paliativos y la muerte digna.

«Hoy la medicina tiene mecanismos para que la muerte que es inevitable se produzca dignamente, es decir, sin sufrimiento y sin dolor para el paciente y sus familiares», ha explicado Rubalcaba, al tiempo que ha puntualizado que la Ley de Cuidados Paliativos y Muerte Digna es una norma a la que «dan mucha importancia», ya que permitiría a cualquier ciudadano «tener el derecho a morir dignamente».

A su juicio, «todo el mundo puede entender esta ley» porque «casi todo el mundo ha tenido alguna situación de la naturaleza que se va a regular». El vicepresidente primero ha indicado que se trata de una situación que se produce «cuando alguien en el pasillo de un hospital recibe a un médico que le dice que un familiar, su madre, su hermano o su mujer, está muy mal, que se muere irremediablemente, y lo que es peor, nos tememos que lo va a pasar muy mal de aquí a que se muerta, va a sufrir, y el familiar le dice al médico si no podemos evitarlo».

En cualquier caso, ha advertido que «por supuesto» que se garantizarán los derechos del paciente, pero también los de los familiares y los médicos. Rubalcaba insiste en diferenciar estas situaciones de la eutanasia porque ésta «es una decisión de alguien que sencillamente por la razón que quiera decide morirse».

La regulación de esta ley será similar a la de muchos países de Europa. «Sin ir más lejos», ha querido comparar el ministro, «en Francia tienen una excelente regulación que no tiene nada que ver con la eutanasia».

A este respecto, se ha referido el presidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente, César Caballero, quien ha asegurado que el modelo en el que supuestamente se va a basar esta ley, es decir, el modelo francés, «en muchas cosas está más atrasado que el español, por lo que este anuncio es más un canto de sirena, de decir: vamos a hacer una ley ahora que hay elecciones a ver si nos ganamos al electorado».

«NO ES SÓLO CUESTIÓN DE LEYES, TAMBIÉN ES DE PRESUPUESTOS»

Para Caballero, el primer Plan Nacional de Cuidados Paliativos en España ha sido «un fracaso, ya que en diez años sólo ha pasado de cubrir al quince o veinte por ciento de la población al 25 por ciento». A esto ha añadido que «no sólo es cuestión de leyes, también es de presupuestos».

Además, ha subrayado que «el Gobierno se dedica a sacar leyes, pero luego nadie se entera de los de los derechos que ofrecen porque no se desarrollan». Para explicarlo, ha puesto el ejemplo de Andalucía donde, asevera, «sólo conocía el proyecto de cuidados paliativos el diez por ciento de la población, son propuestas vacías».

«El fondo sería avanzar hacia la despenalización del suicidio asistido, pero el Gobierno no quiere hacerlo, sigue con la coartada de que hasta que todos los ciudadanos no tengan asegurados los cuidados paliativos no se despenalizará esta actividad». Sin embargo, Caballero ha apuntado que «los países que más han avanzado en este campo son los que ha hecho esto antes, como Holanda o Bélgica».

«COLAR LA EUTANASIA POR LA PUERTA DE ATRÁS»

Las asociaciones de Derecho a Vivir y el Foro de la Familia han criticado al Ejecutivo al entender que esta nueva ley supone «intentar colar la eutanasia por la puerta de atrás». El presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, declara «tolerancia cero» con la futura norma, explicando que no utilizan la palabra eutanasia no porque no se trate de eso, sino porque «evidentemente, huyen de esta palabra».

A su entender, una ley como la promovida por el Gobierno se convierte en «defensora de la muerte en lugar de la vida» y supone un «paso irreversible» en el campo de la medicina, por lo que esta asociación promoverá movilizaciones.

La doctora Gádor Joya, portavoz de la asociación Derecho a Vivir, ha señalado que es «absolutamente innecesaria una ley para morir dignamente en España», puesto que entiende que los miembros del personal sanitario cuidan, hasta los últimos momentos de la vida, a los pacientes.

Pese a que el propio vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba ha subrayado en su comparecencia tras el Consejo de Ministros que «no es una ley de eutanasia», esta asociación ha alertado sobre la posibilidad de que «se intente forzar a los médicos a realizar prácticas contrarias a la atención digna a los pacientes y se les obligue a acelerar su muerte».

Por ello, Joya ha instado al Ejecutivo a «dar soporte real a medidas existentes» como la Ley de Dependencia o los servicios de cuidados paliativos. «La única manera de proporcionar una muerte digna a un paciente es poner en juego todos los elementos necesarios para que viva de manera digna hasta el final», ha mantenido.

EL CRITERIO IDEOLÓGICO COMO TRABA AL ACCESO

«Una ley de muerte digna es absolutamente necesaria en estos momentos, ya que es importante que se garantice esta cobertura por ley y que se asegure de que las comunidades autónomas la cumplan, ya que en muchas comunidades el criterio ideológico de sus dirigentes dificulta el acceso a estos cuidados», ha manifestado el portavoz de FADSP, Marciano Sánchez Bayle.

Así, el organismo que representa la Defensa de la Sanidad Pública celebra la decisión del Ejecutivo de aprobar una ley que garantice la calidad y equidad en el acceso a cuidados paliativos y a la denominada muerte digna porque considera que, en muchas partes de España, se ha sufrido «un retroceso importante en este campo, tras el caso de las sedaciones en el Hospital Severo Ochoa de Leganés», en Madrid.

Sánchez Bayle considera que el vacío de garantías que existe sin esta ley es «un problema cualitativo importante», ya que los 200.000 españoles que no cotizan a la Seguridad Social y ganan más de 517 euros al mes, no reciben asistencia médica gratuita. A su juicio, esta norma viene a solucionar «situaciones complicadas que, a corto plazo, se podrían dar en el actual contexto de crisis».

REGULACIÓN DE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA

El Consejo General de Enfermería de España ha aplaudido la Ley de Cuidados Paliativos y Muerte Digna, a la que consideran un acceso universal a la sanidad gratuita a toda la población y otra para garantizar el acceso equitativo y de calidad a los cuidados paliativos y la muerte digna en todas las autonomías.

En este sentido, el presidente del Consejo, Máximo González Jurado, ha recordado que dio su respaldo también a la ley andaluza de muerte digna, aprobada el pasado mes de marzo, y demanda que la futura norma nacional «regule la objeción de conciencia de los profesionales y preserve también, como un derecho, el principio de libertad de conciencia» para este colectivo.

A su vez, González Jurado ha manifestado que siempre se ha mostrado «partidario de que se respeten los derechos y la autonomía del paciente» también en este área. Ha dicho que, si esta norma significa avance, «será bienvenida».

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