Nov 12, 2010
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Agrupaciones de PSOE en Tenerife disueltas piden ‘cautelares’ ante vulneración de derechos fundamentales de Ferraz

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El abogado coordinador de la demanda presentada por las ejecutivas disueltas del PSC-PSOE en Tenerife y Santa Cruz, Raúl Alonso, ha anunciado que ha solicitado medidas cautelares en contra de la decisión tomada por la Ejecutiva federal del partido sobre la suspensión para que se retrotraiga la situación de las dos direcciones y vuelvan a tener actividad hasta que no se dirima la demanda que se tramitará por «vulneración de derechos fundamentales».

Alonso ha explicado en rueda de prensa que la demanda no va contra el PSOE, sino «en su favor» y que está respaldada por un centenar de militantes. A su juicio la decisión de la suspensión de las agrupaciones vulnera los derechos fundamentales de derecho de tutela judicial efectiva; de defensa y de participación política. «Se tomó la decisión sin alegar absolutamente nada», ha sentenciado el socialista.

«Es algo más profundo, los partidos deben entender que están sometidos al derecho y la ley, que no son ajenos al cumplimiento de las normas», ha defendido para añadir que en la decisión tomada no sólo prescindió del procedimiento la Federal, sino también la Ejecutiva regional y la gestora creada en el PSC-PSOE de Tenerife. «No se trata de garantizar la continuidad de cargos», explicó.

El letrado ha indicado que la solicitud de medidas cautelares se ha presentado en el Decanato de abogados y que ahora será el juez el encargado de establecer los plazos, incluido el de presentación de la demanda. Ha insistido en que la intención es «reponer la legalidad conculcada» y recalcó que «como cualquier ciudadano». La decisión podría llegar en unos 20 días aproximadamente.

En esta línea, ha expuesto Alonso que «no hay democracia, si los partidos no funcionan democráticamente». Ha defendido que los partidos son instrumentos «de, por y para» la democracia. El socialista aprovechó para aclarar que la solicitud de medidas cautelares no entra en el fondo de la cuestión, sino en la posibilidad de que no tomarse los derechos agraviados no podrían reponerse.

«Nadie puede ser condenado sin saber ni por qué, ni cómo, ni cuando», ha espetado para concluir que «el conjunto de vulneraciones es muy amplio». A pesar de ello ha asumido que «tenemos tiempo y razón».

Alonso de igual forma ha matizado que la demanda está prácticamente terminada y ha extendido a la vulneración de los derechos fundamentales, la vulneración de la ley orgánica de partidos. «Ha habido una vulneración radical de los procedimientos establecidos», ha subrayado el socialista quien además expuso como ejemplo que si lo sucediese se hubiera realizado por un dirigente en una administración pública el caso hubiera sido de «prevaricación». Apostilló que la causa iniciada irá por la vía civil.

«Se ha dejado en indefensión absoluta a los militantes», ha proseguido el abogado para recordar que la suspensión es una de las medidas «más graves» que se pueden tomar. En este punto ha indicado que los militantes «han dejado de tener derechos», pero continúan con sus obligaciones como pagar las cuotas «y quieren que se estén callados». Defendió que «defenderse es un derecho».

UN TODO

En su argumentación, el letrado también planteó que «internamente» no se ha permitido presentar ningún tipo de recurso a la decisión y dejó claro que los últimos acontecimientos –la apertura de expedientes disciplinarios a los secretarios insular, Ignacio Viciana; y local, José Manuel Corrales– son fruto de decisiones que no enmiendan la situación, sino que van en igual sintonía. «Esto es un todo. No es un episodio diferenciado», ha mantenido. A su juicio, la intención es «escarmentar» a los militantes poniendo de ejemplo lo que ha sucedido a los cabeza del partido.

En este punto, Alonso avanzó que si en este segundo caso también es necesario se volverá a recurrir a los tribunales. Además se mostró extrañado que se haya previsto «el plazo más limitativo» para que ambos puedan ejercer su defensa. Aprovechó asimismo para aclarar que ni Viciana, ni Corrales «han vivido jamás de un salario de la política».

«Tenemos esperanza», ha asegurado el socialista para exponer que si se logra «no vestirse con la toga», es decir, alcanzar un acuerdo antes de que sean los tribunales quienes decidan y se reponen en sus «legítimos derechos» a los afectados, «se cerraría este triste capítulo.

Sobre las consecuencias que puede tener una aceptación de las medidas cautelares, Alonso ha señalado que las deben meditar quienes han llevado a esta situación. Defendió que a su juicio lo lógico es que todo se retrotraiga a la situación previa, es decir, que sigan con vigencia las dos ejecutivas disueltas. Ahondando en este sentido ha afirmado que la confección de listas por ellas sería «un ajuste legal infinitamente superior al actual», ya que se han eliminado las primarias.

«La asamblea tiene que manifestarse», dijo Alonso para indicar que espera «sensatez y cordura». «No nos hemos ido y luchamos internamente», dijo para finalizar asumiendo que no van a tirar la toalla.

Por último, Alonso quiso dejar claro que la demanda no sólo ha sido por él sino que le acompañan otros juristas y militantes socialistas como Sandra Rodríguez, Santiago Pérez, Gloria Gutiérrez y Eligio Hernández.

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