Nov 11, 2010
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Marrero afirma que el Gobierno canario defiende la libre concurrencia a los concursos públicos

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El portavoz del Gobierno de Canarias, Martín Marrero, ha afirmado este jueves que el Ejecutivo regional defiende la libre concurrencia a los concursos públicos, en relación a la adjudicación provisional del servicio de hemodiálisis de dos hospitales del archipiélago, aprobado por la ex consejera del ramo, la ‘popular’ Mercedes Roldós, el mismo día en que se rompió el pacto entre PP y CC en las islas.

«Como principio general el Gobierno defiende, ha defendido y seguirá defendiendo la transparencia, el rigor y la libre concurrencia de empresas en todos los procedimientos de contratación pública», subrayó Marrero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

De todos modos, puntualizó que tras producirse la adjudicación provisional del servicio de hemodiálisis en dos hospitales, una empresa de las que concurrió presentó alegaciones al proceso, por lo que éstas se están estudiando. «Estamos en la fase en la que se va a verificar el procedimiento seguido hasta la fecha», apuntilló.

La adjudicación provisional del servicio de hemodiálisis del Hospital Doctor Negrín de Las Palmas de Gran Canaria, así como del José Molina Orosa en Lanzarote se realizó por un coste de 31.398.923 euros prorrogables hasta los 124.721.009,52 euros a la empresa Lifeblood S.L.

Marrero señaló que de todas formas la actual empresa adjudicataria tiene contrato hasta el 31 de diciembre, por lo que aseguró que el Ejecutivo regional se «va a tomar el tiempo que sea necesario para verificar que todo el procedimiento se ha hecho con rigor legal, con transparencia y respetando el principio de libre concurrencia».

SITUACIÓN ORDINARIA

El portavoz sí que insistió en que la fase actual de estudio de alegaciones es una «situación ordinaria» cuando se convocan concursos públicos, por lo que matizó que no se trata de un «proceso extraordinario».

Agregó que en la convocatoria del concurso para el servicio de hemodiálisis en los citados centros hospitalarios, en aplicación de la normativa en vigor, «existía la modalidad de adjudicación provisional y adjudicación definitiva, y la posibilidad de que las empresas concurrentes presentaran alegaciones a las adjudicaciones provisionales», fase actual, por lo que reiteró que se está llevando a cabo el «procedimiento administrativo ordinario».

Respecto a si el equipo de gobierno ha observado algún tipo de anomalía en la adjudicación del citado servicio, insistió en que «no se ha detectado ninguna» porque lo que se está realizando es el estudio de las alegaciones de la empresa.

Ante ello, Marrero consideró «extremadamente precipitado» hablar de anomalías actualmente. Asimismo, cuestionado por las alegaciones de la empresa que las ha presentado, el portavoz del Ejecutivo regional señaló que se trata de un trámite interno administrativo que serían conocidas si fueran admitidas y conlleva resolución de la misma.

En cuanto a si el Gobierno canario está realizando una investigación al margen de las alegaciones de la empresa, incidió en que el Ejecutivo autonómico «aplica la legislación vigente» que se centra en verificar las cuestiones planteadas.

Finalmente, preguntado si el alto cargo del PP, que se mantiene todavía en el organigrama del Ejecutivo canario después de que los populares rompieran el pacto de gobierno con CC, el director del Servicio Canario de Salud (SCS), Guillermo Martín, ha dimitido o se prevé su cese por dicha situación, Marrero aseguró que «a día de hoy no» tiene constancia.

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