Nov 11, 2010
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IC advierte de que la sanidad pública tiene «los días contados» tras los últimos recortes del Gobierno canario

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La Federación de Salud de Intersindical Canaria (IC) ha advertido que el recorte previsto por el Gobierno de Canarias en la sanidad pública para 2011, cuantificado en 315 millones de euros, supone «la decapitación de un servicio esencial que, en la actualidad, ya sufre un profundo debilitamiento por la política de desgaste al que ha sido sometido por el Ejecutivo», de manera que la sanidad pública «tiene los días contados tras este nuevo golpetazo del Gobierno».

En una nota de prensa, el sindicato ha tachado de «aberración» que este «monstruoso» recorte vaya acompañado de una desviación de 209 millones de euros a la sanidad privada-concertada por actividades asistenciales que, según IC, «en su mayoría podrían ser realizadas en la sanidad pública de existir voluntad en el Gobierno para ello, poniendo en actividad todos los recursos hospitalarios públicos disponibles durante las 24 horas del día y destinando al fortalecimiento de la sanidad pública las partidas económica que cada año va a parar a la concertada».

Para la organización sindical, «la absurda y extravagante teoría formulada por el Ejecutivo de que con los recortes no se cerrarán hospitales tiene su traducción en que, salvo que los enfermos mueran en las calles, todo vale. Y de ahí que, por ejemplo, el proyecto presupuestario del Gobierno prevea que para un hospital de 3 tercer nivel los gastos en alimentación de los pacientes se reduzcan en 551.000 euros, o en más de 2 millones de euros en el apartado de suministros sanitarios».

La Federación de Salud de IC ha considerado que en las demás comunidades autónomas «no existen unos presupuestos tan claramente decantados por estrangular la actividad de servicios públicos esenciales», y ha advertido que esta medida de «gravísimo impacto social» es tomada por «un Gobierno con una representación parlamentaria minoritaria que le ilegitima, y sobre el que, además, recae la responsabilidad del actual y excepcional deterioro socioeconómico del archipiélago».

En consecuencia, el sindicato ha exigido la suspensión del trámite parlamentario para iniciar la elaboración de un nuevo proyecto de Presupuestos de amplio consenso social en el que participen la totalidad de grupos parlamentarios, y tras ser oídos los agentes sociales. «En caso contrario, la disolución del Parlamento y la convocatoria de nuevas elecciones sería la opción más razonable, antes que unas cuentas letales para el conjunto de la población», concluyó IC.

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