Oct 28, 2010
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La Fiscalía de la Audiencia Nacional se opone a la petición de puesta en libertad de Otegi

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La Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha opuesto a la petición de puesta en libertad formulada por el ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi, procesado por integración en ETA por su participación en el proyecto Bateragune, al considerar que «el devenir de los acontecimientos políticos» que ha alegado para salir de prisión constituye «una circunstancia ajena al devenir procesal».

Otegi está en la cárcel desde el 16 de octubre de 2009 por orden del juez Baltasar Garzón, quien le imputó indiciariamente, junto con el ex secretario general de LAB Rafael Díez Usabiaga y otros seis dirigentes de la izquierda abertzale, por el intento de reconstruir Batasuna a través de un proyecto con el que pretendían crear «un referente político» que pudiera concurrir a las elecciones municipales y forales de 2011.

El escrito, que está firmado por el fiscal coordinador de terrorismo, Vicente González-Mota, recuerda que la permanencia de Otegi en prisión se debe a su «inequívoca voluntad de no someterse a medidas cautelares menos gravosas», ya que quebrantó la prohibición de salir del territorio nacional que se le impuso en la causa de las herriko tabernas viajando a Francia para reunirse con miembros de ETA alegando que «lo hizo por una causa que merecía la pena».

«El procesado, por tanto, impone su propio criterio al del tribunal en el momento de valorar la pertinencia o no de cumplir las medidas cautelares por lo que para el aseguramiento de la efectividad de éstas y que no decida el imputado sustraerse a la acción de la justicia es procedente el mantenimiento de la medida de prisión», dice el fiscal.

La Fiscalía rechaza también que la enfermedad del padre del ex portavoz de Batasuna sea un motivo para obtener la libertad y cita «un supuesto similar en relación a otro procesado en este procedimiento», en referencia a Díez Usabiaga, que salió de la cárcel por orden de Garzón el pasado 26 de abril para cuidar a su madre en contra del criterio del Ministerio Público.

El escrito recuerda que «ya informó en sentido negativo a la libertad formulada al entender que se trae a colación una situación familiar», de cuya realidad el fiscal no duda, pero que no ha provocado «desamparo» en la persona referida ni «incidencia alguna respecto a los criterios jurídicos que deben presidir la decisión sobre la situación personal.

De igual forma, el fiscal se remite al auto de procesamiento dictado por el juez Garzón en el que se acreditada indiciariamente «la participación del procesado en un delito de pertenencia a organización terrorista».

Otegi ha solicitado a la Sección Cuarta su puesta en libertad en la causa de Bateragune pero también se encuentra en prisión a espera de juicio por la que investiga la financiación de Batasuna a ETA a través de las herriko tabernas.

Además, fue condenado por la Audiencia Nacional el pasado mes de febrero a 18 meses de cárcel por enaltecer a ETA en un homenaje al preso José María Sagarduy y se sentará el próximo día 11 de noviembre de nuevo en el banquillo por participar en un mitin en el velódromo de Anoeta donde presuntamente también se hizo apología de la organización terrorista.

«ESTRATEGIA DE VOTOS Y BOMBAS»

El juez Ruz, que sustituyó a Garzón al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5, dictó el auto de conclusión del sumario del caso Bateragune el pasado 14 de septiembre y lo remitió a la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, que será la encargada de llevar a cabo la vista oral.

Además de Otegi y Díez Usabiaga, en esta causa están procesados Arkaitz Rodríguez, Miren Zabaleta, Sonia Jacinto, Amaia Esnal, José Luis Moreno y José Manuel Serra. Todos ellos fueron detenidos el pasado 13 de octubre de 2009 en la sede de LAB en San Sebastián.

En el auto de procesamiento, Garzón destacaba que entre marzo y octubre de 2009 los ocho detenidos trabajaron para «crear un bloque para el desarrollo de una estrategia soberanista» que diera forma a la «estrategia político-militar» de ETA creando un nuevo referente político institucional que sucediera a Batasuna y cuya constitución estaba prevista para la primavera de 2010.

Garzón acusó a los imputados de desarrollar «una estrategia de combinación de votos y bombas» que se ponía en marcha al dictado de la «organización» y que incluía la utilización de «parones en la lucha armada».

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