Oct 19, 2010
0 0

Juristas internacionales acusan al Gobierno de Marruecos de intentar amedrentarlos por ser “testigos molestos”

Written by
Share

Los Observadores Juristas Internacionales han acusado al Gobierno de Marruecos de intentar amedrentarlos por ser testigos molestos, como así, aseguran, se ha manifestado en el juicio contra siete activistas saharauis que debía haberse celebrado el pasado 15 de octubre y finalmente no pudo llevarse a cabo.

Así lo puso de manifiesto el abogado canario José Pérez Ventura, en declaraciones a Europa Press, quien junto a la letrada Inés Miranda asistieron, en calidad de Observadores Internacionales, el 15 de octubre, al juicio que se celebró en Casablanca al llamado ‘Grupo de los 7’ y que integran Brahim Dahane, Ali Salem Tamek, Ahmed Ennasiri, Degja Lechgar, Yahdid Terrouzi, Saleh Lebeihi y Rachi Sghair.

Pérez Ventura explicó que de los siete activistas, sólo tres eran los que estaban privados de libertad y los que tenían que acudir al juicio, después de que los arrestaron el 8 octubre de 2009, tras visitar los campamentos de Tinduf y ver a sus familiares.

Ese día, al ser detenidos se les acusó de cometer delitos contra la integridad y contra la soberanía de Marruecos pero, posteriormente se les fue liberando a cuatro de ellos progresivamente.

Primeramente, en enero de este año se dejó en libertad a la única mujer que formaba parte del grupo y, posteriormente, en mayo y tras una huelga de hambre, se hace lo mismo con otros tres, quedando “privados de libertad tres”.

A los tres activistas encarcelados se les sometió a un proceso penal sujeto a la jurisdicción militar que finalmente le “pasa la papa caliente, se inhibe a favor de la jurisdicción civil” que señaló como fecha de juicio el 15 de octubre.

Llegado el día del juicio, según expuso el abogado canario, los tres activistas no pueden acudir al mismo, ya que el procurador (figura que asemejó a un fiscal en la jurisdicción española), que es el encargado de la custodia y de trasladarlos a los presos, “no adoptó las medidas para garantizar su presencia en el día del juicio, con lo cual se tuvo que suspender”.

De todos modos, apuntó que “lo más grave fue que al iniciarse el juicio, unos 30 abogados marroquíes boicotearon el juicio clarísimamente”.

Agregó que en el momento en el que tribunal levanta la sesión porque no estaban presente los tres activistas saharauis, un sector del público comenzó a lanzar proclamas en favor del derecho de determinación del pueblo saharaui, “proclamas que fueron respondidas por este grupo de abogados marroquíes con insultos, amenazas e intento de agresión”.

Asimismo, Pérez Ventura puntualizó que “a todo esto el tribunal no hizo ninguna llamada al orden, el tribunal lo que hizo fue salir corriendo, retirarse de la sala, y la policía marroquí dentro de la sala, lo que hizo fue abstenerse de intervenir”.

Ante toda esta situación, el letrado canario indicó que tienen la “percepción y convicción de que todo estaba orquestado, que el propio tribunal, los abogados y la policía marroquí estaban coordinados y cada uno actuó con un papel previamente establecido”.

Para Pérez Ventura se “ha dado un paso, que antes no se había dado, como es el de intentar amedrentar” a los observadores juristas internacionales. “Es evidente que estamos siendo testigos molestos de lo que sucede”, apuntilló.

SE CORRE PELIGRO

El juicio ha quedado aplazado para el 5 de noviembre. Ese día, dijo, asistirán como observadores aunque reconoció que su “integridad corre peligro y es responsabilidad exclusiva del Gobierno marroquí velar por la integridad por los Observadores Juristas Internacionales”, que están vigilando el proceso.

En este caso, hizo hincapié, en que el “derecho de defensa se vio vulnerado”.

De todos modos, los observadores juristas elevarán un informe al Consejo general de la Abogacía y solicitarán que de traslado al Ministerio Asuntos Exteriores y Justicia.

Finalmente, Pérez Ventura destacó la vulneración a la libertad de información que también sufren los periodistas en Marruecos.

“A la prensa extranjera se le está imponiendo tener que solicitar una autorización al Ministerio de Comunicación es una auténtica vulneración al derecho a la libertad de expresión y eso califica el régimen alauita como un régimen autoritario”, sentenció.
Imprimir

Article Tags:
Article Categories:
Gran Canaria

Leave a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

 
Share