Oct 19, 2010
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Gloria Gutiérrez acusa al Gobierno de no hacer nada para evitar pago por Montaña Rayada

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La diputada del PSOE-PSOE Gloria Gutiérrez ha acusado al Gobierno de Canarias de no hacer nada «por conchabeo o desidia» para evitar el pago de la indemnización de 33 millones de euros correspondiente a la sentencia sobre Montaña Rayada.

Gutiérrez se ha expresado de este modo en el Pleno del Parlamento de Canarias donde el consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Domingo Berriel, ha negado la argumentación de la socialista. Berriel ha afirmado que «carece de fundamento» y que se hicieron gestiones para evitar el pago.

«No sólo no se ha leído el asunto, sino que interpreta las normas a su antojo», le ha dicho Berriel a la diputada para pedirle que «no diga disparates y que cabía recurso».

La diputada del PSOE Gloria Gutiérrez ha asegurado que su grupo «tiene claro» que el Gobierno de Canarias no cumplió con su obligación por «desidia o conchabeo». «Ha pagado 33 millones de euros en detrimento de servicios públicos esenciales», le ha espetado.

Gutiérrez ha preguntado por la razón por la que no se interpuso recurso contra sentencia de 2002 o 2003. «Se hubiera evitado el pago de los 33 millones de euros por un terreno que sólo costó 55.000 euros», ha señalado para concluir que se trata de un asunto de «enriquecimiento injusto». Ha asegurado que en los 561 folios sobre el expediente no consta recurso, ni un informe de su viabilidad o no. Aquí ha expuesto que ni siquiera se utilizó la prerrogativa para fraccionar pago.

Además, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, ha subrayado que el Ejecutivo autónomo estudió todas las vías posibles para evitar el pago de 33 millones de euros a la empresa promotora del proyecto de Montaña Rayada, localizada en el municipio majorero de Pájara. Pero al tratarse de una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que no contemplaba ninguna alternativa procesal, no le quedó otra alternativa que asumir la obligatoriedad de afrontar la indemnización, que fue abonada el 29 de diciembre de 2009 de forma íntegra «porque el pago aplazado implicaba un coste adicional de intereses», ha aclarado en un comunicado.

Berriel ha recordado que el TSJC dictó un auto en 2003 declarando inejecutable una sentencia de 1994 y reconociendo el derecho de la empresa Montaña Rayada S.A. a ser indemnizada. El mismo tribunal fijó tres años después en un auto la cuantía a pagar por parte de la Comunidad Autónoma, que ascendía a 29.352.289 euros. Esta resolución judicial se apoya en la Ley del Suelo de 1998, que clasifica los suelos urbanizable no programado y programado como urbanizable. El Gobierno de Canarias presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que en 2008 resolvió no admitirlo.

VÍAS AGOTADAS

El consejero ha dicho que al Gobierno, tras agotar todas las vías posibles para eludir esta indemnización, no le quedó otra alternativa que abonar la cuantía estipulada en el auto de 2006 del TSJC, que contempla el pago a Montaña Rayada S.A. de 33 millones de euros, suma que recoge los intereses acumulados desde que el mismo tribunal dictó la sentencia firme en 1994.

Entre las opciones planteadas para la resolución de este caso, Berriel se refirió hoy en el Parlamento al acuerdo amistoso que propuso la empresa reclamante en noviembre de 2000 como alternativa a la indemnización, «pero la CUMAC (actual COTMAC) rechazó tal posibilidad». El consejero aludió a un informe emitido entonces por un técnico muy valorado por el PSC-PSOE que, tras analizar el acuerdo y la sentencia, «concluía que era inejecutable porque consideraba que la clasificación del suelo como ‘urbanizable no programado’ no debía implicar ningún derecho que debiera ser indemnizado». Pero la realidad, matizó el consejero, fue distinta.

«Con un auto firme que reconocía a la empresa su derecho a ser indemnizada con un importe de más de 29 millones de euros, cantidad que se iba incrementando con los intereses, no hay alternativas interesantes para ambas partes, que pudiésemos proponer», explicó el titular del departamento autonómico de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, quien matizó que «no había alternativas procesales, ya se trata de un hecho juzgado sobre el que no concurría ninguno de los supuesto posibles para un recurso de revisión», aseveró el consejero.
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