Oct 11, 2010
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El Cabildo de Gran Canaria cree que la viceconsejera canaria de Bienestar Social «debería ser cesada»

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El consejero de Política Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria, Pedro Quevedo, ha considerado que la respuesta de la viceconsejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Nereida Calero, a la denuncia formulada por la institución acerca del impago del Ejecutivo autonómico a sus propios trabajadores, «merecen su cese inmediato», informó la Corporación insular en un comunicado.

«Las declaraciones de Calero son un disparate y demuestran su desinformación ante el problema que se plantea a 166 trabajadores de la comunidad autónoma de los centros de Taliarte (145), Reina Sofía (15) y de los servicios centrales (6) que ven peligrar el cobro de parte de sus nóminas de diciembre y la paga extra de ese mes por los recortes presupuestarios que ha realizado el Ejecutivo canario en 2010», dijo.

De esta manera, el Cabildo de Gran Canaria reclama a la consejería de Bienestar Social del Gobierno autonómico un total de 2.008.905 euros, de ellos 331.067 corresponden al coste de los salarios de los trabajadores de la comunidad autónoma, y 1.486.871 euros al pago de gastos corrientes.

Sin embargo, Quevedo expuso que la respuesta de la viceconsejera, «que confunde a trabajadores con usuarios y que mezcla de forma interesada las partidas financieras, merece su cese inmediato a no ser que la consejera de Bienestar Social, Inés Rojas esté por apoyar esas disparatadas declaraciones».

Quevedo afirmó que la viceconsejera ha confundido a sus propios trabajadores con los usuarios y las cantidades que se reclaman. «No entiende –añadió– que de lo que estamos hablando es del personal del Gobierno de Canarias que desarrolla su labor en centros gestionados por el Cabildo y que por tanto dependen del Ejecutivo».

Asimismo, advirtió que se verá obligado a acudir a la vía judicial si por parte de la Consejería del Gobierno canario no se corrige de inmediato la grave agresión a los intereses de los trabajadores y de los usuarios de estos centros. «Los trabajadores no se merecen este trato por parte del Gobierno de Canarias», subrayó.

Finalmente, esperó que desde la Consejería se corrija a Calero y se dé una contestación a los numerosos escritos que se han realizado para encontrar una solución a este conflicto «que deteriora aún más las ya tocadas relaciones entre el Cabildo y el Gobierno de Canarias».
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