Oct 6, 2010
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Las comunidades gobernadas por PP exigen la reunión del Consejo Territorial para tratar los recortes en materia social

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El consejero de Política Social, Mujer e Inmigración del Gobierno regional de Murcia, Joaquín Bascuñana, junto con sus homólogos de Comunidad Valenciana, Galicia, Castilla y León, y otras cuyos representantes no pudieron estar presentes, Canarias y La Rioja, se han reunido de urgencia para exigir la celebración del Consejo Territorial para tratar los recortes en materia social recogidos en los Presupuestos Generales del Estado.

Los representantes de las comunidades gobernadas por el Partido Popular denuncian públicamente que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2011 dedicarán, respecto de 2010, 128 millones de euros menos en política social. Esta cantidad, sumada a los disminuciones registradas en la última legislatura del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, «hacen un total de 366 millones de euros minorados en materia social», criticó Bascuñana.

El consejero murciano indicó que, de las partidas destinadas para este año, en comparación con el anterior, se desprende un descenso de 48,2 millones de euros en política social, que afectan al ‘Plan gitano’, a planes de acción social para personas con discapacidad, programas de ayuda a las familias y atención a menores, a inmigrantes, mujeres y jóvenes, entre otros.

Según Bascuñana, «en años anteriores, el Gobierno de la nación defendía estos recortes con la subida en materia de Dependencia. Sin embargo, este año esta minoración también le ha afectado en 80 millones».

Para el consejero de Política Social, esta situación «ha creado la necesidad y la urgencia de reunirnos hoy en Murcia, para decir con voz clara que no podemos estar tranquilos».

LEY DE DEPENDENCIA

Por otro lado, los representantes autonómicos han valorado el informe elaborado desde el IMSERSO, junto con los directores generales, en cuanto a incluir los criterios para determinar las intensidades de dotación de los servicios e importe de las cantidades económicas par las personas reconocidas en situación de dependencia en grado I.

En relación al dossier, Bascuñana observó que «no sólo se está hablando de la inclusión del grado I, nivel 2, sino que se está cerrando una serie de servicios respecto a los grados y niveles anteriores».

En esta materia, el consejero murciano indicó que «las comunidades autónomas, populares y de cualquier otra formación política, piden la revisión de la propuesta de la ley y de su catálogo. Queremos debatir sobre el catálogo de servicios y sobre las prestaciones económicas, y exigimos que se cumpla la financiación del 50 por ciento en los servicios», ha dicho.

«En el mes de junio debatimos en el último Consejo Territorial sobre los criterios para el nivel acordado que iban a fijarse en los tres próximos años, y se acordaron con el fin de que cada comunidad autónoma supiera lo que le iba a corresponder. Ahora nos enteramos que hay una bajada considerable del 17 por ciento en las prestaciones económicas», lamentó.

Bascuñana también se ha referido a la reciprocidad entre Ejecutivo y comunidades autónomas. «Trabajamos codo con codo con el Gobierno, y ahora no ha habido correspondencia al no decirnos cual es la situación. Esto se traduce en que el recorte siempre se traslada a las comunidades, quienes son las que tienen la obligación de prestar los servicios».
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Canarias

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