Sep 30, 2010
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El Fiscal superior advierte sobre el recorte de inversiones por la crisis pese al «retraso secular» en islas

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El fiscal superior de Canarias, Vicente Garrido, expresó este jueves su «máxima» preocupación por el recorte que pueda producirse en materia de Justicia por la crisis, a pesar del «evidente retraso secular en dotaciones de medios humanos y materiales» en el archipiélago.

En su intervención en el solemne acto de Apertura del Año Judicial en la capital grancanaria, Garrido reivindicó «el respeto que merece la inmensa mayoría de los funcionarios públicos» y rechazó que sean considerados «insolidarios» por manifestar que en la Administración de Justicia se parte de «un evidente retraso secular».

«En los últimos años se ha producido una inflexión en esta tendencia que, a nuestro juicio, corre el riesgo de interrumpirse bruscamente», advirtió el representante del Ministerio Público, que alertó de recortes en el edificio judicial de Las Palmas de Gran Canaria, el desarrollo de la Nueva Oficina Judicial y Fiscal y el Sistema de Información de la Gestión Procesal.

Alegó que «invertir en Justicia permite una mejora de la seguridad jurídica de los ciudadanos y, por lo tanto, puede contribuir de manera decisiva al progreso económico de un país».

INCOADOS 264.092 PROCEDIMIENTOS PENALES

Asimismo, Garrido presentó la Memoria Anual, un resumen de la actividad desarrollada por los 115 fiscales en las islas en 2009, que recoge que los órganos judiciales incoaron un total de 264.092 procedimientos penales (diligencias previas, diligencias urgentes y juicios inmediatos de faltas).

Esta cifra supone la incoación de 8.214 procedimientos más que el año precedente, reflejo de un discreto incremento porcentual de 3,11 por ciento respecto del año 2008, dato inferior al índice porcentual de crecimiento anual constatado del pasado año, que se situaba en un 5,19 por ciento.

En la provincia de Las Palmas se incoaron un total de 147.649 procedimientos penales, lo que supone un mínimo incremento porcentual del 0,26 por ciento en relación con el año anterior. En Santa Cruz de Tenerife los juzgados incoaron 116.443 procedimientos penales. Tal cifra representa un crecimiento interanual del 6,72 por ciento.

CRIMINALIDAD

En cuanto al análisis de la criminalidad y en concreto, respecto a los procedimientos por delitos contra la vida y la integridad física, en el año 2009 se generaron 70.504 diligencias previas, si bien en relación con los comportamientos más graves, inicialmente calificados como delitos de homicidio o asesinato, se constata un ligero descenso, concretamente la incoación alcanzó la cifra de 71 procedimientos, frente a los 88 del año anterior.

Por su parte los delitos de lesiones implicaron la incoación de 70.388 diligencias previas, un 33 por ciento del total de las incoaciones producidas.

Como en años anteriores, las infracciones penales contra el patrimonio y el orden socioeconómico motivaron el número más elevado de incoaciones, concretamente 45,74 por ciento de las registradas en el año.

En todo caso, el número total de diligencias previas incoadas por todos los Juzgados de Canarias referidos a estos delitos, alcanzó la cifra de 97.022 diligencias, observándose un ligero incremento porcentual del 3,76 por ciento en relación con el año anterior.

A excepción de los delitos de robo con violencia o intimidación, que presentan un ligero aumento se constata un cierto estancamiento en el número de nuevos procedimientos por delitos de hurto y robo con fuerza en sus distintas modalidades, dato que merece, sin duda, una positiva valoración.

En líneas generales y en relación con los otros comportamientos delictivos de especial significación, se constata un estancamiento en el volumen de incoación de diligencias previas relativas a delitos contra la libertad sexual y contra el orden público, contra la libertad individual y los relativos a las relaciones familiares, especialmente en los delitos de abandono de familia en su modalidad de impago de pensiones.

Por su parte los delitos de lesiones generaron la incoación de 70.388 diligencias previas, lo que representa un 33 por ciento del total de las incoaciones producidas.

Las infracciones penales contra el patrimonio y el orden socioeconómico motivaron el número más elevado de incoaciones, concretamente 45,74 por ciento de las registradas en el año. En todo caso, el número total de diligencias previas incoadas por todos los Juzgados de Canarias referidos a estos delitos, alcanzó la cifra de 97.022 diligencias, observándose un ligero incremento porcentual del 3,76 por ciento en relación con el año anterior.

A excepción de los delitos de robo con violencia o intimidación, que presentan un ligero aumento se constata un cierto estancamiento en el número de nuevos procedimientos por delitos de hurto y robo con fuerza en sus distintas modalidades, dato que merece, sin duda, una positiva valoración.

En líneas generales y en relación con los otros comportamientos delictivos de especial significación, se constata un estancamiento en el volumen de incoación de diligencias previas relativas a delitos contra la libertad sexual y contra el orden público, contra la libertad individual y los relativos a las relaciones familiares, especialmente en los delitos de abandono de familia en su modalidad de impago de pensiones.

En cuanto a la acción penal, los fiscales presentaron en 2009 un total de 20.901 escritos de acusación en cualquier clase de procedimiento. La cifra anterior supone el mantenimiento de los resultados alcanzados en el año 2008, representando el 6,77 por ciento de la totalidad de escritos de acusación presentados por el Ministerio Fiscal en todo el territorio del Estado.

CARENCIA DE RECURSOS EN MENORES Y CAÍDA DE PATERAS

Garrido detalló también la labor de las Secciones Especializadas y subrayó que, en relación con los menores de edad, se mantiene un elevado nivel de tramitación de expedientes de reforma de menores y de la consiguiente adopción de las medidas que más se ajusten al perfil de éstos. Sin embargo, criticó la «carencia de recursos adecuados y suficientes para todos aquellos menores que sufren algún trastorno de conducta».

En cuanto al fenómeno de la inmigración irregular, «el muy significativo descenso en la llegada de cayucos o pateras no ha reducido la labor de las Secciones de Extranjería, ahora decididamente implicadas en la lucha contra las redes de prostitución y falsificación de documentos», añadió.

Apuntó también que las Secciones de Siniestralidad Laboral «empiezan ya a ver los frutos de su trabajo disuasorio, incrementando su actuación en las infracciones de riesgo, con el correlativo efecto preventivo que ello conlleva».

«LÍNEA MUY DELGADA» ENTRE URBANISMO Y CORRUPCIÓN

Igualmente, incidió en la actuación defensora del Ministerio Fiscal respecto de quienes no pueden valerse por sí mismos y que se lleva a cabo en las Secciones de lo Civil y de Protección de Personas con Discapacidad.

Asimismo, manifestó que los delitos económicos, la criminalidad informática, y la creciente intervención del Ministerio Fiscal en materia de cooperación jurídica internacional, ofrecen una vertiente del trabajo de las Fiscalías Provinciales que «hasta hace poco tiempo era desconocida».

El fiscal superior de Canarias destacó que «el ejercicio tenaz, paciente y riguroso de las acciones penales en materia de medio ambiente y urbanismo están confirmando, con material probatorio, lo que era algo más que un secreto a voces: que entre el urbanismo y la corrupción sólo hay, a veces, una línea muy delgada». Por otro lado, hizo hincapié en la lucha contra el tráfico de drogas, la protección de las víctimas por violencia de género o familiar y en materia de seguridad vial.

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